Producción: Javier Lewkowicz

El ajuste tarifario

Por Pedro Bussetti *

Desde 2016 a abril 2018, las tarifas de gas aumentaron hasta un 1070 por ciento; las tarifas eléctricas entre 1020 y 2700 por ciento y el servicio de AYSA un 600 por ciento promedio. Mientras se aplican estos aumentos inéditos en la historia de los servicios públicos de Argentina (y seguramente en el mundo) el Salario Mínimo Vital y Móvil es de 9500 pesos, el haber jubilatorio mínimo es de 7600 pesos y el 50 por ciento de las personas que trabajan, según el INDEC, perciben ingresos de hasta 11.000 pesos.

Pretender imponer un ajuste tarifario de la magnitud citada en tan breve lapso sin que esté acompañado de un incremento similar de los ingresos, tiene como resultado un alto costo social, cuyo saldo redundará en los indicadores de pobreza e indigencia, y  puede tener consecuencias que es difícil predecir.

Los que atendemos a diario las quejas, los reclamos de los usuarios y comprobamos la angustia de quienes no pueden afrontar el pago de sus facturas, asumimos como propios los interrogantes que nos plantean: “¿Qué puedo hacer, como hago para pagar?... Si no pago me cortan el servicio”. Hoy, miles de  familias están desatendiendo los gastos en alimentación, medicamentos, indumentaria, etc, para pagar sus facturas; otros miles se están sobreendeudando al pedir prórroga de sus vencimientos que seguramente no podrán pagar o piden préstamos a tasas extraordinarias, otros miles (no sabemos cuántos) tienen los servicios cortados y/o se conectan clandestinamente con los riesgos que esto implica.

Lamentablemente, no hay respuestas institucionales para resolver la crítica situación de centenares de miles de compatriotas que padecen esta situación, que reclaman soluciones inmediatas.

En el Congreso nacional el oficialismo demora todo lo posible el tratamiento y la aprobación de los diferentes proyectos presentados, apostando a la continuidad del ajuste, sin tener en cuenta el costo social.   

La Corte Suprema de la Nación dijo que las tarifas tienen que ser justas, razonables y asequibles a los ingresos, mas no dictaminó sobre cuál es el porcentaje del salario o del haber jubilatorio que debe destinarse al pago de los Servicios Públicos y no intervino desde 2016 hasta la fecha para interrumpir los tarifazos que no respetan su fallo. Por lo tanto, es letra muerta. 

Mientras, el Estado que debe garantizarle el acceso, la permanencia y poder pagar los servicios públicos, con tarifas justas y razonables, festeja haber reducido los subsidios en 90.000 millones, ignora la emergencia social y reafirma la continuidad del ajuste tarifario. 

El ruidazo del miércoles 18, convocado por la Multisectorial contra el Tarifazo superó todas las expectativas; la impotencia ciudadana transformada en bronca se mueve silenciosamente y decenas de miles de argentinos salieron a la calle a mostrarlas públicamente. 

El ruidazo exitoso debe complementarse con la organización de todas las fuerzas que se oponen al ajuste económico, en cada barrio, localidad o provincia y deben ser multisectoriales, incluyendo a familias, comercios, industrias, sindicatos, clubes, sociedades de fomento, etc.

El  miércoles 25 la Municipalidad de La Matanza, convocó a  audiencia pública para considerar la emergencia social producida por los tarifazos, en la que vecinos e instituciones  expusieron dramáticamente estos problemas y se propuso realizar acciones conjuntas de todos los sectores con el Estado municipal para lograr la suspensión de los cortes por mora, que se restituya el suministro a quienes se les cortó el servicio por falta de pago y se habilite el pago parcial de las facturas hasta que se resuelva la cuestión de fondo en el Congreso y se logre convertir en ley el proyecto que retrotrae las tarifas a diciembre de 2016. Estamos convencidos que ese es el camino. Al ajuste tarifario, más protagonismo ciudadano.

* Presidente de Deuco (Defensa de Usuarios y Consumidores).

La resistencia

Por Agustina Gradin *

El proceso de “sinceramiento tarifario” evidencia claramente el rol del Estado para el gobierno macrista, y por lo tanto, ilumina a los ganadores y perdedores de su proyecto de país. Este recorte de subsidios, el cual se viene implementando desde 2016, tiene diferentes impactos en términos económicos y de acceso a derechos como los servicios públicos. Sin embargo nos interesa destacar aquí el impacto político del mismo. El principal sector perjudicado son los votantes del “cambio”: la clase media y media - baja, mellando el consenso construido por “cambiemos”. La combinación de aumento de tarifas, aumento de tasas de interés, inflación sostenida, y paritarias a la baja, ponen a las clases medias trabajadoras, a las pymes, las y los profesionales, pequeños y medianos productores del agro, a los y las jubiladas, y a todos los sectores vinculados a las economías populares, del lado de los “perdedores” de esta política. Todos ellos se volvieron a encontrar la semana pasada en diferentes acciones colectivas en el espacio público. Ahora bien, ¿quién canaliza y representa a estos sectores sociales perjudicados por el macrismo?

El “ruidazo” y la marcha de las velas fueron una expresión concreta contra el ajuste económico liderado por el gobierno de Cambiemos, con la potencialidad de constituirse en una demanda articuladora de muchas otras. Este espacio que ya había emergido en otras ocasiones desde 2016, debe ser visto como una continuación de la expresión de malestar social y movilización masiva que acompañó el tratamiento legislativo de la ley de reforma previsional en diciembre de 2017, por ejemplo, o de la concentración y acto del 21 de febrero convocado por las centrales obreras y organizaciones sociales, del 8 de marzo y del 24 de marzo durante el 2018. Sin embargo, el reclamo por las tarifas específicamente atraviesa transversalmente a todos los sectores sociales y económicos, muchos de ellos que no se sintieron interpelados por la reforma jubilatoria o por los reclamos de la clase obrera, generando un abanico de posibles alianzas y articulaciones que pueden construir un espacio amplio de resistencias que interpele al ajuste neoliberal.

A su vez, elemento distintivo y sustantivo de este nuevo ciclo de resistencias es la coincidencia y articulación entre la representación legislativa y la democracia en las calles. Como en experiencias anteriores, la oposición parlamentaria obligó al gobierno a tratar diferentes proyectos de ley contra el aumento de tarifas. Esta acción colectiva se constituye en un hecho sustantivo de la posibilidad de construir la unidad de la oposición. La resistencia social mostró capacidad de generar agenda propia y de instalarla, como pasó con la Ley de la doble indemnización en 2016 (posteriormente vetada por el Ejecutivo), la Ley de Emergencia social en ese mismo año, y con el actual debate de los proyectos de Ley de Interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, es la articulación política con el Congreso lo que potencia y amplifica los reclamos y las conquistas.

La principal limitación de esta articulación entre la calle y el Congreso, es justamente la fragmentación de la oposición política. La ausencia de proyectos y liderazgos alternativos, no termina de reflejar la movilización y el malestar que se visualiza en el espacio público. Tanto a nivel de sistema de partidos con en el sindicalismo, ambas atravesadas aún por una fuerte crisis de representación. Claramente el oficialismo es el principal beneficiario y artífice de esta situación con sus maniobras políticas, institucionales y judiciales.

Los acontecimientos hacen suponer que este es un ciclo abierto de protestas que recién comienza, evidenciando la centralidad de la política para quienes aspiran a encontrar una alternativa al ajuste económico. La necesidad de canalizar políticamente todo ese malestar, y esa potencia social y política, es el dilema que debe interpelarnos para pensar y contrarrestar la hegemonía política del neoliberalismo tardío.

* Doctora en Ciencias Sociales - UBA. Area Estado y Políticas Públicas - Flacso Argentina - [email protected]