Con la eliminación de los dos capítulos referidos a la vigilancia electrónica, que ponían en peligro la privacidad de cualquier persona investigada, los bloques de Cambiemos y Argentina Federal dieron media sanción en el Senado la actualización del Código Procesal Penal introduciendo el articulado que permite poner en marcha las reformas penales impulsadas en los últimos meses, como los delitos de flagrancia, la figura del arrepentido y responsabilidad penal empresaria. La oposición a las modificaciones fueron del Frente para la Victoria y el interbloque Progresistas, mientras que el peronismo puntano se abstuvo. Los capítulos cuestionados por la posibilidad de "espionaje masivo" serán debatidos nuevamente, adelantaron los senadores que impulsaron las modificaciones.
El bloque de la alianza gobernante y sus aliados pretendían aprobar la semana pasada el proyecto, pero un grupo de ONG, entre las que estaban el CELS, la Asociación por los Derechos, la ACIJ y la APP, advirtieron sobre el peligro contra derechos constitucionales que implicaba el "espionaje masivo y sistemático" habilitado por la incorporación de dos capítulos sobre vigilancia remota e intervención de teléfonos celulares, tablets o cualquier tipo de dispositivo electrónico.
El proyecto fue presentado por los senadores peronistas Rodolfo Urtubey (Salta) y Pedro Guastavino (Entre Ríos) en marzo y el 10 de abril consiguió dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside Guastavino. Ante esa falta de debate, las organizaciones no gubernamentales elevaron la advertencia, retrasaron la aprobación y, finalmente, consiguieron que se quiten los capítulos.
En la sesión, en la previa de la votación, Urtubey enumeró en el recinto los cambios introducidos a la iniciativa y especificó en ese sentido que se eliminan dos capítulos referidos a la vigilancia electrónica. Mientras que Guastavino adelantó que esos capítulos serán debatidos "en un futuro cercano", al mismo tiempo que rechazó las críticas de la oposición respecto a que se trata de una ley que busca "perseguir opositores" y a una supuesta "capacidad estatal para invadir la privacidad".
Las críticas llegaron de parte de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien sostuvo que la alianza gobernante pretende llevar adelante "un plan sistemático para apoderarse del Poder Judicial y tener un Poder Judicial diseñado a la carta" y señaló, como "hechos muy puntuales" la designación de dos jueces en comisión en la Corte en el inicio de mandato de Macri y el traslado de escuchas judiciales de la Procuración General de Justicia a la Corte. De todas formas, la senadora de Unidad Ciudadana se levantó de su banca y no votó en contra del proyecto.
El debate estaba concentrado en incorporar al Código otras figuras penales impulsadas por el Gobierno desde el inicio de su mandato y aprobadas, con varias modificaciones, en los últimos meses como los delitos en flagrancia, la figura del arrepentido y la responsabilidad penal empresaria.
Para alcanzar los 49 votos a favor con los que fue aprobada, el oficialismo dio marcha atrás en su intención de modificar otros capítulos. Entre ellos, el referido a detenciones preventivas, que quedó en su redacción original referida a " peligro real de fuga u obstaculización de investigación". También volvió a establecer la intervención del Ministerio Público Fiscal a partir de fiscalías temáticas y la responsabilidad de "funcionarios y magistrados" del Poder Judicial en la filtración de escuchas.
