La querella de AMIA y DAIA pidió ayer condenas de cuatro años de prisión para el ex presidente y senador Carlos Menem y para el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, mientras que exigió tres años de cárcel para el ex juez federal Juan José Galeano, el ex número dos de la SIDE Juan Anchezar y los ex comisarios Carlos Castañeda y Jorge Palacios. Esos pedidos de condena, enmarcados en la línea de investigación sobre el encubrimiento del atentado a la AMIA conocida como “pista siria”, fueron los únicos solicitados por la representación de la dirigencia judía en el juicio que transita su etapa final y que también revisa el rol de Galeano, ex fiscales y ex funcionarios de las organizaciones de la comunidad, entre otros, en el pago de sobornos para desviar la pesquisa sobre el atentado.

Tal como informó este diario la semana pasada, la AMIA y la DAIA desistieron de realizar acusaciones y pedidos de condenas para los acusados de integrar la estructura que pensó, diagramó y concretó el pago de 400 mil dólares al reducidor de autos Carlos Telleldín para que involucrara en el ataque a un grupo de policías bonaerenses. 

“Las instituciones que erróneamente se alegan la representatividad de la comunidad judía argentina les expresaron a los jueces del Tribunal Oral Federal 2 que continúan afirmando, tal como lo hacen hace años, que no existió encubrimiento alguno por parte de los acusados y que, si bien se cometieron irregularidades, éstas no forman parte de ningún armado arquitectónico”, analizó tras el alegato Memoria Activa, el colectivo de familiares de víctimas del atentado, cuya querella en el juicio solicitó penas de más de 10 años para los protagonistas de ese entramado. 

Además de Telleldín y su ex mujer, en el circuito del soborno están involucrados Galeano, los ex fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia, Anzorreguy y Anchezar y el ex directivo de la DAIA Rubén Beraja. La dirigencia comunitaria defendió especialmente los ex fiscales y a Beraja durante el cierre de sus alegatos. Sobre Müllen y Barbaccia, el abogado Gabriel Camiser por “orden expresa de la dirigencia” de las entidades dijo que “sigue creyendo en su inocencia”. En relación con Beraja, consideró que las acusaciones en su contra son “una manera de ensuciar a la comunidad judía”. En voz de Camiser, la AMIA y la DAIA pidieron que “el Tribunal falle conforme a las pruebas que han sido presentadas, que no dude en dictar condenas cuando las pruebas así lo exijan pero que tampoco dude en dictar absoluciones para aquellos casos en los que el principio de inocencia no ha sido derribado”, e insistieron en que “en la causa AMIA principal sigue reinando la impunidad”.

Para quienes sí la dirigencia comunitaria pidió penas son los que integran la llamada “pista siria”, que evalúa responsabilidades de Menem, Anzorreguy, Anchézar, Galeano y los dos ex comisarios Castañeda y Palacios, señalados por correr del foco de la Justicia a Alberto Kanoore Edul, vinculado con el ex presidente.  

Para Menem, Camiser solicitó cuatro años de prisión y otros ocho años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos como “instigador” de los delitos de “encubrimiento”, “abuso de autoridad” y “violación de deberes”. Para Anzorreguy, a quien consideró partícipe necesario de encubrimiento, abuso de autoridad y falsedad ideológica, la querella pidió cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación.

Para el ex juez del caso, Galeano, Camiser reclamó tres años de prisión y seis de inhabilitación por “encubrimiento, favorecimiento personal, abuso de autoridad y violación de medios de prueba”. Asimismo, reclamó tres años de cárcel para el ex policía federal Jorge Palacios, como partícipe necesario de “encubrimiento por favorecimiento personal” y “abuso de autoridad”. La pena pedida fue la misma para Castañeda y Anchézar.