El Gobierno homologó el acuerdo del procedimiento preventivo de crisis firmado la semana pasada por Carrefour y el Sindicato de Comercio. Luego de que otros supermercados y empresas del sector alimenticio le hicieran saber a la cartera laboral que podían venir una catarata de reclamos, la decisión oficial fue recortar el enorme beneficio impositivo que originalmente se había convenido para Carrefour. El papel firmado días atrás establecía la rebaja del 50 por ciento de las cargas patronales durante 18 meses para la multinacional francesa, lo cual despertó fuerte rechazo en el resto del sector privado, que reclamó “igual trato”. Ahora, el Gobierno congeló las cargas patronales, es decir, no se contemplan para ese rubro los incrementos salariales de paritarias (del 15 por ciento este año). Todavía rige la conciliación obligatoria que impide a los trabajadores tomar medidas de fuerza como protesta por el acuerdo, aunque ayer mismo emitieron un comunicado advirtiendo que es “ilegal”.

  El preventivo de crisis de Carrefour es una historia que se escribe en base al lobby empresarial. La multinacional francesa lanzó meses atrás un plan global de reestructuración que llegó en forma directa a oídos del presidente, Mauricio Macri, en enero, durante la visita que el mandatario realizó a Francia. En ese viaje, Macri se reunió con el Movimiento de Empresas de Francia (Medef), entre quienes estaban los CEOs de Suez y Carrefour. En ese momento, desde la empresa francesa deslizaron la intención de aplicar un plan de achique en el país que contemplaba el despido de 3 mil empleados. El tema se mencionó durante la reunión que Macri tuvo con su par de Francia, Emmanuel Macron.

El siguiente paso fue el lobby doméstico. La filial local de Carrefour cambió de dirección y asumió el control Remí Betieh, sin experiencia previa en el país pero con una extensa trayectoria en otras latitudes. El mensaje que bajó Betieh al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, fue que si el Gobierno no respondía a las exigencias de la empresa se estaba exponiendo al cierre de Carrefour en el país. En ese contexto, presentó el preventivo de crisis. En dos semanas, Cavalieri, Betieh y Triaca firmaron el acuerdo en la Quinta de Olivos, todo un gesto de parte del Gobierno.

El acuerdo

El Ministerio de Trabajo homologó ayer el acuerdo entre Carrefour y el Sindicato de Comercio aunque con una serie de cambios con respecto al acuerdo original. Sin embargo, la mayor parte de los puntos de aquel documento se mantienen en la disposición emitida por la cartera laboral.

  Entre las cláusulas que no se modificaron está la vigencia del acuerdo hasta marzo de 2021 y el hecho de que las actuales paritarias del sector (firmadas por el 15 por ciento) se apliquen sólo a la categoría básica de convenio, mientras que la suba en los adicionales tienen un tope de 3480 pesos. Desde 2019 hasta 2021, las subas salariales se aplicarán sólo sobre el básico de convenio, lo cual excluye de las paritarias una parte del actual sueldo de bolsillo de los trabajadores de Carrefour.

  Otro punto que se mantiene es el de los mil retiros voluntarios con una indemnización “de hasta” el 150 por ciento, es decir que la empresa no se ve obligada a ofrecer ese porcentaje sino que podría hacerlo por una suma menor. También se establece un adicional de cobertura médica de 18 meses para las trabajadoras embarazadas que renuncien, de 12 meses para las parejas que trabajen en la empresa y decidan irse y una moratoria de hasta dos años para los que se encuentren a dos años de jubilarse. Además, si la empresa decide el cierre de una o más tiendas, deberá comunicarlo a la Asociación Gremial y al Ministerio de Trabajo con 30 días de antelación”, dice el acuerdo en relación al cierre de sucursales.

El volantazo

A partir de la firma de ese acuerdo, acto que el Ministerio de trabajo celebró en un comunicado, se abrió un nuevo capítulo del lobby empresarial. Es que ese convenio establecía que el Estado perdonaría a Carrefour el 50 por ciento de las cargas patronales sobre toda su masa salarial durante un año y medio, lo cual implica una fabulosa transferencia de ingresos en favor de la empresa. Rápidamente, las otras grandes cadenas de supermercados pusieron el grito en el cielo porque lo consideraron un riesgo para su participación en el mercado, en tanto Carrefour adquiriría una fuerte ventaja de costos. No sólo eso, también hubo llamados de parte de empresas grandes de la producción de alimentos y bebidas, al tiempo que supermercados regionales y mayoristas pidieron “igual trato”. El Gobierno percibió el inicio de un conflicto con el sector privado, que podría presentarse en masa a pedir concesiones de parte del Estado.

Con la carta en la manga de la homologación, el Gobierno retocó el acuerdo. En lugar de la rebaja masiva del 50 por ciento de las cargas patronales, estableció que ese rubro para el empresario quedará congelado aunque haya aumentos de sueldos. Es decir, que al incremento salarial (del 15 por ciento este año) “se le dará un tratamiento asimilable a no remunerativo, parcial y transitorio en lo referente a las contribuciones patronales correspondientes”. Además, la parte del sueldo que excede al salario de convenio también queda bajo tratamiento de “no remunerativo en lo referente a las contribuciones patronales de la Seguridad Social”.

“El acuerdo homologado es ilegal y no pone a resguardo los derechos de los trabajadores”, advirtió el cuerpo de delegados de Carrefour de la Ciudad de Buenos Aires, opositor a la conducción de Cavalieri. “Hay que ver qué se puede reclamar al Gobierno teniendo en cuenta este antecedente, estamos haciendo las cuentas”, contestó ante la consulta de este diario otra cadena de supermercados.