“A mi hija no la voy a poder recuperar más, pero que se apruebe la ley para otras mujeres. Lo que hicieron con mi hija fue un capricho de los doctores y de su conciencia”, dice Norma Cuevas a PáginaI12. Es la mamá de Ana María Acevedo, la adolescente de 19 años que murió en 2007, luego de que médicos y autoridades del Hospital Iturraspe, de Santa Fe, se negaran arbitraria e ilegalmente a realizarle un aborto terapéutico –no punible–, por sus creencias religiosas. Su caso se convirtió en un emblema del movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans. Y ahora, también Norma, que hoy será una de las expositoras en Diputados, pide que se despenalice y legalice el aborto. Igual que Vicenta, la mamá de LMR, otra adolescente, con discapacidad mental, que había quedado embarazada al ser abusada sexualmente por un tío, y a la que se obligó, en 2006, a peregrinar por tribunales y hospitales para poder acceder a un aborto no punible. Por su caso el Estado argentino fue condenado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Vicenta también apoya el proyecto de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito: “Ojalá que salga la ley para que ninguna otra familia pobre pase por lo mismo que nosotras. Y se permita que una sea libre de elegir”, dice a este diario.

Las dos mujeres no se conocen, pero sus historias se tocan. La criminalización del aborto dejó en sus vidas huellas indelebles. A Norma le quitó una hija. A Vicenta y a LMR, las expuso a humillaciones, discriminación y sufrimiento. Aunque reclamaban abortos no punibles, contemplados en el Código Penal, médicos, jueces y fiscales, pusieron por delante sus creencias personales para darles la espalda. “A mi hija la asesinaron de a poquito. Fue una injusticia. La hicieron sufrir. Fue algo muy horrible”, recuerda Norma, con el dolor en la voz. “A la nena no le cumplieron la ley: la humillaron”, apunta Vicenta.

Norma tiene 48 años y vive en la localidad santafesina de Vera, con su esposo, Adolfo Acevedo, y los tres hijos de Ana María. Cuando la joven murió, los chicos eran muy pequeños. Hoy tienen 12, 14 y 15 años y solo recuerdan a su mamá por fotografías. La familia vive del trabajo en una ladrillera, pero hace 8 meses que no pueden trabajar porque no tienen agua. “Ni para tomar. Se rompió la bomba”, cuenta Norma. Como ayuda del Estado, dice, reciben un subsidio de 3000 pesos. 

Vicenta tiene 63 años y vive con LMR en la localidad bonaerense de Guernica, al sur del conurbano. La batalla que tuvo que dar por los derechos de su hija le cambió la vida. En aquel momento era analfabeta, se ganaba la vida como empleada doméstica y tenía un Plan Jefas y Jefes de Hogar de 150 pesos por trabajar los fines de semana en un polideportivo. El drama de la violación de su hija y el tortuoso camino que debió sortear hasta el aborto no punible la corrieron de lugar, la empoderaron. Defendió los derechos de su hija y los propios. Su vida siempre fue muy sufrida: el padre de sus dos hijas, con quien convivió 18 años y del cual se separó hace más de dos décadas, la maltrataba, la golpeaba y hasta la forzaba a mantener relaciones sexuales contra su voluntad bajo amenaza. Ella estaba resignada a sufrir, pensaba que “ésa” era la vida que le había tocado, que si le pasaban esas cosas sería porque así Dios lo quería, contó alguna vez a este diario. La lucha por el derecho a un aborto no punible de su hija la dejó sin trabajo: el hecho de tener que ir casi todos los días a un juzgado o al hospital le impidió cumplir con las casas en las que limpiaba. El primer año y medio luego de aquellos días fueron muy duros. Los vecinos las ayudaron para poder comer y algo aportó el municipio. Pudieron salir adelante con la reventa de ropa y condimentos que compraba en la feria de La Salada. A fin de 2008, a Vicenta le salió el nombramiento como auxiliar en una escuela pública de la provincia de Buenos Aires, un puesto que venían gestionando hacía tiempo integrantes de la Campaña, que siguieron acompañándola. Todavía trabaja en el mismo cargo. Impulsada por su hija mayor, hermana de LMR, Vicenta terminó en 2012, 9º año. Cuando puede, participa en marchas por el derecho al aborto, convencida de que debe ser un derecho para todas las mujeres. 

Como resultado del reclamo del movimiento de mujeres, a Norma, a Vicenta y a LMR, el Estado les tuvo que pedir disculpas públicas por haberles negado el acceso a un aborto no punible, y recibieron además, una reparación económica por el daño que sufrieron. En el caso de Norma, fue en octubre de 2015 –8 años y medio después de la muerte de Ana María–, cuando el gobierno de la provincia de Santa Fe reconoció su responsabilidad en el hecho: fueron médicos de un hospital provincial los que le negaron la interrupción del embarazo y al mismo tiempo, no quisieron brindarle el tratamiento oncológico que estaba indicado para el cáncer que tenía en la mandíbula, porque privilegiaron la vida del feto antes que la de ella. 

A Vicenta y a su hija, el Estado nacional y el gobierno bonaerense les pidió perdón en diciembre de 2014: fue el primer acto de reparación simbólica por una violación de los derechos sexuales y reproductivos que se hizo en el país. Se llevó adelante en el marco de una resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que en 2011 dictaminó que la obstrucción del aborto permitido por el Código Penal constituyó una violación de los derechos humanos de la joven –que había sido abusada sexualmente por un tío–, y le ordenó al país proporcionarle “medidas de reparación que incluyan una indemnización adecuada” y “tomar medidas para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro”.

LMR pudo acceder finalmente a ese aborto no punible en una clínica privada: en el movimiento de mujeres juntaron el dinero para pagarle esa práctica médica, que tenía el aval de la corte bonaerense. 

–¿Qué impacto tuvo ese aborto en su hija? –le preguntó ahora este diario a Vicenta.

–Volvió a ser la que era siempre, a sonreír. No le trajo ninguna consecuencia negativa. Ojalá que salga la ley (que despenalice y legalice el aborto) para que ninguna otra familia pobre pase por eso. 

El caso de LMR ocurrió seis años antes del Fallo FAL de la Corte Suprema, que confirmó que cualquier mujer que queda embarazada en una violación tiene derecho a un aborto. Aunque esos abortos desde 1921 están contemplados como no punibles en el Código Penal, operadores de la justicia y profesionales de la salud se arrogaban el derecho a vulnerar los derechos de las mujeres en esos casos, invocando sus creencias personales.