En Argentina se practicaron, durante el 2017, más de 11.000 abortos legales en el sistema público de salud, solo en cuatro jurisdicciones de las veinticuatro que componen todo el país (por lo que la cifra tiene que ser más alta) teniendo en cuenta los datos de la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe y Neuquén, en una estimación realizada por Las/12, según los datos recogidos de entrevistas y las distintas exposiciones en el debate por el aborto legal, seguro y gratuito en el Congreso de la Nación. 

En la Provincia de Buenos Aires hubo 7.214 casos de egresos hospitalarios por abortos médicos, embarazos inviables y otros no especificados, según el Sistema Informático Perinatal (SIP) bonaerense, con datos del 2017. Un punto central es que la normativa que salga del Congreso respete la autonomía de las jóvenes ya que casi cuatro de cada diez abortos legales en territorio bonaerense se realiza a chicas de entre 15 y 24 años. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires fueron 1800 las interrupciones del embarazo que, además, ya se realizan en todos los centros de salud y en todos los hospitales con, por lo menos, una intervención por centro de salud. En la provincia de Santa Fe las mujeres que son asistidas con misoprostol en los hospitales públicos llegan a 750 y en Rosario, específicamente, se practicaron 450 interrupciones voluntarias del embarazo. Mientras que en Neuquén son alrededor de mil los abortos legales. 

En realidad, en medio del crucial debate sobre el aborto legal, seguro y gratuito llevado adelante en el Congreso de la Nación, es indispensable saber cuántas Interrupciones Legales del Embarazo (ILE) se realizan. Las cifras, a pesar de ser claves para una discusión real sobre el aborto y parte del derecho a la información de la población, no fueron suministradas por el Ministerio de Salud de la Nación a Las/12 que realizó el pedido de los datos oficiales. 

A pesar de la negativa, a partir de las diferentes exposiciones en el Congreso de la Nación de médicas/os, sociólogas y funcionarias/os se puede reconstruir un mapa de las Interrupciones Legales del Embarazo (ILE) que arrojan una estimación mínima de 11.000 abortos legales solo en cuatro jurisdicciones. En el 2015 habían sido 500 los abortos legales practicados en el sistema público de todo el país (salvo de ocho provincias que no habían notificado datos al Ministerio de Salud), por lo que la suba en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo es exponencial.  

A pesar que los abortos no punibles están incorporados al Código Penal desde 1921 se nombraron, por primera vez, formalmente al Ministerio de Salud bajo la gestión de Ginés González García, en el que la atención de abortos por problemas de salud, de riesgo para la vida, de inviabilidad del embarazo o de violación estaba en la web oficial. En el recambio de autoridades, la ex Ministra de Salud Graciela Ocaña dio marcha atrás con el derecho de las mujeres e, incluso, negó atender a una niña violada de 15 años. Después de eso, en la gestión de Paula Ferro, al frente del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, en el 2010, se presentó la “Guía Técnica de Atención Integral de Abortos no Punibles” que fue un enorme avance para respaldar la realización de abortos en el sistema público de salud. Su decisión fue valiente, ya que el ex Ministro de Salud, Juan Manzur, no quiso firmar la Guía con el carácter de resolución ministerial, pero, de todos modos, los abortos legales, comenzaron a realizarse. 

A partir de ahí la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) es equivalente al aborto legal por causales aunque depende de la voluntad (o no) de las y los profesionales y sistemas de salud locales y provinciales. También varía mucho el impulso de las autoridades de salud sexual y, básicamente, se dan grandes diferencias y desigualdades regionales. Más allá de eso, en la actual gestión, se siguen practicando las ILE con los lineamientos del protocolo vigente. 

La importancia de conocer que los abortos legales ya superan los 11.000 es que la falsa dicotomía entre el derecho a decidir y salvar las dos vidas está saldada por el Protocolo del Ministerio de Salud; por el fallo F.A.L, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por la propia práctica sanitaria en la Argentina. Con lo que se hace (y no se hace) no alcanza porque solo hacen quienes tienen la decisión de hacer y porque solo se enteran o acceden quienes tienen acceso a la información o llegan a centros de salud amigables. Pero el proyecto de ley que se discuta en el Congreso de la Nación tiene que avanzar sobre la base ya existente y ampliar derechos y no simplemente rubricar el aborto legal por causales que ya se practica. En momentos que se acerca la discusión legislativa y la punta del lápiz se afina los números reales sobre el aborto legal en Argentina muestran que se necesita avanzar, pero no se puede retroceder. 

Rosario es un caso testigo del cumplimiento en el acceso al aborto legal. “Los abortos médicos se hacen con misoprostol. Otras, por contraindicaciones, por elección, o por no tener condiciones en los hogares para abortos ambulatorios las mujeres acceden a aspiración manual endouterina (AMEU) y la mortalidad es casi cero”, explica Daniel Teppaz, Coordinador de Salud sexual y Reproductiva de Rosario. Pero con el aborto legal por causales no alcanza (ni ahora, ni si se intentan aprobar los proyectos de mínima y más restrictivos). “El sistema de regulación por causales es engorroso de interpretar e implementar y deja a las mujeres a merced de las subjetividades profesionales. Por otro lado, los profesionales pueden sentirse inseguros y promover pseudo objeciones de conciencia”. Además, aunque el cumplimiento de abortos legales haya crecido mucho la clandestinidad sigue como una sombra entre el cuerpo de las mujeres. “El año pasado, en el sistema público de salud de la Provincia de Buenos Aires fueron atendidas 7000 personas con derecho a una interrupción legal del embarazo. Esto representa solo el 4,057 por ciento de las personas que interrumpieron su embarazo en la Provincia de Buenos Aires. El otro 96 por ciento no tuvo la misma suerte”, objeta el ginecólogo Julián Julián Rodríguez Prassolo, de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir.