A partir de julio los propietarios de un piso o apartamento situado en Palma no podrán alquilar su vivienda a turistas. El equipo de gobierno formado por PSOE, Més y Podem ha tomado esta decisión después de encargar varios estudios y análisis que han revelado que la oferta de pisos turísticos no reglados aumentó un 50 por ciento entre 2015 y 2017 hasta alcanzar las 20.000 plazas comercializadas en la ciudad. En Palma solo 645 de las viviendas ofertadas cuentan con licencia. “Existe un paralelismo entre la evolución del fenómeno de los alquileres vacacionales y el aumento de los precios del alquiler residencial”, señaló el teniente de alcalde de Urbanismo, José Hila, que defiende la medida por hechos tan importantes como la subida de un 40 por ciento de los alquileres en la ciudad en los últimos años que ha convertido a Palma en la segunda urbe por detrás de Barcelona en la que más dinero invierten los residentes para el pago del alquiler.