Si el diagnóstico de la economía era complicado para pymes y producciones regionales hasta hace unos días, los violentos desequilibrios financieros y cambiarios de esta última semana llenaron de nubarrones el panorama. A este cuadro, se suma la pretensión oficial de avanzar contra toda lógica en un acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur que pondrá en estado de mayor indefensión a las empresas locales, que no tuvieron participación ni información sobre los temas negociados.
Este punto, el ocultamiento de los términos de la negociación, es uno de los asuntos que planteará Guillermo Carmona, diputado nacional por el FpV, en Bruselas durante su participación en el seminario sobre Negociaciones Unión Europea-Mercosur, que compartirá con parlamentarios de ambos bloques comerciales. Otros integrantes de la delegación mercosurense serán el ex canciller brasileño Celso Amorim y el especialista y también ex secretario de Relaciones Económicas de la cancillería argentina Carlos Bianco.
“El acuerdo Unión Europea-Mercosur tiene múltiples perspectivas críticas, y como parlamentario me preocupa en especial el secretismo con que se desarrollaron las negociaciones. No sólo frente a nosotros, porque el Congreso debe tener intervención, sino también respecto de los sectores interesados. Ni empresarios, sindicalistas, organizaciones sociales, especialistas, nadie fue consultado ni informado”, señaló Carmona a PáginaI12, en una entrevista previa a su partida. “Además, hubo una notable asimetría en el acceso a la información. A diferencia del Mercosur, la Unión Europea definió un mecanismo en el proceso de la negociación contemplando la participación y la forma de acceso a esa información para distintos sectores”.
–¿Cómo se tramitó desde el Congreso el pedido de información?
–Yo mismo le pedí al Jefe de Gabinete, Marcos Peña, en una de sus visitas al Congreso, que nos remitiera la oferta que hizo cada una de las partes en la negociación (pretensiones de cada parte, con la lista de sectores que se abren al comercio y los condicionamientos). Alegó que había un compromiso de confidencialidad con la Unión Europea por lo que no podía hacerse público tal aspecto. Pero resulta que los parlamentarios europeos sí podían acceder, porque así está previsto en la Unión Europea. Y esa terminó siendo la única vía tuvimos para acceder a lo que se estaba negociado, a través de la información que nos brindan nuestros colegas europeos. El gobierno argentino, que se proclama tan republicano, negocia de espaldas al Parlamento. Y no sólo eso, porque también se le negó el acceso a la información a sectores económicos y sociales que van a ser directamente afectados por lo que se pacte.
Me refiero a la actitud concedente que han tenido los negociadores del Mercosur en este último tramo de las conversaciones, especialmente los de Argentina. En la búsqueda de un acuerdo rápido, se han tenido actitudes de concesión hacia los intereses europeos pasando por encima de la defensa de los intereses nacionales. Las concesiones que se están ofreciendo en materia de comercialización y acceso extranjero a los mercados locales van a perjudicar seriamente a la producción textil, al calzado y a muchas producciones regionales como la olivícola. En esta disyuntiva, estamos retrocediendo a una relación con la Unión Europea más propia de la época de la colonia.
–El gobierno de Argentina y el de Brasil de los dos últimos años no ocultaron su urgencia por alcanzar este acuerdo a cualquier precio. ¿Por qué, entonces, no se alcanzó?
–Lo único que le puso freno al cierre del acuerdo fueron las contradicciones en el propio bloque europeo. Los sectores agrícolas, con Francia a la cabeza, no están de acuerdo. Allá hay mucha discusión porque los distintos sectores económicos participan en el debate. Esa es la diferencia: acá no. Incluso en Brasil se dio un debate y, en algún momento, la industria automotriz brasileña había trabado el acuerdo, aunque después aflojó. En Argentina, en cambio, el gobierno oculta los términos de la negociación y las consecuencias que va a tener el acuerdo. Ni siquiera se realizaron estudios de impacto de diferentes políticas o medidas.
–¿En qué condiciones se encuentran las economías regionales para afrontar las consecuencias de un acuerdo como el que se negocia?
–En las peores. Muchas economías regionales hoy están en una situación de quiebra. La producción frutícola, tanto la del Alto Valle y como la de Cuyo, está en estado terminal. La vitivinícola de mi provincia (Mendoza), igual. Salvo los grandes grupos, que como manejan la importación de vino, que la combinan con la oferta de producción propia. En el último año entraron desde Chile 90 millones de litros. Entran con marcas conocidas, tradicionales de vino común, el más económico, como Toro Viejo, Termidor, Peñaflor. Pero si se mira en detalle la etiqueta, se ve que dice “procedencia Chile”. Casi ni se percibe, es una forma de desplazamiento a la producción nacional que no es menor. Hemos presentado iniciativas para limitar la importación en el Congreso. En el rubro de horticultura, hay varios rubros en situación crítica por la importación: tomates, berenjena. El sector olivícola en particular está aterrorizado frente a una eventual apertura a la Unión Europea. El impacto sobre el mercado del aceite de oliva sería muy fuerte. Si ahora ya están afectados por la entrada de aceite de Egipto, imaginemos lo que sería abrirle las puertas a toda la oferta europea.
–¿Qué respuesta tuvieron a las iniciativas para limitar la importación?
–Hasta ahora ninguna pero insistimos, porque la situación es muy crítica en muchas economías regionales. No sólo para el vino, hemos presentado demandas de medidas también por el tomate, peras, manzanas. Hay que entender que aquí se han desarticulado todos los mecanismos de administración del comercio, que permitían tener cierta regulación sobre la oferta importada en defensa de la producción nacional. Se demonizó como “el cepo” a toda esa política y se destruyeron todas las barreras. Hoy no hay techo para la apertura. El gobierno negocia un acuerdo comercial con Chile y el Congreso ni siquiera es informado, está en un total desconocimiento. Me decía un colega en estos días, “vas a una verdulería en el Litoral, y te encontrás con naranjas valencianas”. El único argumento que el gobierno le da a los sectores de la producción es que tienen que reconvertirse para ganar competitividad. Y todo esto se vería agravado con un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Al mismo tiempo sabemos, por experiencia, que Europa por vía de medidas fitosanitarias puede restringir el ingreso de productos frutihortícolas provenientes del Mercosur. Estamos hablando del sector agrícola europeo, el más combativo en contra de la apertura.
–¿Y los sectores afectados, la industria manufacturera y las producciones regionales, no reaccionan frente al acuerdo con Europa?
–Siento que hay un alto nivel de desconocimiento en el sector empresarial sobre este tema. También hay sectores que conocen el impacto de un acuerdo de libre comercio como éste, pero están muy disciplinados y temen que el gobierno tome represalias si se oponen. Es un panorama desalentador. Pareciera que está fuera de toda consideración la evaluación de otras alternativas fuera de un esquema de libre comercio. Hubo posiciones muy críticas al acuerdo desde los gremios (Corriente Federal de la CGT, y las dos CTA), hay que reconocerlo. Lo que está claro es que, si el acuerdo se termina firmando, no va a ser con el consenso de los sectores más representativos, pero sí con el silencio de muchos de ellos.