El deseo del Ejecutivo de ir corriendo uno a uno a los jueces de la Cámara Federal porteña quedó ayer un paso más cerca de convertirse en realidad. Un día después de que Jorge Ballestero pidiera licencia de su cargo en la Sala II de esa alzada y se dirija derecho a la jubilación, el Consejo de la Magistratura aprobó recomendar al Poder Ejecutivo el traslado de Eduardo Farah, el otro juez que junto con Ballestero dejó en libertad a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Souza y modificó la carátula de la causa que los investiga. Si el presidente Mauricio Macri cumple con lo que había adelantado su operador judicial Juan Bautista Mahíques y avala el traslado, Farah continuará desempeñándose como juez en el Tribunal Oral en lo Penal Económico número 1, un lugar de mucho menor impacto político para el gobierno.

En una única jornada, el Consejo de la Magistratura trató el pedido de traslado presentado por Farah la semana pasada. La Comisión de Selección del Consejo dio su aprobación al pedido por la mañana y la decisión quedó ratificada más tarde por el plenario del cuerpo. Los votos que avalaron trasladar al Ejecutivo la posibilidad de que el camarista mude su despacho al fuero Penal Económico fueron ocho. El senador Mario Pais (Argentina Federal) y el diputado Rodolfo Tailhade (FpV) votaron en contra mientras que los representantes de los jueces Luis María Cabral y Gabriela Vázquez se abstuvieron.

El Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 1 al que pasará Farah tiene tres vacantes, dos ya concursadas y una que acaba de producirse.

Farah es uno de los camaristas que en marzo pasado firmó el fallo que dispuso la excarcelación de Cristóbal López, enfureció al oficialismo hasta sus esferas más altas y selló su desvinculación de la alzada porteña. El fallo, dividido –Farah y Ballestero votaron a favor de la libertad de López y De Souza mientras que Leopoldo Bruglia votó en contra–. Desde el retiro espiritual que lideró junto a su gabinete, el presidente Mauricio Macri había asegurado días después que el fallo había caído mal, pero que el cambio de carátula los había “enfurecido”.

Es que Ballestero y Farah excarcelaron a los empresarios y modificaron el enfoque de la investigación que se les sigue por no haber abonado 8.000 millones de pesos al fisco por el impuesto a la transferencia de combustibles. La carátula pasó de defraudación a retención indebida de tributos, una figura penal que podría extinguirse si los acusados consiguen adherir a algún plan de pagos, que la propia AFIP descartó.

Si bien el fallo está en manos de la Casación, que ayer recibió los planteos de las partes para luego analizar los argumentos y finalmente, en una fecha aún incierta, expedirse, les valió la salida de la Cámara.  

Farah había pedido su traslado desde la Sala II de la Cámara Federal porteña la semana pasada, días después de que Ballestero anunciara el comienzo de sus trámites jubilatorios. Lo hizo a través de una nota formal enviada al presidente del Consejo, Miguel Piedecasas. El miércoles, la salida de ambos se precipitó. Ballestero solicitó una licencia médica por problemas cardíacos, pero es posible que ya no regrese. Mientras transita un camino asegurado hacia la jubilación, el Consejo de la Magistratura no sólo tiene a mano una denuncia en su contra por enriquecimiento sino que también puso en duda la manera en que fue convocado para desempatar como tercer juez en el fallo que benefició a López y a De Sousa. Ambas demandas habían sido motorizadas por la diputada Elisa Carrió y apoyadas por el ministro de Justicia, Germán Garavano.

El primer caído de la Cámara Federal porteña había sido Eduardo Freiler, quien luego de un largo proceso fue destituido en noviembre del año pasado por mal desempeño de sus funciones. Su lugar en la Sala II de la Cámara fue el que cubrió Farah para definir el caso López-De Souza. Con su traslado y la incipiente jubilación de Ballestero, la alzada porteña se queda sólo con dos jueces. Tal como informó este diario ayer, uno de ellos es Martín Irurzun, el presidente del tribunal que mantiene buena relación con el Poder Ejecutivo; el otro es Bruglia, un juez que viene de un tribunal oral federal designado por medio de un traslado, por impulso de Cambiemos y sin acuerdo del Senado.