Por formación académica, trayectoria en la función pública y capacidad operativa para tomar iniciativas, Juan Ramón Quintana es uno de los principales cuadros políticos del gobierno boliviano. Acompaña a Evo Morales como ministro de la Presidencia desde el primer día y sonríe cuando explica cuánto tiempo le demanda estar a su lado. Sociólogo, militar retirado, escritor y conferencista, pasó por Buenos Aires en los días previos a la Nochebuena. Dio una charla en la sede de la CTA para presentar un documental y brindó una clase magistral en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). Durante una entrevista de PáginaI12 y un grupo de periodistas bolivianos que representan a su colectividad en la Argentina, respondió preguntas sobre varios temas. El más trascendente: la posibilidad de que se pida la nulidad del referéndum del 21 de febrero pasado y que Evo Morales se presente de nuevo a elecciones en 2019. 

–En la charla previa al estreno del documental El cártel de la mentira, usted sugirió cuatro vías para que el presidente Morales pudiera ser candidato en los próximos comicios bolivianos. ¿Puede decirnos cuáles son?

–El congreso del MAS ha explorado varias opciones, pero las más consistentes con arreglo al orden constitucional son la interpretación de un órgano jurisdiccional que es el propio Tribunal Constitucional, un referéndum que pasa por una iniciativa ciudadana y la interpretación de la constitución política, que podría ser objeto de tratamiento en el marco de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y la vía que también se está explorando es la de una propuesta que podría salir de la propia Asamblea Legislativa. Son caminos que tratan de entrecruzarse con el contenido de la constitución para no violarla. En ese marco, las organizaciones sociales han decidido poner a consideración estas cuatro opciones. 

–Esos espacios colectivos que acompañan al gobierno ya anunciaron que pedirán al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la nulidad del referéndum por “haber sido ganado con una mentira”, la del presunto hijo del presidente Morales en el marco del caso Zapata.

–Se va a discutir eso políticamente y será objeto de críticas. Ya se ha anunciado que la oposición presentaría recursos de inconstitucionalidad ante organismos internacionales como la CIDH, la OEA u otros. Están en su legítimo derecho. Lo cierto es que cualquier opción que se decida tiene que ser completamente constitucional y debe ajustarse al vigor de la Constitución del Estado Plurinacional y esto supone también una definición política. Habrá un largo debate no sólo sobre el acto en cuestión, sino también sobre la mejor opción, la más legítima y la que de alguna manera sea la que comprometa menos la posibilidad de una salida exitosa.

–¿Hay plazos concretos para que esto se cumpla dentro del calendario electoral boliviano?

–No, no existen plazos. Se supone que estamos partiendo de una base constitutiva de las cuatro opciones. Se va a discutir cuál es la que nos acerca de manera certera a la posibilidad de la reelección. Eso implica legitimidad, el reconocimiento de la mayoría de la población. 

–En la Argentina la colectividad votó en el último referéndum con un ausentismo superior al 75 por ciento del padrón. ¿Cuál es su interpretación de que haya faltado tanta gente pese a que acá ganó Evo? 

–Es parte del juego de las circunstancias. El resultado que se ha obtenido en la comunidad boliviana es directamente proporcional a los que se obtuvieron anteriormente en otros eventos electorales. Hay un apoyo masivo de la población boliviana en la Argentina y por lo tanto eso se ha reflejado. Lo que tenemos que lamentar es el altísimo nivel de abstención, que desafortunadamente se relaciona con un período en el que se desmoviliza a la población, o porque retornó a Bolivia o porque estábamos en un contexto de Carnaval, con fiestas que atraen mucho a la gente y eso ha influido. 

–¿Qué opina de la decisión del vicepresidente Alvaro García Linera, quien ha declinado su postulación por un nuevo período?

–Su decisión de no ser candidato a la vicepresidencia en 2019 obedece más bien (piensa) a una definición política. Va más allá de lo personal. Y tiene que ver con la lectura de García Linera sobre el escenario político y, fundamentalmente, de los movimientos sociales, del tema de la reconstitución de los liderazgos, de la necesidad de formar cuadros, de enriquecer la formación política de las nuevas generaciones dirigentes, que son las que naturalmente deberán sustituir a la generación que tomó el poder en 2006. El vicepresidente tiene una mirada de futuro sobre este déficit de liderazgo, de compromiso, de mística, de la falta de carisma político en las nuevas generaciones.

–Usted vino a presentar en Buenos Aires el documental del argentino Andrés Sal Lari que realizó su ministerio y que hace un nuevo aporte sobre el caso Zapata. ¿La película puede tener derivaciones jurídicas que favorezcan otra reelección de Evo Morales?

–Sí, de hecho se está discutiendo en las organizaciones sociales la posibilidad de cuestionar los resultados del 21 de febrero. Y existen todas las evidencias, como que una parte de ellas está en el documental: fue un golpe político-mediático. Una de las pruebas más fuertes que existen es la relación entre el autor de la denuncia sobre el supuesto hijo de Evo y la embajada norteamericana. Y lo que ha significado la triangulación política de la embajada de Estados Unidos, quien hizo la denuncia y el comportamiento de medios, analistas y de laboratorios de opinión pública que funcionan a través de las redes. Existen evidencias tangibles, irrefutables, de que se trabajó en una conspiración.

–Mencionó el concepto de guerra de cuarta generación contra su gobierno durante la exposición en la CTA. ¿Puede desarrollarlo?

–En primer lugar se trata de una guerra contra la reputación del presidente. Este fue un ataque furibundo contra el proyecto político de la revolución democrática y cultural y por lo tanto un punto de quiebre. Ese punto de quiebre tenía que ver con una guerra contra el liderazgo del presidente y estaba dirigido al corazón del proceso que encabeza. Un líder que no tiene por el momento sustituto, un líder que articula las organizaciones sociales, un líder que nacionaliza los recursos, un líder que convierte al Estado en un Estado digno, soberano.

–¿En qué hechos concretos se apoya para hacer esta denuncia?  

–Si usted ve la trayectoria (la cuestión del Fondo Indígena primero, el 21F y los sucesos posteriores), hay un encadenamiento estratégico de este ataque político. Tiene que ver con esta narrativa de que los indios son más corruptos que los blancos, que no hay que darles oportunidades a los indios porque cuando se las dan resulta que son peores que los blancos. Cuando se dirige este objetivo a atacar a los indios, se ataca al presidente Evo, que es una expresión de esa indiada que se ha rebelado y ha terminado de hacerse partera de su propio nacimiento. 

–¿Qué dicen las encuestas en Bolivia sobre lo que usted bautizó como el cártel de la mentira durante su interpelación en la Asamblea Plurinacional?

–El diario Página 7, uno de los articuladores del golpe, nos da la razón respecto de la influencia que tuvo el caso Zapata en la decisión del voto ciudadano. Y el resultado de la encuesta Mori (la sigla de Market Opinion Research International) pone nuevamente en perspectiva este grado de influencia. Son datos irrefutables. Cuando se le pregunta al ciudadano si él cree que el caso Zapata influyó en el momento en que iba a depositar su voto, el 53 por ciento dice que sí. Pero Evo es uno de los pocos líderes en América latina que están de pie y Bolivia es una trinchera de la soberanía nacional. Además, dueña de sus recursos naturales y donde su presidente es declarado antiimperialista todos los días.

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