El Colectivo de Abogados y Abogadas querellantes en causas de lesa humanidad Mario Bosch emitió un pronunciamiento en el que alertó sobre “resoluciones infundadas” del Poder Judicial “referidas a prisiones domiciliarias, faltas de mérito o absoluciones, en casos en los que existen sobradas pruebas sobre las responsabilidades de los genocidas imputados”. Luego de haberse reunido en una serie de jornadas en Santiago del Estero, se manifestaron también en contra de cualquier expresión o acción que aliente o propicie la llamada “‘teoría de los dos demonios’”, en el marco de un gobierno que “niega la magnitud del genocidio perpetrado contra nuestro pueblo, utiliza la retórica discursiva de los represores, se refiere al terrorismo de Estado como ‘guerra sucia’ y retrotrae las políticas públicas vinculadas a la Memoria, la Verdad y la Justicia, fundamentales para el sostenimiento del proceso de juzgamiento a sus responsables”. 

En diálogo con PáginaI12 el abogado Pablo Llonto evaluó como muy positivo y productivo el sexto encuentro que reunió a abogados y abogadas de Argentina, Chile y Uruguay. “Tenemos un colectivo de hijos e hijas de genocidas que quieren hacer un aporte, y para eso hay que modificar el código procesal penal con un proyecto que elevamos un proyecto, porque hay que eliminar la prohibición de declarar por parte de los familiares, en cuanto a delitos de lesa humanidad”, apuntó Llonto. Y enfatizó que redoblarán los esfuerzos para rechazar los pedidos de domiciliarias por parte de los genocidas y algunos tribunales, en un escenario auspicioso donde se van sumando profesionales de generaciones más jóvenes. 

“Para este Colectivo, los desafíos del presente ya no sólo se centran en la lentitud y fragmentación de los juicios en marcha o en las estrategias a desarrollar para lograr el urgente juzgamiento a los responsables militares y civiles del terrorismo de Estado. Hoy también la preocupación gira en torno a como frenar el avance del accionar reaccionario y negacionista del gobierno de Macri y sus aliados. Sus funcionarios, buscan transformar en impunidad y olvido las conquistas logradas por la lucha del movimiento de derechos humanos y del pueblo”, expresaron en el documento final de las jornadas. “Por eso reafirmamos nuestra voluntad y decisión de perseguir ante los tribunales nacionales e internacionales a todos los responsables del genocidio que sufriera la Argentina en su historia reciente y mantenemos el compromiso en la defensa de todas las víctimas de ese genocidio, sin las cuales no hay ni verdad ni justicia”, agregaron.

Además de denunciar “la persecución y hostigamiento a abogados y abogadas querellantes y a funcionarios judiciales que actúan en causas de crímenes contra la humanidad”, exigieron “la urgente investigación de esos hechos”. 

El pronunciamiento conjunto de los letrados de lesa humanidad exigió que “se declare el estado de emergencia judicial en las causas en la que se investigan crímenes de lesa humanidad y se dispongan todos los mecanismos legales, procesales y administrativos que garanticen que estos juicios cumplan con el principio de continuidad, celeridad, justicia pronta y efectiva”. En tal sentido, propusieron “la reforma del Reglamento para la Justicia Nacional, a fin de que se incorpore un artículo que establezca la obligación de realizar al menos tres audiencias por semana en los juicios de lesa humanidad y acordamos elaborar un proyecto de ley, en el mismo sentido”.

Otros aspectos señalados el Colectivo Bosch:

  • “Nos pronunciamos a favor de reformar el Código Procesal Penal (artículos 178 y 242) que prohíbe la declaración de los familiares directos en los casos de autores de genocidio, delitos de lesa humanidad y/o crímenes de guerra.”
  • “Denunciamos en este encuentro el retroceso de los fallos de los tribunales uruguayos, las amenazas sufridas por los activistas de derechos humanos y los déficits en las investigaciones sobre esos hechos en aquel país.”
  • “Reclamamos el juicio y castigo por la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel y de Facundo Ferreira, y el cese de las políticas represivas y la persecución penal contra trabajadores, dirigentes políticos, sindicales, sociales y militantes populares, implementadas por el gobierno de Macri y sus aliados.”
  • “Exigimos la libertad de todos los presos y presas políticas de nuestro país.”
  • “Impugnamos la postulación de Inés Weimberg de Roca al cargo de procuradora general de la Nación por su adhesión a la teoría de los dos demonios.”