Desde Santa Fe
El gobierno aceptó ayer dos de los cuatro reclamos que le planteó el gremio estatal ATE que no firmó el acta paritaria en la Casa Gris: adelantó la aplicación de la cláusula gatillo al primer semestre -si la inflación supera el 9%‑ y otorgó a los trabajadores del sector público un bono de 2.500 pesos por única vez para "garantizar que no pierdan poder adquisitivo ante la escalada de los precios". El tercero era la devolución del descuento de los días paro que ATE considera "ilegal" ‑y es probable que el gobierno acepte‑ y el cuarto, que el plus de 2.500 pesos también se pague a los jubilados y pensionados. La propuesta salarial es parecida a la que acordaron Amsafé y Sadop el viernes pasado.
El secretario general de ATE, Jorge Hoffmann, ponderó la decisión oficial porque atiende "los reclamos que llevaron a miles de trabajadores estatales a la lucha en la calle, imprescindible para torcer la voluntad del gobierno provincial que finalmente reconoce hoy la justicia de las demandas planteadas".
El "objetivo" del gobierno es "mantener el poder adquisitivo de los trabajadores". Por lo tanto, al bono de 2.500 pesos "se le sumará una modificación a la cláusula de resguardo salarial pactada (en la paritaria que sí firmó UPCN) que consiste en disponer una revisión intermedia en el mes de junio sobre la acumulación del IPC diciembre‑mayo. Si el acumulado superara el 9% de aumento inicial, se adelantará a agosto la diferencia resultante", aclaró.
El congreso del viernes en el que participaron 600 delegados de toda la provincia facultó a la conducción que lidera Hoffmann a "lanzar plan de acción" que incluya "medidas de fuerza" si el gobierno no reabría la paritaria o no aceptaba la aplicación automática de la cláusula gatillo para compensar los tarifazos, como ocurrió ayer.
