La situación de Carlos Kirchner, primo de Néstor Kirchner, es de las más asombrosas que se registran en las causas judiciales de Comodoro Py. El primo Carlos era subsecretario de Coordinación de Obra Pública en la Secretaría de Obra Pública y está preso por obras en rutas de Santa Cruz pese a que no tenía ninguna injerencia en lo que tuviera que ver con obras viales. Sólo intervenía en obras de los ejidos urbanos. Por lo tanto no participó en ninguna de las licitaciones cuestionadas, las que ganó Lázaro Báez. Según sostuvieron siempre en su entorno, “lo involucraron por portación de apellido”. Pero, además, a Carlos Kirchner se lo encarceló esencialmente con el argumento de que sacó dinero de su cuenta sueldo y  60.000 dólares de una cuenta del Banco Francés que el propio banco le cerró. Lo consideraron una maniobra para insolventarse. El dinero de cuentas no entra en una inhibición de bienes que básicamente consiste en que no se pueden vender bienes registrables, es decir propiedades inmobiliarias y vehículos. Y en ese terreno, Kirchner primo tiene inhibidas 20 propiedades, casi todas heredadas del padre, de manera que esos movimientos de dinero eran pequeños en proporción a los bienes inhibidos. En estos días, el abogado del primo, Enrique Arce, le pedirá la excarcelación al Tribunal Oral Federal número 2, ya que no hubo juicio, no tiene condena, no hay riesgo de fuga ni puede entorpecer la investigación.

Toda la causa sobre obra pública fue motivo de innumerables tapas de diarios pese a que la base del expediente es una auditoría de Vialidad Nacional, hecha exclusivamente en la provincia de Santa Cruz, y en la que se concluyó que las obras se hicieron, con apenas un 0.10 por ciento de diferencia en la ejecución. Esto último tenía que ver en esencia con un guardrail no colocado. La auditoría también consignó que no se podían establecer sobreprecios. En un desesperado recurso de los fiscales allegados a la Casa Rosada, Germán Pollicita e Ignacio Mahiques, a través de una ampliación de su dictamen, señalaron que en una licitación realizada sobre un tramo de la obra de la ruta 3 quedó acreditado un sobreprecio. La obra la había ganado originalmente Lázaro Báez con un precio, pero al producirse el cambio de gobierno se anuló la licitación que ganó el santacruceño. Cuando se hizo un nuevo llamado, la oferta que ganó fue menor a la adjudicada en su momento. Los abogados de Lázaro y los ex funcionarios de Vialidad demostraron que una parte del tramo ya había sido construida por Báez, por lo cual era lógico que la licitación nueva tuviera valores inferiores a la original. Lo cierto es que, además, en todo el expediente no hay una sola pericia en la que se haya señalado la existencia de sobreprecios.

Más allá de esas polémicas, que se deberán dirimir ante el TOF 2, la situación de Carlos Kirchner es todavía más insólita. El ex funcionario no aparece con ninguna firma en ninguna de las 51 obras que se cuestionan y que son las licitaciones que ganó la constructora de Báez en Santa Cruz. Todas son construcciones de rutas, 49 licitadas y adjudicadas por Vialidad de Santa Cruz y dos en las que Kirchner no tuvo la menor injerencia. El juez Julián Ercolini procesó al primo como organizador de una supuesta asociación ilícita creada en 2003 y que funcionó hasta 2015, pero Carlos Kirchner no pudo organizar nada porque recién asumió como funcionario en 2005, dos años después de la organización de la supuesta asociación ilícita.

Más grave todavía fue la detención del primo Carlos, que se produjo en diciembre de 2017. El ex subsecretario tenía inhibido los bienes, lo que significaba que no podía vender sus propiedades y vehículos. En esa situación quedaron 20 inmuebles y cinco automóviles. Sin embargo, Comodoro Py tomó los siguientes elementos para tener entre rejas a alguien de apellido Kirchner:

  • Que Carlos K sacó 60.000 dólares de su cuenta en el Banco Francés. La defensa demostró que el banco le cerró la cuenta y le obligó a retirarlos. Cuando eso ocurrió no había ninguna medida cautelar contra el primo de Néstor.
  • Los sueldos que cobró entre 2005 y 2015 entraron a una cuenta sueldos que Carlos K utilizó para comprar bonos. Le objetaron que retiró esos bonos.
  • En 2013 falleció el padre y hubo una distribución de la herencia en la que Carlos le cedió un tercio de un terreno a su hermano. También cuestionaron esa cesión pese a que se produjo tres años antes del inicio de la causa judicial.
  • Finalmente, en 2016, Carlos le cedió a sus hijos las acciones de la pinturería familiar de Río Gallegos. Lo hizo en forma gratuita como un adelanto de herencia. Desde ya que la pinturería nunca se consideró un instrumento para cometer delito alguno y las acciones no estaban afectadas por la inhibición de bienes ni existía en ese momento una demanda civil contra el ex funcionario. Por otra parte, si el Estado quiere accionar contra esa cesión lo puede hacer fácilmente y, además, pese a las explicaciones, esos movimientos fueron la excusa para la detención. Se trata además de movimientos pequeños en relación con las propiedades –20 inmuebles y cinco vehículos– inhibidos. Habrá que ver qué resuelve ahora el TOF 2. Ese tribunal dictó condenas en el juicio por la tragedia de Once pero ninguno de los condenados está en prisión, dado que se espera el fallo de Casación. En el caso del primo Carlos no hay ni siquiera condena: hasta ahora está únicamente procesado en el expediente sobre 51 obras en las que su firma no aparece, ni en las licitaciones ni en las adjudicaciones.

[email protected]