El proyecto presentado por el Gobierno para modificar el cálculo de indemnizaciones y crear un fondo patronal para los despidos sigue cosechando rechazos. La iniciativa, que también plantea un blanqueo para empresarios con trabajadores no registrados, un sistema de pasantías y mayores restricciones para acceder a la salud, fue cuestionada por uno de los secretarios generales de la CGT, Juan Carlos Schmid. “No hay confianza en las propuestas del Gobierno porque primero dice una cosa y termina haciendo otra. Si en el proyecto aparece este tema de rebaja de indemnización ante despidos, lo voy a rechazar”, indicó el dirigente. Por ahora, la central sindical buscará reuniones en el Congreso para frenar la iniciativa. El sector de Hugo Moyano ya piensa en medidas de fuerza. 

El gobierno de Mauricio Macri decidió reflotar la reforma laboral justo en las vísperas del Día Internacional del Trabajador. La presentó el viernes pasado e ingresó al Congreso por el Senado. En los títulos aparecen tres proyectos, en los que se dividió la reforma laboral original: 

  • Blanqueo: el proyecto plantea que los empresarios que registren trabajadores serán beneficiados con la extinción de la acción penal y liberación de las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza. Se los dará de baja también del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales. El trabajador que es blanqueado deberá “renunciar a toda acción y derecho” contra su empleador.
  • Pasantías: propone un “Sistema de Prácticas Formativas” para estudiantes mayores de 18 años (el proyecto de Secundarias del Futuro en la Ciudad de Buenos Aires lo extiende a quienes cursen quinto año, solo que sin remuneración). A cambio de su trabajo, recibirán no un sueldo sino un “estímulo” (pago no remunerativo). 
  • Salud: se crea la Agencia de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET), cuyo objetivo explícito es reducir la litigiosidad para las obras sociales. Según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, limitará la posibilidad del Congreso de incluir nuevas prestaciones al Programa Médico Obligatorio (PMO). 

Estos tres puntos habían sido consensuados en octubre pasado con la cúpula de la CGT, aunque las protestas posteriores dejaron en claro que no contaban con el consenso de muchos gremios. El principal problema aparece en la letra chica, que suma otros puntos:

  • Indemnizaciones: el Gobierno propone excluir del cálculo indemnizatorio “el sueldo anual complementario, los premios y/o bonificaciones, y toda compensación y/o reconocimiento de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador”. También propone la creación de un fondo de cese laboral, que ayude a las empresas a financiar los despidos. Según el proyecto deberá ser negociado en cada convenio colectivo y tener el visto bueno de las cámaras empresariales y del principal gremio de la actividad. El fondo se constituirá con un aporte por parte del empleador, que se calculará sobre un porcentaje del salario del trabajador. 

Desde la CGT dejaron trascender su malestar desde que se conocieron los primeros detalles del proyecto. Si bien no están previsto que la central lance ninguna medida de fuerza, sí se proponen tener conversaciones con los bloques opositores en el Senado para impedir que se avance con estos últimos dos puntos. En especial, piensan contar con el apoyo del jefe del bloque peronista, Miguel Pichetto. 

Schmid fue el primero en aclara que la CGT no acompañará el proyecto. “Hoy el trabajador en la Argentina pasa las de Caín para llegar a fin de mes. Es una situación muy compleja para los trabajadores. Pensemos en los millones de compatriotas que no tienen trabajo”, remarcó. 

El moyanismo, en tanto, tiene previsto avanzar con medidas de fuerza, que seguramente serán en conjunción con las dos CTA y los movimientos sociales como ocurrió en las últimas grandes movilizaciones. En tanto, el secretario general de la Uatre, Ramón Ayala, opinó que “no es una cuestión de fondo la rebaja, o no, de las indemnizaciones, porque la persona que quiere trabajar nadie la despide”. Y destacó: “Hay algo en lo que estamos totalmente de acuerdo, que es el blanqueo de todos los trabajadores”.