El economista e investigador Daniel Azpiazu solía remarcar lo incorrecto de llamar “desregulación” a los procesos de “re-regulación” máscara bajo la cual se ocultaba legislación a favor del capital. Un ejemplo es el caso del gas, que de estar regulado en favor de los ciudadanos, pasó a estar regulado en favor de las corporaciones. De acuerdo a la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), desde la llegada al gobierno de la Alianza Cambiemos, el gas subió 1297 por ciento, lo que contribuyó a que los servicios públicos ubicaran a nuestro país como el tercero de la región de mayor gasto en tarifas en relación al salario.

Además el aumento de este mes tuvo un sesgo claramente regresivo y anti-ecológico, pues las facturas de mayor consumo subieron “solo” un 28 por ciento, mientras que las de menor consumo lo hicieron en un 40, y a la espera de otra alza definida para noviembre. Y el año próximo continuarán los aumentos, pues la re-regularización del costo en favor de las petroleras busca que el gas, que cotizaba 2,8 dólares por millón de BTU (unidad de medición) en 2015 y ya llega a 4,7, alcance el precio internacional de 6,8 dólares, costo que tiene en cuenta el flete y el costo de extracción internacional, es decir el precio que insume al país importarlo. Sin embargo, este costo solo se aplica a cerca del 20 por ciento del gas que se usa en el país, por lo cual desde el año que viene se estará abonando por este servicio un flete mayormente inexistente y un costo de extracción (costo en boca de pozo) que no es el de Argentina, pero que convenientemente las petroleras se niegan a informar, sin reclamo alguno del gobierno.

La justificación de esta re-regulación es que tiene como objetivo reducir el dinero público destinado a los subsidios y promover las inversiones energéticas, basado en la ideología neoliberal que fundamenta que, ante mejores precios, más producción. En el primer caso, la cuenta de subsidios energéticos se redujo alrededor del 40 por ciento en los dos años y medio de gestión macrista. Pero al corroborar los aumentos experimentados por los servicios energéticos, que de acuerdo a la UNDAV totalizan 1297 por ciento en gas y un 1490 por ciento en electricidad, es posible observar que el aumento estuvo muy por delante de la reducción a subsidios. 

Durante el inicial aumento del gas, desde el Estudio Bein afirmaron que sólo la tercera parte de la suba era para reducir subsidios al fisco, pues el restante se utilizó para incrementar la retribución de las petroleras. En este punto aparece la cuestión de la inversión, pues según el gobierno, el mejor precio obtenido redundaría en mayores inversiones, es decir mayores puestos de trabajo y oferta energética. Sin embargo, los resultados concretos fueron que la inversión cayó de 10.000 millones de dólares en 2015 a 7000 millones en los últimos dos años, mientras que se proyecta que para este año llegue a 8200, de acuerdo a datos de Jefatura de Gabinete y del ministerio de Energía. 

De acuerdo al Ministerio de Energía, la producción de gas subió un 5 por ciento en 2016, pero según el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (Oetec), ese incremento se debió a la explotación del yacimiento Vega Pléyade de 2013 y comenzó a funcionar en febrero de 2016, que explicó más del 90 por ciento del crecimiento de la producción nueva en ese año. Pero ya en 2017, la producción disminuyó un 1 por ciento, cayendo por primera vez desde 2014, año desde el cual se experimentaba una suba sostenida pese a que no se efectuaron aumentos tarifarios extremos como los experimentados en los últimos dos años. No es casualidad, en este sentido, que la importación haya subido entre 2015 y 2017 un 4 por ciento, años en los que, también según Oetec, Shell cuadruplicó su participación en las importaciones a nuestro país.

@jblejmar