Después de su visita oficial al país y tras recorrer diversos centros de detención, el relator especial sobre tortura de las Naciones Unidas, Nils Melzer, presentó un informe preliminar en el que denuncia que “la Argentina es responsable de una generalizada, persistente y seria violación de la convención contra la tortura” en cárceles y comisarías.
El relator planteó que las condiciones de detención en esos lugares están vinculadas con la sobrepoblación y las políticas de mano dura que la alimentan. “No existe justificación económica, política, jurídica o de otra índole, respecto de cualquier acción u omisión de los poderes legislativo, ejecutivo o judicial, que deliberadamente exponga a los seres humanos a estas condiciones intolerables”, advirtió.
El Centro de Estudios Legales y Sociales informó que durante su visita a distintas comisarías, alcaidías y pabellones penitenciarios en las provincias de Buenos Aires, Formosa y Córdoba, Melzer “encontró situaciones alarmantes como celdas donde las canillas no funcionaban, situación que obliga a los detenidos a tomar el agua de los inodoros que utilizan para orinar y defecar”.
“No se puede permitir que las personas vivan en estas condiciones. Tiene que haber una sensación de urgencia que esto no es algo para discutir sino algo que se tiene que solucionar. Es un poco como una casa en llamas, tenemos que actuar ahora o va a empeorar. Especialmente cuando vemos que hay proyectos legislativos y enfoques de política que probablemente aumenten aún más la población de las cárceles”, dijo Melzer durante una conferencia de prensa.
El CELS emitió un comunicado en el que destaca las principales observaciones del relator:
n Uso excesivo de la prisión preventiva. Melzer advirtió por el abuso de la prisión preventiva e instó a los legisladores “a que se abstengan de aprobar leyes nuevas que disminuyan la edad mínima de imputabilidad penal o que amplíen de cualquier otro modo el uso de la detención para otras categorías de personas o delitos”.
n Sobrepoblación. Llamó la atención sobre el pronunciado incremento de los niveles de reclusión: afirmó que las estadísticas oficiales muestran que el nivel de ocupación del sistema penitenciario es de aproximadamente un 130 por ciento.
n Organismos de control. Solicitó que se garantice el acceso libre e irrestricto a los lugares de privación de la libertad para todos los órganos de supervisión, sean gubernamentales o de la sociedad civil.
n Violencia policial. El relator mostró preocupación por la actuación violenta de la policía al realizar detenciones y traslados en patrulleros y describió las denuncias de hostigamiento policial sobre adolescentes, jóvenes y mujeres, especialmente en barrios marginalizados.
n Encierro en instituciones psiquiátricas. Advirtió sobre la situación en la sección psiquiátrica del “Melchor Romero”, en La Plata. Consideró que los pacientes internados “se encuentran sometidos a condiciones degradantes que resultan incompatibles con la dignidad humana”.
