Desde Santa Fe.
Miguel Lifschiz leyó ayer el penúltimo discurso de su mandato en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura. Y sorprendió con sus definiciones políticas: declinó la posibilidad de buscar un segundo mandato consecutivo en la Casa Gris, en 2019. "Mi problema no es la reelección", dijo al bajarse del operativo ante la dificultad de sacar una ley que habilite la reforma constitucional en la Cámara de Diputados, donde le faltan diez votos. Anunció que "no aceptará cualquier propuesta" de Mauricio Macri para saldar la deuda de la Nación con Santa Fe por los 50.000 millones de pesos y antes de firmar un acuerdo pedirá el aval de la Legislatura. Se declaró partidario de que jueces y fiscales de la provincia puedan investigar y perseguir el narcomenudeo, así que enviará un mensaje a Diputados para que se trate junto con la media sanción del Senado. Y sobre el tarifazo de Macri, coincidió con el "sinceramiento" del precio de los servicios públicos, pero no con el schock. "Este tema no es para jugar a la política" o "a las avivadas", sino "para tratarlo con seriedad", sin "hipocrecías" ni "engaños" a los ciudadanos y reveló que convocará a una comisión de especialistas para que estudie la gran incógnita: los costos de la Empresa Provincial de la Energía.
A pesar del esfuerzo político que le dedicó en las últimas semanas, Lifschitz dejó para el final del mensaje la reforma constitucional. Justificó el intento por su "compromiso" con el asunto desde "hace muchos años", cuando era intendente de Rosario. "Mi problema no es la reelección, mi problema es lograr una reforma de la Constitución" que ubique a Santa Fe "en el siglo XXI", dijo. Con lo cual quedó claro que declinaba la posibilidad de una reelección consecutiva el año que viene.
Acerca de la oportunidad, el gobernador criticó a quienes proponen elegir constituyentes en las elecciones de 2019 y no en 2018. "Si el momento no es ahora, si los años electorales no son buenos y los no electorales tampoco, ¿cuándo entonces", se preguntó.
Lifschiz se apuró en enviar el proyecto de reforma a la Cámara de Diputados en extraordinarias, pero fue en vano porque aún ni siquiera tiene estado parlamentario. El "objetivo" es una Constitución "con más transparencia, más democracia, más derechos, más ecológica y más moderna". Y subrayó algunas propuestas: "neutralidad religiosa del Estado", ampliación de "derechos sociales y humanos", "democracia participativa", "límites a las reelecciones indefinidas" de legisladores e intendentes, "autonomía municipal", duplicación del período de los presidentes de comunas y eliminación de "privilegios".
"Ahora es el turno de la Legislatura, es el momento de abrir un debate. Todo es modificable mientras se mantenga el espíritu de la reforma. Santa Fe merece un debate que esté a la altura de las expectativas", planteó el mandatario. "Somos capaces de soñar e imaginar la Santa Fe del siglo XXI y plasmarlo en una Constitución. Podemos hacerlo, vale la pena".
Deuda y arreglo. Otro eje del discurso fue el juicio que Santa Fe le ganó a la Nación en la Corte Suprema por una deuda que estimó en 50.000 millones de pesos por coparticipación. "Un fallo histórico". En los primeros dos años de Macri, las "gestiones" para cobrarla fueron "infructuosas", por lo que en noviembre de 2017 firmó el Consenso Fiscal a cambio de incluir una "cláusula" que obligaba al gobierno nacional "a resolver la situación de la deuda" antes del 31 de marzo.
La propuesta llegó, pero "está lejos de nuestras expectativas", reveló el gobernador. Macri le ofreció cancelar una parte "con bonos en pesos" y la otra, con la promesa de "obras públicas en la provincia en los próximos tres años. Está lejos de nuestras expectativas y no llegamos hasta aquí para aceptar cualquier" cosa. No obstante, "creemos necesario agotar esta vía de negociación. Se han realizado, desde entonces, varias reuniones para mejorar las condiciones iniciales y arribar a una solución satisfactoria para Santa Fe. Si llegamos a un punto aceptable, lo someteremos a consideración de la Legislatura, de lo contrario retomaremos el reclamo judicial, ahora con un antecedente más a nuestro favor", advirtió.
El narcomenudeo. Lifschitz le pidió a la Legislatura que sancione una ley para que jueces y fiscales investiguen y persigan el narcomenudeo, que ya tiene media sanción del Senado, pero que no pasa el filtro de Diputados porque no tiene el consenso ni siquiera de su propio bloque socialista. "La responsabilidad primaria de combatir el narcotráfico es del gobierno nacional y de la justicia federal. Pero todos sabemos que más allá de las intenciones, el esfuerzo es absolutamente insuficiente", dijo.
Según Lifschiz, hay una "barrera" para atacar el negocio de la droga, que "es la dificultad de la justicia federal para avanzar en los procesos de investigación, desmembrar y desarticular estos grupos y su expresión más visible, que es la venta de drogas al menudeo en los barrios. Falta de estructura, falta de equipos, de tecnología, de infraestructura técnica, lo que fuere, pero los resultados están a la vista, no alcanza".
Por lo tanto, propuso "asumir la responsabilidad" de la provincia y habilitar a jueces y fiscales del fuero ordinario a "investigar y perseguir penalmente a quienes trafican drogas en el escalón del narcomenudeo, o sea a quienes venden a los consumidores finales". Y justificó la decisión con una metáfora futbolera. "No podemos tirar la pelota para otro lado porque la tenemos en nuestro campo.
Tarifazo y el costo EPE. Lifschiz coincidió con el "diagnóstico" de Macri para justificar el tarifazo. "Veníamos de un sistema de tarifas de servicios públicos totalmente distorsionado, con un régimen de subsidios absolutamente irracional, que beneficiaba por igual a sectores populares y a sectores de altos ingresos, que además discriminaba al interior. Esto había que corregirlo, y creo que la idea de ir actualizando progresivamente las tarifas, es una decisión correcta". "Ahora, esta medida, no puede ser dispuesta y ejecutada de manera aislada, como si no tuviera nada que ver el costo de las tarifas con la inflación, con el crecimiento, con la desigualdad, con la pobreza y con la calidad de vida de los argentinos. Como si fuera un tema técnico, absolutamente desprovisto de implicancias sociales y económicas".
El tema "no es para jugar a la política" o las "avivadas", sino para un abordaje "serio" y "responsable", sin "hipocresías", ni "engaños" a la ciudadanía. Y anunció que integrará una comisión técnica con especialistas de las universidades públicas, la producción y los gremios para estudiar "los costos de la EPE y proponer modificaciones que impacten positivamente sobre la tarifa. La financiación del plan de obras de la Empresa con recursos extrapresupuestarios también permitirá reducir en el corto y mediano plazo esos valores", concluyó.
