La multinacional cerealera Cargill volvió a recurrir a la fórmula de clausurar el ingreso a sus plantas y pegar un cartel en la entrada para informar la paralización de actividades y suspensión del personal hasta fin de mes. Los trabajadores que se desempeñan normalmente en los establecimientos de Villa Gobernador Gálvez (provincia de Santa Fe) y de Bahía Blanca (Buenos Aires) en el primer turno (a partir de las 6 de la mañana) se encontraron ayer con la novedad de la suspensión “sin goce de haberes” desde ayer y hasta el 29 de abril inclusive, debiendo incorporarse a partir del primer turno del día 30.

El antecedente inmediato es el cercano jueves 5 de abril, cuando la empresa utilizó idéntico método para informar la paralización de ambas plantas y la suspensión a sus 500 empleados. Esa vez, el plazo de suspensión fue más corto, extendiéndose hasta el día 10. El argumento expuesto entonces fue la necesidad de resguardar “la seguridad del personal y de las operaciones” frente a “los paros no programados que se suceden en forma frecuente e intermitente”.

Las medidas de fuerza se iniciaron en enero, cuando fueron despedidos 44 empleados que rechazaron las condiciones que pretendía imponerles la empresa para un mal llamado “retiro voluntario”. Posteriormente, la patronal consiguió que 11 empleados aceptaran la propuesta indemnizatoria, mientras que por los 33 restantes se fueron repitiendo los paros en reclamo de su reincorporación.

La intervención del Ministerio de Trabajo dio lugar a una conciliación obligatoria, durante la cual no hubo ningún acuerdo y a su finalización, el 16 de marzo, la patronal ratificó las cesantías y los gremios decidieron reanudar las medidas de fuerza “por tiempo indeterminado”.

El lockout patronal es presentado por la empresa como “una medida preventiva ante condiciones inseguras de trabajo”, aunque en la secuencia del conflicto está claro el intento de disciplinar a los trabajadores mediante la afectación directa de sus tareas y sus ingresos. Cargill sostuvo que su intención no es tercerizar la actividad “ni la eliminación de puestos de trabajo, sino el reemplazo de colaboradores por otros con características y perfiles adecuados”.

Más allá de lo que esto signifique, se verifica es que Cargill abandonó las negociaciones en el ámbito del Ministerio de Trabajo y adoptó el mecanismo del lockout como herramienta de presión y agotamiento del conflicto. A principio de esta misma semana, según fuentes gremiales, la firma estadounidense, líder en la exportación argentina de cereales, pegó el faltazo a una reunión convocada por la cartera laboral para explorar alguna vía de resolución al conflicto. Entre los temas que debían tratarse, además del pedido de reincorporación de los 33 operarios despedidos sin causa, estaba el reclamo del pago de los días caídos por el primer lockout de la empresa, explicó a medios rosarinos Marcos Pozzi, delegado de los trabajadores de la planta de Villa Gobernador Gálvez.  

Ya en los primeros días de enero de este año, los sindicatos aceiteros de Rosario y de San Lorenzo (provincia de Santa Fe) habían advertido sobre la maniobra de Cargill de ofrecer “retiros voluntarios” a trabajadores de sus plantas de Gobernador Galvez, Puerto San Martín y General Alvear. En ese momento, los gremios reclamaban por el bono de fin de año que las patronales aceiteros, en conjunto, habían decidido unilateralmente no abonar.

Ante el nuevo intento de la empresa por responsabilizar a los trabajadores y a las medidas en defensa de los puestos de trabajo por el conflicto, el Sindicato de Aceiteros de Rosario emitió una declaración en la que afirmó que “Cargill pretende adoctrinar y disciplinar a los trabajadores; nos mantenemos unidos frente a este nuevo embate patronal y exigimos la reincorporación de todos los compañeros despedidos arbitrariamente”.

La multinacional estadounidense es la mayor exportadora de granos y subproductos de Argentina. En el país cuenta con tres mil empleados distribuidos en establecimientos industriales, terminales portuarias y centros de acopio.