Con mayor sigilo y gradualismo que la luz y el gas, el aumento de los costos de servicios de telefonía, Internet y contenidos audiovisuales viene consolidándose en la puja mensual por quedarse con una tajada creciente de los ingresos de los hogares argentinos.

Los tarifazos ocupan un destacado lugar en la agenda política porque el peso de las boletas de luz y gas sobre los ingresos laborales se multiplicó desde la llegada de Cambiemos a la Casa Rosada. Según investigadores del Cifra-CTA “las tarifas se llevan el 14,5 por ciento del total de los salarios” (Tomás Lukin en PáginaI12, 20/4/2018).

Pero un porcentaje similar se sumaría en los sectores de menores ingresos en caso de querer acceder a una “canasta básica de consumos de información y comunicación” estimada actualmente en $2300 por abonos de TV por suscripción, pack fútbol, Internet y dos líneas de telefonía móvil por grupo familiar.

Las grandes empresas de televisión por cable y de telecomunicaciones, se han esforzado en evitar cualquier regulación tarifaria. Entre 2003 hasta 2015, las telefónicas –por persuasión– y Cablevisión –mediante amparos judiciales promovidos por propios o amigos– han neutralizado los intentos de determinar costos en sus cadenas de valor o de fijar precios máximos.

En tiempos recientes, el DNU 267/15 de Mauricio Macri derogó el criterio de abono social para la TV por cable o satelital, y podó las atribuciones que el Estado tenía para regular o auditar cuadros tarifarios de licenciatarios audiovisuales o TIC.

El “mercado” (o sea, las estimaciones de ganancias empresarias, cuyos balances no han sido perdidosos) determina cuánto pagamos mensualmente. Así, un promedio estimado del valor de abono básico de TV por suscripción para 2017 en Argentina ascendió a 33 dólares por mes mientras que la media para Latinoamérica ha sido de 22 dólares mensuales (Business Bureau, 2018).

Por otra parte, el manejo arbitrario de precios, promociones y combos ofertados por Fibertel-Cablevisión (ahora Telecom Argentina), incumple lo estipulado por la Ley Argentina Digital sobre precios y tarifas “justas y razonables” (art. 48). La misma empresa presenta variaciones al agregar 25 Megas de Internet al combo de TV de pago según la localidad de residencia del consumidor.

Para los habitantes de Santa Rosa y Toay (La Pampa) el valor ofertado en febrero de este año por agregar 25 Megas de Internet era de $72 más; para Posadas el valor ascendía a $354 más; para otras ciudades como San Francisco, Jesús María, Villa María, Río Cuarto o Neuquén era de $570 más, mientras que en Capital Federal, Rosario o Córdoba costaba $648 más.

Entre los anuncios oficiales del impacto de la inflación realizados en marzo, el INDEC anunció que “la variación interanual 2017 del componente “comunicación ha sido del 32,6%” mientras la inflación fue del 25,4% durante el  mismo período. 

Impactó fuerte en febrero de 2018 el aumento del 9,1% en “comunicación”, básicamente determinado por el aumento en el servicio de telefonía móvil. Las empresas se curaron en salud, previo a cualquier marco de desregulación en debate.

Tomemos la provincia de Córdoba para relacionar los ingresos promedio con las tarifas del prestador Cablevisión-Fibertel-Telecom (oligopólico por más del 80% en sus principales ciudades, según el Enacom).

  • si una familia cordobesa integrada por un matrimonio y dos hijos en edad escolar que está al filo de la línea de pobreza tomara el “combo Cablevisión HD + Pack Futbol (“FTB”) + Internet 25 Megas” en Córdoba capital y Villa Carlos Paz- (con valor total $1917,41), hubiera gastado el 12,5% de sus ingresos. 
  • si a este “doble play” de TV de pago e Internet, le agregaran dos abonos mínimos o tarjetas de prepago de telefonía móvil (triple play sin telefonía fija), sin dudas se superaría el 15% de los ingresos mensuales de la Canasta Básica Total familiar. 

Para los usuarios de menores recursos, ante estos impactos tarifarios debería restablecerse el “abono social” para la TV por cable y ampliarse el criterio de “tarifa social” a la provisión de servicios de acceso a Internet.

Negar el acceso a contenidos diversos, así como a la conectividad de Internet por vías indirectas de costes inasequibles supone una restricción al ejercicio de los derechos humanos, de acuerdo a la doctrina de las Naciones Unidas y diversas declaraciones de organismos multilaterales que nuestro Estado reconoce pero nuestro gobierno ignora.

* Docente e investigador Observatorio Dercom FSOC-UBA y Undav. @diegodrossi