El caso por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado llegó a la Corte Suprema, en queja porque las anteriores instancias judiciales se negaron a aceptar el pedido de su familia para que expertos independientes intervengan en el esclarecimiento. “Estamos pidiendo una vez más que la investigación por la desaparición forzada seguida de muerte se inicie, porque hasta ahora no hubo una que sea independiente e imparcial”, dijo la abogada Verónica Heredia a Página/12. “Tampoco hay hoy en el expediente causales objetivas que pueda llevar al juez a concluir un cambio de carátula”, agregó en referencia al pedido del Gobierno para que la calificación penal pase a ser muerte dudosa o averiguación de muerte, lo cual beneficiaría a los gendarmes que el 1 de agosto reprimieron con balas y piedras a la comunidad mapuche en Resistencia de Cushamen donde fue visto Maldonado por última vez con vida. Además, la letrada recordó que esta misma iniciativa había sido solicitada en diciembre por la fiscalía y el juez federal Gustavo Lleral la rechazó, y enfatizó que en el expediente no hay notificación alguna al respecto hacia las partes. “¿Cómo no pretender una investigación imparcial de las fuerzas de seguridad cuando desde las más altas autoridades del Gobierno se avalaron sistemáticamente el accionar de las mismas?”, razonó en el planteo hecho ante la Corte, y detalló la numerosa cantidad de pistas falsas sembradas desde el propio Poder Ejecutivo.

“Hay medidas de prueba de resultado pendiente que el propio juez ya solicitó, como los peritajes sobre el DNI de Santiago y la testimonial de Nicasio Luna en Chile, al igual que mi pedido de los datos de las antenas para ver si está registrada la llamada de Ariel Garzi a Santiago, por lo cual no hay hoy ninguna razón para cambiar la carátula”, dijo Heredia. Y agregó que si esto sucede sería una determinación “sorpresiva y arbitraria”.

Como hizo la familia desde el inicio, en la página web creada para desmentir las sucesivas noticias falsas publicadas sobre esta causa está el escrito de queja presentado ayer ante el Máximo Tribunal, así como los anteriores que reflejan el sistemático rechazo de la justicia sobre la confirmación del Grupo de Expertos Independiente (GEI). 

El 1º de noviembre la querella de la familia solicitó al juez Guido Otranto que “se garantice una investigación exhaustiva, efectiva, imparcial e independiente a fin de conocer las circunstancias de la muerte de Santiago”, y que “a tal fin se requiera la conformación de un Grupo de Expertos Independientes que supervise y coadyuve a la investigación que realice el señor juez”. Esta petición tenía, y sigue teniendo, fundamento en que la última vez que se vio con vida a Santiago fue el 1º de agosto de 2017 en la Pu Lof en Resistencia Cushamen, kilómetro 1848 de la ruta nacional 40 en Chubut, cuando ingresaron violentamente al predio más de 120 personas armadas pertenecientes a la Gendarmería Nacional Argentina. Tal como lo ha reconocido el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Gendarmería persiguió a Santiago y a seis o siete personas más, hasta la orilla del río Chubut. “El 17 de octubre de 2017 apareció el cuerpo sin vida de Santiago flotando en las aguas del Río Chubut, en esa misma zona. Dicho lugar fue rastrillado por el Ministerio de Seguridad en tres oportunidades con resultado negativo. Los tres rastrillajes estuvieron a cargo del juez Otranto en el marco del habeas corpus presentado a favor de Santiago”. Este magistrado ordenó el 3 de agosto de 2017 al Secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad, Gonzalo Cané, que realice un rastrillaje en ambas márgenes del río Chubut en la zona donde ingresó la Gendarmería, para dar con el paradero de Santiago.

En la presentación de la familia Maldonado ante la Corte Suprema consta que “mientras Santiago estuvo desaparecido la ministra de Seguridad negó que hubiera estado el 1º de agosto en la Pu Lof de Cushamen; que se hubiera denunciado su desaparición; que hubiera existido violencia por parte de Gendarmería; se ocultó y negó información sobre el nombre y accionar de todas las personas afectadas al operativo donde fue visto por última vez con vida a Santiago; se negó la presencia del jefe de Gabinete del Ministerio (Pablo Noceti) durante el operativo”. La letrada también recordó que “la señora ministra dijo ante el Senado ‘no voy a hacer la injustica de querer tirar a un gendarme por la ventana para sacarme la responsabilidad; prefiero asumir la responsabilidad del caso porque necesito esa institución para todo lo que estamos haciendo y para la tarea de fondo que está haciendo este gobierno (...) me la banco yo”, y en ese mismo momento la funcionaria de Cambiemos afirmó que la Gendarmería había actuado por orden del juez Otranto. Sin embargo, el magistrado públicamente sostuvo el 7 de agosto en una entrevista radial con María O’Donnell “este no es un procedimiento que haya sido ordenado por mí”.

Así, para la abogada Heredia “es evidente que debe investigarse cuál fue el accionar de Gendarmería el 1º de agosto y de las otras fuerzas de seguridad dependientes del Ministerio de Seguridad que actuaron desde el 3 en la búsqueda de Santiago. ¿El juez a cargo de la investigación con quién investigará a todas las fuerzas de seguridad del Ministerio de Seguridad? ¿O no habrá juez que las investigue? En el entendimiento que el juez sí las investigará es que propuse un equipo de expertos independientes e imparciales: independientes del Ministerio de Seguridad e imparciales de su propio accionar”.

Heredia, tras su experiencia en el caso por la desaparición del joven mapuche Iván Torres, había dicho a Página/12 a pocas horas de la desaparición de Maldonado que la necesidad de un equipo de investigadores externos es una de las advertencias del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. “Un equipo independiente, estable, que lleve a cabo una investigación sistemática e interdisciplinaria; el cual debería recorrer de modo exhaustivo el lugar de los hechos y hallazgo del cuerpo, interrogar a distintas personas claves para probar qué ocurrió y que, de modo insólito, todavía no declararon en la causa; recoger los restos de la fogata que aún inexplicablemente realizaron los gendarmes el 1º de agosto de 2017, entre otras conductas realizadas en el lugar donde se viera a Santiago por última vez, interrogándose por qué y cómo se efectuó esa fogata; disponer pericias que 6 surjan de esas investigaciones: planimetrías detalladas de cada declaración prestada para destacar concordancias, diferencias y complementariedad entre los relatos y otros hallazgos ya realizados y los aún pendientes”, enumeró.