Será parte de un día complicado para el oficialismo en la Cámara de Diputados: la comisión de Asuntos Constitucionales comenzará a tratar hoy la solicitud judicial del desafuero de la diputada radical chaqueña Aida Ayala, que está imputada en una causa por “asociación ilícita” y “lavado de dinero” durante su gestión como intendenta de Resistencia. Ayala acudirá para asumir su propia defensa ante sus pares, mientras que Cambiemos, a diferencia de su embestida para aprobar el desafuero del detenido diputado Julio De Vido (FpV-PJ), apuesta dilatar todos los tiempos legislativos. Reclamara a la jueza Zunilda Niremperger el expediente para “analizarlo”. El FpV-PJ se abstendrá para “no convalidar” la doctrina del camarista federal Martín Irurzun de imponer la “prisión preventiva” a dirigentes políticos opositores en causas sin condena (como en la caso De Vido), pero arremeterá contra el “doble standard” de Cambiemos a la hora de tratar los hechos de corrupción cuando los acusados pertenecen al oficialismo.

Será la primera actividad del día en la Cámara baja en la que Cambiemos saldrá a defenderse (ver aparte). La comisión está citada a las 10 de la mañana para tratar el pedido de desafuero para Ayala por parte de la jueza federal de Resistencia. Alli, el oficialismo requerirá a Niremperger el expediente de 2000 fojas para “analizarlo” –cuestión que rechazó cuando la comisión trató el caso De Vido– y así estirar al máximo el plazo de 60 días que tiene para dictaminar. Ayala, en tanto, asumirá su defensa esgrimiendo que la causa que investiga la “asociación ilícita” y “lavado de dinero” en la contratación de recolección de residuos de la capital chaqueña durante su gestión como jefa comunal, “es política” y que busca marginarla de la competencia por la gobernación (que ya perdió en 2015) el año próximo. 

El macrismo busca frenar a sus socios radicales de realizar una defensa encendida de su diputada, y dilatar los tiempos legislativos (tiene un máximo de 180 días para que llegue al recinto y necesita de dos tercios de los votos para aprobarlo), para que Ayala busque revertir su situación ante la Justicia. La diputada radical ya pidió la eximición de prisión que ahora está en manos de la Cámara de Apelaciones de Resistencia. 

En tanto, el FpV-PJ no convalidará –como hizo en el caso De Vido– el reclamo judicial de desafuero y “prisión preventiva” para legisladores en causas sin condena firme. La principal bancada opositora firmó una semana atrás un reclamo al juez federal Luis Rodríguez para que dicte la libertad de De Vido; “a  más de seis meses de su detención y frente a diversos pronunciamientos del fuero en relación a otras causas que lo tienen como imputado, justifique la continuidad y mantenimiento de los presupuestos que otrora motivaran su detención, y en caso de no haberlos, disponer su inmediata libertad a fin de que recupere su estado de parlamentario y cumpla las funciones que el pueblo le encomendara por conducto del sufragio”, dice uno de los párrafos de la misiva.

Pero tampoco dudará en cargar contra la “doble moral” oficialista para abordar los pedidos de desafuero cuando se treta de miembros de Cambiemos. El FpV-PJ no quiere convalidar la doctrina Irurzun, con la que la justicia –con el respaldo oficialista– invocó “posible obstrucción judicial” y “peligro de fuga” para encarcelar dirigentes opositores. Quizás, la única excepción en el bloque sea la postura de la rionegrina María Emilia Soria que acompañó el desafuero de De Vido cuando lo solicitó el juez Rodríguez.

Por su parte, el massismo (que diseñó junto con el oficialismo la estrategia para desaforar a De Vido), irá a la comisión con la decisión de acompañar el reclamo judicial y el desafuero de Ayala.