El juez Claudio Bonadio ordenó la captura internacional y extradición de Leonardo Meirelles, el único testigo brasileño que hasta ahora había dado información concreta sobre cómo fue el pago de sobornos de la empresa Odebrecht (entre otras constructoras) para obras públicas en Argentina y que había incriminado al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a quien dijo que le transfirió 850 mil dólares a una cuenta en Suiza. Para el juez, el “cuevero”, que en su país colaboró en la investigación llamada Lava Jato como parte de un acuerdo de delación premiada, no dice la verdad; el jefe de la AFI, Gustavo Arribas, es inocente y no recibió ninguna coima, y además los fiscales Federico Delgado y Sergio Rodríguez son sospechosos de haber incumplido sus deberes al intentar profundizar la investigación y lograr que el hombre declare por videoconferencia y aporte datos, por lo que los denunció. Es curioso: en Brasil los investigadores le creen a Meirelles y el sospechoso es Arribas. Delgado dijo que la decisión es “injusta” e “incorrecta” y advirtió que desalentará la colaboración de testigos porque hará “difícil conseguir un lazo de confianza para que puedan contar qué pasó en relación a Odebrecht con empresarios y políticos argentinos”. “En todas partes del mundo los doleiros son testigos y colaboran, pero en Argentina se los manda a detener”, enfatizó Delgado.
En esta historia Arribas pasó del papel de acusado al de acusador. En un comienzo fue denunciado por Elisa Carrió a raíz de la publicación del periodista Hugo Alconada Mon en La Nación que relataba las revelaciones de Meirelles y al equipo periodístico peruano IDL Reporteros, entre las que hablaba de pagos a Arribas. Alconada incluso puntualizó por lo menos cinco transferencias a Suiza y aportó copias de comprobantes a la causa. Eran operaciones contemporáneas a la adjudicación de obras para el soterramiento del tren Sarmiento. El juez Rodolfo Canicoba Corral la cerró con un sobreseimiento, sin esperar respuesta a exhortos internacionales sobre los movimientos. El jefe de los espías solo admitía una transferencia de 70 mil dólares que atribuía a la venta de un departamento en San Pablo, donde vivió, y con ese solo dato tres organismos del Poder Ejecutivo lo respaldaron ante el juzgado: la Unidad de Información Financiera (UIF), la Oficina Anticorrupción y la AFIP. El juez dijo que, de todos modos, Arribas no era funcionario al momento de los movimientos de dinero que se le atribuyen.
El fiscal Delgado y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Rodríguez, buscaban tomar declaración desde hacía tiempo a Meirelles. Finalmente lo hicieron en el contexto de una causa sobre coimas para la adjudicación de obras de dos plantas potabilizadoras que está a cargo del juez Sebastián Casanello. A esa altura Canicoba había cerrado la causa contra Arribas, pero tramitaban apelaciones. El único problema que se presentaba era que en Brasil los llamados “acuerdos de delación premiada” permiten que un acusado no sea incriminado por la información que aporte; en Argentina el sistema es diferente y sólo existe la figura del “arrepentido”, que no exime de culpa. Al haber diferente legislación en ambos países, el único modo de que Meirelles aportara información era que declara como testigo sin la fórmula de juramento de verdad que podría dejarlo implicado. Fue entonces que dijo por video conferencia, en presencia de su abogado y una fiscal brasileña, que había hecho cerca de 4000 operaciones de sobornos, para OAS y Odebrecht, y que de los argentinos no recordaba mucho pero sí a Gustavo Arribas como uno de los nombres destinatarios. Mencionó el mismo monto cotejado por la policía de ese país, y dijo que estaba seguro de que había llegado a destino en Suiza. Explicó cómo era la mecánica de los pagos en general y para el caso de las plantas potabilizadoras no aportó nada específico. El juez Casanello le dio luz verde a la declaración porque los fiscales, a diferencia de los jueces, pueden actuar de oficio sin limitaciones.
El contenido de la declaración de Meirelles fue utilizado por Arribas para convertirse en denunciante. El juez dice que se tomó el trabajo de constatar con las autoridades de Suiza los movimientos de la cuenta señalada por Meirelles y que de allí no surge nada más que la única transferencia que Arribas reconoce por 70 mil dólares. Por otro lado, el pedido de extradición de Meirelles plantea una suerte de encerrona porque Brasil, por norma, no extradita a sus ciudadanos.