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Desde Londres
La ministra del interior británica, Amber Rudd, dimitió a raíz del escándalo por los inmigrantes de la Windrush Generation. Rudd fue sustituída por Sajid Javid, británico de origen pakistaní, que procurará maquillar la política inmigratoria sin modificarla.
El gobierno de Theresa May no ha salido aún de la profunda crisis que produjo el escándalo. La generación Windrush fue bautizada así en honor al primer barco que transportó en 1948 al Reino Unido a cientos de antillanos para suplir la escasez de mano de obra tras la guerra.
En abril el gobierno no pudo ignorar las repetidas notas en el matutino “The Guardian” y las denuncias del líder laborista Jeremy Corbyn que dejaban en claro que esta “windrush generation” estaba siento tratada como inmigrantes ilegales en el marco de la llamada política del “hostile enviroment”. La artífice de esta política del “ambiente hostil” es la predecesora de Amber Rudd en el cargo, la actual primer ministro Theresa May.
Este lunes May admitió que había metas cuantificables para la remoción de inmigrantes ilegales desde 2013 cuando ella, como titular del ministerio del interior, impulsó el “hostile enviroment”. “Había metas para deportar gente, por supuesto”, dijo May. Según un memo que le envió la hoy ex ministra del interior en enero de 2017, “el objetivo es aumentar en un 10% las deportaciones en los próximos años”.
El líder del partido Laborista, Jeremy Corbyn, que había solicitado la renuncia de Rudd el miércoles en el parlamento, apuntó ahora a la primer ministro. “Amber Rudd era el escudo de May. Ahora que renunció May tiene que responder sobre lo que ella hizo”, señaló Corbyn.
Los conservadores salieron a defender la política del “hostile enviroment” y a señalar que el escándalo era un “anomalía”, un “error” que no debía afectar el desarrollo de esta política para lidiar con gente “que se encuentra de manera ilegal en el país”. Una encuesta muestra que los británicos siguen apoyando esta política dura contra la inmigración ilegal aunque, curiosamente, una mayoría acepta el impacto positivo de inmigrantes en muchos sectores de la economía o en el funcionamiento del Servicio Nacional de Salud.
El “hostile enviroment” consiste en promover la denuncia de ilegales y cerrarles el acceso a alquileres, cuentas de banco, servicios médicos o educativos. En la práctica, maestros, médicos, bancarios y propietarios se convierten en una palanca esencial de esta política.
Unos 50 mil inmigrantes de la generación windrush quedaron atrapados en esta maraña burocrática. En un intento de sobrecumplir las metas se exigen dos documentos por cada año de residencia para probar la fecha de llegada al Reino Unido. Una de las crueles ironías de esta política es que ni siquiera el ministerio del interior puede cumplir con este requisito: destruyó hace tiempo los archivos de aquella generación en una mudanza de sus oficinas centrales.
El resultado ha sido devastador para muchos. A inmigrantes caribeños que no pudieron presentar los documentos correspondientes, se les inició el trámite de deportación, se les negó tratamiento de cáncer o terminaron perdiendo la habitación o departamento que alquilaban con lo que se agregaron al cada vez más nutrido contingente de los “sin techo”.
