El Gobierno avanza en su objetivo de vaciar la Cámara Federal y poblarla con jueces que considera funcionales o que le deban el cargo. Frente a las presiones del oficialismo tras firmar un fallo que benefició a Cristóbal López y a Fabián de Sousa, ayer pidió licencia por problemas cardíacos el camarista Jorge Ballestero, denunciado en el Consejo de la Magistratura por su patrimonio. Es posible que ya no vuelva. Antes había pedido un traslado definitivo a un tribunal en lo penal económico su colega Eduardo Farah, con quien Ballestero firmó aquella sentencia sobre la deuda de Oil Combustibles por la que el propio Mauricio Macri hizo públicas sus críticas. El Consejo aprobaría hoy la “mudanza” de Farah. De este modo, de los seis cargos que tiene la Cámara, sólo dos hoy están cubiertos: uno, por el presidente del tribunal, Martín Irurzun, de buena relación con el Poder Ejecutivo; el otro por Leopoldo Bruglia, un juez que viene de un tribunal oral federal designado por medio de un traslado, por impulso de Cambiemos, sin acuerdo del Senado.

Hoy la Cámara Federal está casi desierta. Su presidente también se tomó licencia, aunque en su caso fue para irse de viaje. Hoy hay dos jueces. Pero si mañana Farah consigue el traslado que pidió para amortiguar el ataque del Gobierno y evitar un proceso de juicio político, el viernes o la semana próxima Bruglia estará completamente solo. La foto refleja el efecto logrado por el Gobierno sobre este tribunal clave, instancia de apelación para las decisiones de todos los jueces federales de Comodoro Py en causas de corrupción, narcotráfico, trata y derechos humanos. Es un tribunal que, en muchos casos, en particular en los asuntos donde tuvo intervención Irurzun, hasta ha dado instrucciones a los jueces para orientar los expedientes. Por la falta de jueces, se demoran algunas resonantes causas pendientes. Una de ellas, que está en la Sala II, es la de la muerte de Alberto Nisman, donde el tribunal debe resolver si están bien procesados Diego Lagomarsino y cuatro policías pero, a la vez, evaluar un pedido de querella de la madre del fiscal, que planteó que se debe investigar a Cristina Kirchner. Otro, que está en la Sala I, es el que tiene pendiente la revisión del procesamiento de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, por supuestas irregularidades en la compra del edificio donde funciona la Procuración.

Ballestero tiene problemas cardíacos y ya tiene hecho el trámite para jubilarse. El Gobierno lo venía incluyendo en las listas negras de jueces que tiene en la mira. Cuando Macri era jefe de gobierno porteño, fue uno de los camaristas que firmaron su procesamiento por escuchas ilegales, aunque luego confirmó su sobreseimiento. En la Cámara había sido designado en 2008, durante el gobierno de CFK y tras quince años de ser juez federal.  El oficialismo hoy de turno le atribuye fallos favorables a los intereses de la senadora, entre ellos el que sostenía que la denuncia de Nisman por encubrimiento debía ser archivada por falta de delito. El Presidente trata de mostrar como algo natural sus críticas a los fallos, aunque suelen preceder a intentos de presión y remoción. La resolución que dejó en libertad a Cristóbal López y que cambió la imputación de defraudación por la de apropiación indebida de tributos fue el disparador de la ofensiva. Por un lado, la Corte pidió que el Consejo investigue cómo se había conformado el tribunal para determinar si Farah había sido sorteado o puesto a dedo. Además, Elisa Carrió denunció a Ballestero con un pedido de juicio político por el supuesto incremento de su patrimonio y a Farah por un supuesto vínculo personal con López.

A diferencia de Ballestero, que está ya con un pie afuera, Farah intentó descomprimir su situación con un pedido de traslado a otro tribunal en el fuero penal económico. El Gobierno logra su objetivo: hacerse de dos vacantes más en la Cámara. Una de ellas la logró el año pasado con el juicio político a Eduardo Freiler, de la Sala I. La apertura del proceso fue resultado de una ingeniería judicial con la que se expulsó al ex consejero y senador Ruperto Godoy y se demoró en la Corte la jura de su reemplazante para que en ese momento una mayoría circunstancial lograra dos tercios. En el despacho que ocupaba Freiler el oficialismo nombró mediante un traslado a Bruglia, que integraba el Tribunal Oral Federal 4 y que ha tenido las posiciones más duras en la imposición de prisión preventiva a ex funcionarios del kirchnerismo.

Si Ballestero se va, quedará Bruglia solo en la Sala I. Está en camino la designación de Mariano Llorens, que concursó y espera acuerdo del Senado en mayo. Llorens es secretario en un tribunal oral criminal y cuenta con la bendición del presidente de Boca y operador judicial Daniel Angelici. En la Sala II, en enero se abrió una vacante por la renuncia de Horacio Cattani. Farah está de despedida y sólo queda Irurzun, rey en Comodoro Py, autor de la doctrina de la prisión preventiva basada en supuestos vínculos residuales de los ex funcionarios. Irurzun es el hombre a cargo de la Dirección de Asistencia en Delitos complejos de la Corte, que en sus inicios se ocupaba de las escuchas telefónicas y hoy tiene amplias facultades de investigación en las que participan también órganos del Poder Ejecutivo, como la AFIP. Es una dependencia que puede ejercer control sobre las causas sensibles. Irurzun fue respaldado por Macri, que le prorrogó ese cargo por tres años más.