“Despenalizar el aborto no es una concesión hacia las mujeres. Es un imperativo de derechos humanos que hace muchos años la Argentina viene incumpliendo”, sostuvo ayer Mariela Belski, directora de Amnistía Internacional Argentina, durante su exposición en el sexto plenario de comisiones en Diputados, donde se debaten los proyectos sobre despenalización del aborto. En total, ayer se realizaron 44 exposiciones, 22 a favor y 22 en contra del proyecto.
Entre los expositores, durante la mañana, Silvia Alonso, jueza de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, y que intervino en el Caso FAL, sostuvo que “se ha demostrado que el aborto excede el ámbito del derecho penal. Confiamos que el Parlamento escuche y dé respuestas a las miles de mujeres que aún hoy en una democracia laica reclaman por el acceso al aborto legal, libre, gratuito y seguro”. También dio su opinión el ex juez federal Carlos Rozanski (ver aparte); Raquel Asensio, del Área de Género y la Oficina de Atención de Víctimas de Violencia de Género de la Defensoría General de la Nación, quien sostuvo que “hay una posición de mantener la penalización pese a que ha fracasado. Quieren revestir con la ilegalidad ciertas acciones por considerarlas inmorales. El uso del poder punitivo para imponer una determinada moral se encuentra prohibido por la Constitución Nacional”.
Por su lado, Belski aseguró que “integrarse al mundo, como pretende Argentina, exige un correlato en la forma en que protegemos y garantizamos los derechos humanos de los ciudadanos. Los jóvenes y las adolescentes se han transformado en actores relevantes de este debate, visibilizando sus posiciones”.
Durante la tarde, el jurista Roberto Carlés, consideró que “es evidente que el tipo penal carece de eficacia preventiva, en otros países en lo que se aprobó la despenalización se logró disminuir el aborto inducido”. La ex diputada (FpV) Diana Conti aseguró que “hay una necesidad imperiosa en Argentina de aprobar esta ley. No discutimos la vida desde la concepción y tampoco podemos decir que despenalizar el aborto tenga carácter disruptivo a la vida o a los derechos de tratados internacionales. La decisión no es jurídica sino de justicia que tire abajo la hipocresía porque queremos que el aborto no cause más muertes”.
Por su lado, Víctor Abramovich, ex Relator de la Mujer ante la Cidh y actual fiscal ante la Corte Suprema, consideró que “no existe en el derecho internacional de derechos humanos ninguna norma que diga que el Congreso tenga el deber de penalizar estas conductas”. También Manuel Garrido, presidente de Innocence Project Argentina, sostuvo que “el delito del aborto es una mera afirmación simbólica, sería ineficaz si el Congreso decide favorecer el valor de la vida, porque podría hacerlo con leyes sociales, pero no con normas penales”.
Silvia Julia, de la Campaña por el derecho a decidir, e integrante del fallo LMR, sostuvo que “el aborto no está penalizado en la Constitución de 1921 pero los pedidos en los casos contemplados en la Constitución nacional siguen encontrando obstáculos. Hay una necesidad de revisar la legislación para colocar a las mujeres como ciudadanas de primera clase”.
Entre los discursos en contra, se destacó el del ex diputado Jorge Vanossi quien sostuvo que “creo que el camino a seguir es una reforma con la participación de la ciudadanía. Es un tema fundamentalmente de conciencia. No debe haber ninguna imposición respecto a la conciencia a las personas que debieran intervenir en los abortos y dejarles libertad”.
