Cambiemos logró demorar el desafuero de la diputada radical Aída Ayala. Durante la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales de ayer, la ex intendenta de Resistencia sostuvo que son “falsas de toda falsedad” las acusaciones por lavado de dinero y asociación ilícita por las cuales está siendo investigada por la jueza federal de Chaco, Zunilda Niremperger. El oficialismo tuvo que contorsionarse para justificar la dilación del trámite parlamentario, en abierta contradicción con la velocidad con la que buscó avanzar el año pasado contra Julio De Vido o contra Cristina Kirchner en el Senado. “En una semana boleteamos a De Vido, un diputado opositor, y acá están pidiendo medidas para dilatar. Fijemos un criterio único o que vuelva De Vido. O hay obstrucción de justicia de cualquier legislador o hay que analizar todo lo que se dijo acá”, advirtió la diputada kirchnerista Araceli Ferreyra. El macrismo reclamó que se les envíe la documentación completa del expediente, algo que había rechazado en su momento cuando lo solicitó el FpV en el caso del ex ministro de Planificación. El titular de la comisión, el macrista Pablo Tonelli, evitó precisar la fecha del próximo encuentro, aunque se presume que podría ocurrir en unos 15 días.

Mientras la tensión política se concentra en los proyectos contra el tarifazo a los servicios públicos, ayer Cambiemos se abroqueló en defensa de la diputada radical. Los más enfáticos fueron sus correligionarios, Mario Negri y Karina Banfi, quienes buscaron argumentar que la de su compañera de bancada es una situación judicial muy diferente a la del ex ministro. “Vengo a pedir que se analice (el pedido de desafuero) y el objetivo es que se rechace porque es ilegal y no hay motivos”, dijo Ayala al comenzar su exposición. “Mi único pecado fue haber ganado las elecciones de 2017”, se victimizó, acompañada por su abogada Olga Mongelós. 

La diputada fue intendenta durante tres mandatos hasta 2015, cuando compitió por la gobernación y perdió con el peronista Domingo Peppo. Luego se incorporó como secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior nacional hasta que en 2017 consiguió su banca en Diputados. Niremperger la investiga por la contratación de una empresa de recolección de residuos de manera presuntamente irregular, en beneficio suyo y de su ex yerno Alejandro Fischer, uno de los socios de aquella empresa. “Se me acusa de ser jefa de una banda que se ha enriquecido con el dinero producido por sobreprecios en el alquiler de equipos y que ese dinero habría sido utilizado en forma personal y para campañas políticas. Yo quiero que se investigue bien porque el contrato sigue vigente con los mismos precios que 2015, porque el contrató en la actual gestión municipal tal como lo firmé yo”, expresó.

La diputada peronista por Chaco, Analía Rach Quiroga, cercana al actual intendente de Resistencia Jorge Capitanich, se encargó de desmentirla y puso a disposición de la comisión documentación del caso. Sostuvo que la gestión del ex jefe de Gabinete renegoció el contrato con la empresa PIMP y logró un descuento del 63 por ciento, que se le dio vista al Tribunal de Cuentas (que no presentó objeciones). Además, sostuvo que la radical dejó “un municipio endeudado, sin un peso en la caja” por lo que se vieron obligados a declarar la emergencia económica.

“No soy rica ni lícita ni ilícitamente, eso se demuestra con la declaración jurada que traje para que la vean. No soy jefa de una banda de empresarios que está hace mucho prestando servicios al Estado y prueba ello es que hoy trabaja bajo la misma figura contractual para el actual intendente Capitanich y también con el gobierno provincial”, insistió Ayala.

Una de las respuestas la recibió de María Emilia Soria, quien pese a integrar el FpV-PJ votó a favor del desafuero de De Vido. La diputada rionegrina señaló que según la Justicia está probado que el dinero se utilizó para la campaña electoral. Los tiempos de la contratación abonan esa hipótesis: se hizo un año antes de que Ayala terminara sus 12 años de gestión y cuando estaba preparándose para pelear por la gobernación. El monto fue de unos 500 millones de pesos. Por el bloque justicialista, el salteño Javier David también advirtió sobre una posible “maniobra dilatoria” y advirtió que no es tarea de la comisión comenzar “una especie de juicio, buscar pruebas, más allá del mérito o no de lo que cada uno pueda pensar sobre los hechos concretos”.

Varios opositores respondieron así al pedido de Silvia Lospennato (PRO), quien puso en duda la competencia de la jueza, reclamó tanto el contrato original como el de renegociación, y pidió un “tiempo necesario” para estudiar el caso dado que el requerimiento es escueto. Incluso dijo lamentar que el expediente digitalizado fuera entregado en un CD recién al inicio de la comisión porque podría haber utilizado el fin de semana largo para analizarlo. Su compañero de bloque, Daniel Lipovetsky, fue el más explícito. Directamente consideró que “no hay ningún elemento para desaforar a la diputada” y adelantó su rechazo. 

Como presidente de la comisión, Tonelli fue uno de los más medidos. Se encargó de aclarar que no hubo demoras en el giro a comisión ni en la convocatoria a tratar el tema, sino que fue la jueza quien se tomó su tiempo para remitir el pedido al Congreso. Además, se encargó de conseguir que los opositores pudieran hablar cuando pedían una interrupción, la que era negada por los diputados oficialistas. “Creo que estamos todos de acuerdo en que para tomar una decisión, tenemos que proceder como ordena el artículo 70 de la Constitución Nacional y examinar el mérito del sumario”, resumió Tonelli, que ante un pedido de última hora para reunirse el martes próximo lanzó un evasivo “haremos lo posible”.