“No serán tenidos en cuenta perfiles UBA.” La frase corona una búsqueda laboral lanzada por el gobierno porteño, que aspira a seleccionar a tres trabajadores sociales para participar de un programa de urbanización de la Villa 31. La explícita discriminación de los graduados de la Universidad de Buenos Aires por parte de la administración macrista generó amplio rechazo en la comunidad académica. Las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales expresaron su “más enérgico repudio” e “iniciaron las gestiones necesarias para solicitar al Gobierno de la Ciudad las explicaciones pertinentes”. El área del gobierno involucrada es la Secretaría de Integración Social y Urbana –dependiente de la Jefatura de Gabinete–, que este año despidió a más de cincuenta trabajadores sociales que se desempeñaban en el barrio de Retiro (ver aparte).
El aviso fue difundido en las últimas horas por la Bolsa de Trabajo Social, una comunidad virtual de intercambio de ofertas laborales para estudiantes y egresados de la disciplina. “Organismo estatal se encuentra en la búsqueda de graduadxs universitarios con matrícula vigente de la carrera de Trabajo Social. Los profesionales deberán contar con amplia experiencia en procesos de urbanización y trabajo en territorio”, decía el anuncio. Luego precisaba que la zona de trabajo sería el Barrio 31 (Retiro), con una carga de 40 horas semanales, bajo régimen de monotributo. Finalmente, remataba con el detalle excluyente: “No serán tenidos en cuenta perfiles UBA”.
El aviso –que la Bolsa de Trabajo Social ya retiró de su portal web, ante el escándalo desatado– incluía, al pie, un e-mail de contacto que correspondía a Daniela Fagalde, quien figura como integrante de la Subsecretaría de Planeamiento y Gestión Comunitaria, a cargo de Julieta María Williams Becker, politóloga egresada de... la UCA. A su vez, esa subsecretaría depende de la Secretaría de Integración Social y Urbana, a cargo de Diego Fernández, un analista administrativo graduado en... la UADE.
La directora de la Carrera de Trabajo Social en la UBA, Andrea Echevarría, planteó que la búsqueda del gobierno porteño “constituye un claro caso de discriminación, basada en quién sabe qué tipo de estereotipos o prejuicios. Como en todas las situaciones de discriminación, ésta parte de un profundo desconocimiento. En este caso: desconocimiento del perfil profesional de los trabajadores sociales de la UBA, que reciben una sólida formación teórica, histórica, metodológica e instrumental. Desconocimiento de las herramientas para la intervención sobre la realidad social, la planificación y diseño de políticas, para la evaluación y el monitoreo, para el diagnóstico y para la investigación con que nuestros graduados cuentan. Desconocimiento de la labor de decenas de equipos docentes que intervienen en ese proceso (...) Desconocimiento de las experiencias de debate e intercambio que pueblan las aulas y hasta los pasillos de nuestra Facultad de Ciencias Sociales, de la cual Trabajo Social forma parte desde sus orígenes”.
Echevarría advirtió también sobre lo que esa discriminación implica para el proyecto urbanístico desarrollado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en Retiro. “Provoca alarma pensar que, desde estos profundos desconocimientos, se proyecte una intervención con la complejidad como la que tiene la Villa 31. Señalamos en muchas ocasiones la multidimensionalidad y la complejidad propias de la informalidad urbana, y la perspectiva necesariamente interdisciplinaria, rica en aportes y miradas diferentes y complementarias con que debe ser abordada –señaló la directora de la carrera–. Negar miradas, silenciar voces poco puede aportar en esta dirección.”
Además de repudiar los términos de la búsqueda laboral, la conducción de Ciencias Sociales exigió que la Ciudad dé explicaciones formales. La declaración institucional consideró que “en un contexto en el que ciertos sectores atacan a la educación superior pública, gratuita y de calidad, y se intenta socavar la legitimidad y el prestigio de las Ciencias Sociales en nuestro país, resulta fundamental seguir poniendo en valor la excelencia académica, el compromiso social y la contribución al pensamiento crítico de los/as docentes, graduados/as y estudiantes de nuestra facultad”.
Pero el malestar generado por la exclusión dispuesta por el gobierno porteño no se limitó a las autoridades académicas. Sectores del Consejo de Profesionales de Trabajo Social de Capital anunciaron que presentarán una denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi). Desde el claustro estudiantil de Trabajo Social, el consejero Martín Molina (La Mella) dijo: “Todos y todas las que estudiamos en la carrera estamos orgullosos y orgullosas de formarnos como trabajadores sociales críticos, comprometidos con la realidad que transitamos. Si el gobierno de la ciudad nos excluye de sus búsquedas laborales, debe ser porque le molesta ese perfil crítico. Exigimos que la Ciudad rectifique su búsqueda laboral y le extienda unas disculpas a toda la comunidad educativa de la UBA”.
