El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió ayer citar a declaración indagatoria a medio centenar de empresarios, intermediarios y ex funcionarios kirchneristas acusados de pagar y recibir sobornos respectivamente para adjudicar el soterramiento del tren Sarmiento a un consorcio de firmas integrado por la constructora brasileña Odebrecht y sus socios en la Argentina. Entre los 49 imputados que pasarán por los tribunales de Comodoro Py sobresalen el empresario Angelo Calcaterra (primo del presidente Mauricio Macri), su gerente Javier Sánchez Caballero, el mediador Jorge “Corcho” Rodríguez, el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y el ex secretario de Obras Públicas, José López.
La unión transitoria de empresas (UTE) que se adjudicó la obra para soterrar el Sarmiento entre Caballito y Moreno la integran, además de Odebrecht, las argentinas IECSA S.A. (que preside Calcaterra), Ghella S.P.A. y Comsa S.A. Según mails obtenidos por la Policía de Brasil de la computadora de Mauricio Couri Ribeiro, director de Odebrecht, en junio de 2010 mantuvo reuniones con Sánchez Caballero, de IECSA, para negociar coimas que “excederían los veinte millones de dólares”, apuntó el juez.
Odebrecht y Braskem, otra firma brasileña, firmaron en 2016 un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el que admitieron el pago de coimas en varios países, incluida la Argentina. Del “Acuerdo de Culpabilidad” que autoridades norteamericanas enviaron a la justicia argentina no surgen los nombres de quienes pagaron o recibieron esas comisiones en el país pero sí que “entre 2007 y 2014 Odebrecht ordenó que se realizaran pagos en concepto de sobornos por más de U$S 35 millones a intermediarios, sabiendo que dichos desembolsos tenían como destino final a funcionarios públicos argentinos”, destacó Martínez de Giorgi. Los pagos estaban vinculados al menos con tres proyectos de infraestructura por lo que la firma brasileña obtuvo ganancias por 278 millones de dólares.
Varios de los documentos y testimonios que nutren la investigación los aportó el periodista Hugo Alconada Mon, del diario La Nación. Entre los que vinculan directamente a la empresa del primo del jefe de Estado con hechos de corrupción se encuentra la denominada “Colaboración nro. 10” correspondiente a Luis Antonio Mameri, máximo ejecutivo de Odebrecht para América Latina y uno de los delatores premiados. “Mameri aludió a dos grandes etapas en los sobornos por el soterramiento del Sarmiento. Indicó que en la primera etapa, entre abril de 2008 y agosto de 2013, el interlocutor para los ‘pagamentos indebidos’ fue uno de los máximos representantes de IECSA, Javier Sánchez Caballero”, escribió el juez. “Mameri también clarificó que esos ‘recursos indebidos’ eran destinados a agentes públicos ligados al Ministerio de Planificación cuyo titular era Julio De Vido”, agregó.
Martínez de Giorgi concluye que los pagos se materializaron de dos formas: por pagos a la empresa CAESA en concepto de consultorías presuntamente inexistentes, y mediante transferencias enmarcadas en un esquema internacional de pago de coimas montado por la “División de Operaciones Estructurales” del grupo Odebrecht y materializadas por medio de cuentas radicadas en el exterior a nombre de empresas offshore.
Las indagatorias comenzarán el 6 de junio por el ex ministro De Vido, su ex subsecretario de coordinación Roberto Baratta y su director de asuntos jurídicos Pablo Campi. El juez citó a 23 ex funcionarios públicos como imputados. A partir del 15 de agosto declararán Calcaterra, Sánchez Caballero y otros miembros de IECSA como Santiago Altieri, Pablo Previde, Manuel España, Eduardo Fernández, Diego Alonso Hernández y Alejandra María Kademian. La lista de indagatorias incluye luego a diez hombres de Odebrecht y seis de Comsa S.A (Héctor Ramón Castro, Juan José Rampoldi, Gianvincenzo Coppi, Mario Blanco, Ricardo Dina y Mario Cenciarini) para los que no se fijó fecha. El 23 de agosto está citado Ignacio Sobra Rojo, presidente de CAESA, y el 17 de octubre Jorge Rodríguez, imputado como intermediario entre Odebrecht y los ex funcionarios.
