El directorio nacional del Partido de los Trabajadores de Brasil ratificó la candidatura presidencial de Lula y anunció que el próximo 28 de julio se lanzará oficialmente su postulación. “No se podrá hacer justicia en Brasil en tanto el proceso de Lula no sea revisado y anulado por las ilegalidades, arbitrariedades, manipulaciones y cercenamiento de la defensa de las que ha sido víctima en primera y segunda instancia”, explicó el PT y convocó a dos actos masivos en mayo, uno en el Nordeste y otro en San Pablo, por la libertad de Lula, al tiempo que decidió fortalecer las vigilias frente a la prisión de Curitiba, donde está preso el ex presidente desde el 7 de abril pasado, condenado a 12 años de prisión y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco de la causa Lava Jato.
En forma paralela, la Corte Suprema de Brasil acotó ayer el poder del juez Sergio Moro al quitarle las causas derivadas de la delación de los ejecutivos de Odebrecht contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La sala segunda del Supremo Tribunal Federal (STF) decidió por 3 votos contra 2 enviar a la justicia ordinaria de San Pablo dos causas: la delación de Odebrecht sobre reformas en el Instituto Lula y en una quinta en la localidad de Atibaia. “El caso no tiene relación con Petrobras”, esgrimió el juez supremo José Días Toffoli, quien dio el voto que por primera vez en cuatro años le disputa el poder a Moro por el control de las delaciones de Odebrecht.
Moro estaba autorizado por la cámara de Porto Alegre –la misma que confirmó la condena a Lula– a centralizar el Petrolao y la delación de Odebrecht. Gracias a esa autorización, tenía poderes extraordinarios de jurisdicción. Pero la Corte adhirió de esta manera a una línea que las defensas esgrimían: que la fiscalía de Curitiba, corazón de la Operación Lava Jato, vinculaba todas las causas a desvíos en Petrobras para poder mantener el control de los expedientes.
Otra pieza clave en el gran péndulo institucional brasileño llegó a manos de nada menos que la presidenta de la Corte, Carmen Lúcia Antunes, quien tiene en sus manos el futuro de Lula. Antunes recibió del juez supremo Marco Aurelio Mello un pedido para declarar inconstitucional la jurisprudencia de 2016 que permite a los tribunales detener a condenados con fallos de segunda instancia, como es el caso de Lula. “Ella decidirá el mejor momento para tratar el tema. La pelota está del campo de ella”, dijo el ministro Mello. El magistrado es defensor de eliminar la jurisprudencia elaborada por la Operación Lava Jato y retornar a la Constitución, que indica que nadie puede estar preso sin agotar las instancias procesales.
Antunes ha reiterado que no tiene intenciones de agendar una votación sobre el asunto, que podría tener un resultado de 6 a 5 para eliminar la jurisprudencia, según Mello. El ministro ya anticipó que no llevará a la mesa del Supremo Tribunal la cuestión para evitar entrar en conflicto con Antunes, cuyo voto a inicios de abril permitió el rechazo de un hábeas corpus de Lula y la ejecución de la condena a 12 años y un mes de prisión del ex mandatario. Sin embargo, si la presidenta del STF insiste en no tratar el tema, Mello puede recurrir a la llamada cuestión de orden, que se utiliza cuando un ministro pretende que el plenario analice un tema. Aunque no es común el que un ministro desafíe la voluntad del presidente del STF sobre los temas que deben ser tratados, varias cuestiones de orden ya han sido suscitadas en la historia de la Corte, informó el medio brasileño Carta Capital.
La misma sala segunda que le sacó el caso Odebrecht a Moro deberá, a su vez, tratar a partir de la semana que viene un reclamo para anular la prisión del ex mandatario. El pedido sostiene que el juez Moro ejecutó la orden de detención de Lula antes de que se cumplieran los ritos procesales en la cámara de apelaciones de Porto Alegre, el tribunal que confirmó la sentencia y amplió los años de pena. Eso comenzará a tratarse a partir del 3 de mayo y podrá significar la liberación de Lula, aunque no hay plazos de vencimiento.
