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En un fallo de clarísima matriz política, el juez federal Julián Ercolini procesó ayer a la ex presidenta Cristina Kirchner, a algunos de sus ex funcionarios y a Lázaro Báez por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta. El texto apunta en forma casi exclusiva a decisiones políticas que el magistrado convierte en delitos. Un punto clave es que se destinó el 11 por ciento de la obra pública a Santa Cruz. El juez desestima que esa provincia tenga el 10 por ciento del territorio nacional y que por lo tanto las obras viales hayan sido proporcionales a ese porcentaje. Ercolini argumenta en cambio que no debió tenerse en cuenta la superficie sino los índices de pobreza o las cifras de población. Y concluye que construir tantas rutas en Santa Cruz tenía el objetivo de “beneficiar a Lázaro Báez”. Lo asombroso es que, además, eso estuvo en las sucesivas leyes de presupuesto votadas por el Congreso, de manera que fueron políticas aprobadas en el Parlamento.
Tampoco el juez tomó en cuenta la auditoría realizada por el propio macrismo sobre la obra pública en Santa Cruz. Ese trabajo concluyó que “no se perciben deficiencias de relevancia en las construcciones, los desajustes de certificaciones de obras no se consideran relevantes, el ambiente de control imperante resulta razonable, no se encuentran desvíos significativos”. Por otra parte el informe de Vialidad asegura que no evaluó ningún sobreprecio. Ercolini redondeó la jugada trabándole un embargo a CFK por 10.000 millones de pesos. El juez intenta poner esa suma en la tapa de los diarios como si la ex presidenta tuviera bienes por semejante cifra. El monto lo determinó a partir del supuesto perjuicio que la ex presidenta le causó al Estado.
Política
La intencionalidad política de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques y del juez Ercolini queda clara desde el principio:
- Sólo se hizo una auditoría, a las apuradas, de las obras de Santa Cruz. No se revisó nada de los otros 23 distritos del país.
La maniobra fue asombrosa: le pidieron a Vialidad Nacional que hiciera una auditoría sólo sobre Santa Cruz y les dieron 15 días para completarla. Los funcionarios se quejaron diciendo que no entendían el apuro y terminaron haciendo un informe favorable a lo realizado en la obra pública provincial. Aun así, el titular de Vialidad hizo una denuncia contradiciendo las conclusiones.
- No se evaluó a ninguna de las otras 40 empresas constructoras que consiguieron adjudicaciones superiores a las que obtuvo Lázaro Báez. Desde ya la investigación esquiva, por ejemplo, una mirada sobre Iecsa, la empresa que pertenecía al grupo Macri y que hoy maneja su primo Angelo Calcaterra.
Delito
La Justicia federal tuvo que recurrir nuevamente a la imputación de asociación ilícita. Ercolini dice que CFK y sus funcionarios formaron una asociación ilícita para derivar fondos de la obra pública hacia Báez. Es equiparar un gobierno, votado en elecciones, a una asociación ilícita.
El ex juez de la Corte Raúl Zaffaroni ya lo señaló en anteriores ocasiones: “la asociación ilícita es una figura tomada de códigos europeos de principios del siglo pasado para condenar a quienes integraban sindicatos o partidos de izquierda. Ser parte de un sindicato no era un derecho sino un delito. Cualquier empleado de Tribunales sabe que hay pocas condenas por esa figura, sólo se usa para procesamientos y negar excarcelaciones”.
Ercolini insiste en que Santa Cruz recibió 21.000 millones de pesos en obras, mientras que Entre Ríos recibió 14.000 o Córdoba 10.000. El juez desestimo el argumento de la defensa de CFK que dijo que Santa Cruz es la segunda provincia en extensión con el 10 por ciento del territorio, con baja cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado y, por lo tanto, era la que requería más rutas. En todo caso, se trató de una decisión política votada por el Congreso. Pero para Ercolini todo eso fue delictivo: “desde la cúspide se tomó la decisión de invertir en la obra pública vial y se orientó adonde dirigirla”, dice el fallo.
El juez señala que hubo otras formas de derivar fondos: los DNU, la reasignación de partidas dispuestas por los jefes de gabinete, los fideicomisos. En todos los casos se trata de instrumentos legales usados por todos los gobiernos.
Licitaciones
Frente al argumento de casi todos los imputados de que las obras fueron licitadas por Vialidad Provincial y que Báez ganó esas licitaciones, el magistrado sostiene que se presentaba más de una empresa del constructor: Austral Construcciones, Gotti y Kant y Costilla. No se explica en todo el fallo por qué no se presentaron otros oferentes. Y en algunos casos en que se presentó otro postulante no se explica por qué no reclamaron judicialmente si consideraron que la adjudicación había sido arbitraria.
Por otra parte, todas las licitaciones se hicieron en Santa Cruz, razón por la cual las autoridades nacionales no deberían tener responsabilidad en las adjudicaciones. Esta es la respuesta de Ercolini: Vialidad Provincial de Santa Cruz hacía las licitaciones, pero era para tapar la responsabilidad nacional. Una de las evidencias que toma en cuenta el juez para ese razonamiento es que los funcionarios de Vialidad Provincial eran de Santa Cruz y parte de ellos formaron parte de la gestión de Néstor Kirchner como gobernador.
Una de las evidencias para Ercolini es que Néstor Kirchner “exportó” (utiliza ese término) al equipo que tenía en la gobernación a Buenos Aires para que se hiciera cargo del Ministerio de Planificación y la Secretaría de Obras Públicas, a cargo de José López. CFK contestó señalando que todos los gobiernos de todos los colores recurrieron a los funcionarios que los acompañaron en sus gestiones anteriores. El caso de Mauricio Macri es evidente: la mayoría de sus ministros vienen de la administración porteña. Sin embargo, Ercolini rechaza el argumento diciéndole entonces que el problema no es la exportación de funcionarios sino el objetivo. El juez considera que el objetivo era derivar la obra pública en beneficio de Báez.
Beneficio
En todo el fallo no hay una explicación de por qué Néstor o Cristina Kirchner ansiaban tanto beneficiar a Lázaro Báez. Se debería suponer que el constructor les pagaba una coima. Sin embargo, no hay ninguna referencia a cómo se hicieron los supuestos retornos. Hay una tibia mención a los alquileres de Hotesur y Los Sauces, pero lateral. Es que la totalidad de los alquileres no suma ni el 0,03 por ciento de la suma en obra pública que consiguió Báez.
Para Ercolini basta consignar que Néstor Kirchner y Báez tuvieron juntos un terreno en Río Gallegos o que Leonardo Fariña declaró que el fallecido presidente y el constructor tenían negocios. El magistrado no detecta ni una transferencia de envergadura de Báez a CFK, ni cuentas de CFK o de De Vido.
El expediente de Ercolini exhibe el apuro de la política. El juez aceptó la gravedad institucional que le plantearon los fiscales aunque tienen la causa desde 2008. El gobierno de Macri hizo la auditoría en 15 días y puso al titular de Vialidad, Javier Iguacel, ex candidato a intendente de Cambiemos, a hacer una denuncia que decía lo contrario que la auditoría. Y el fallo criminaliza decisiones políticas como realizar más obras viales en Santa Cruz que en Entre Ríos; designar a tales funcionarios en los ministerios y le adjudica a CFK responsabilidad por las licitaciones en Santa Cruz. Con la curiosidad de que el magistrado procesó a la ex presidenta pero no hizo lo mismo con ningún ex gobernador ni a los ex jefes de gabinetes que estuvieron a cargo de la gestión y firmaron, en la mayoría de los casos, las transferencias de fondos suplementarios.
