Pese a las protestas de la oposición y los reclamos de asociaciones ambientalistas y de cartoneros, el gobierno porteño logró que la Legislatura aprobara el regreso de la incineración de residuos en la ciudad. La medida representa “un tremendo retroceso” y “pondrá en riesgo” el funcionamiento de las cooperativas de recicladores, aseguraron quienes se opusieron a la sanción de la norma. También sostuvieron que los cambios apuntan a un gran negocio más que a una preocupación ecológica.

Las modificaciones a la ley de Basura Cero fueron aprobadas ayer por 36 votos a favor (34 del bloque Vamos Juntos y dos de los diputados Sergio Abrevaya, del GEN, y Marcelo De Piero, de Mejor Ciudad) y 22 en contra, de las bancadas de Unidad Ciudadana, Peronista, Socialista, Suma+ y la Izquierda.

Asociaciones vecinales y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreteros y Recicladores manifestaron su disconformidad acusando a los legisladores oficialistas de “mamarrachos”, y preguntándoles por “el destino de los viajes con que los habrían comprado”, en referencia a la polémica que se generó por la filtración de documentos confidenciales del Gobierno de la Ciudad en los que se revela el manejo de la pauta publicitaria y los “premios” para los periodistas que los ayudarían a maquillar sus proyectos.

Greenpeace, por su parte, armó una performance en la que se asociaba la incineración de basura con la muerte. Los activistas, vestidos de negro, mostraron carteles con la leyenda “Quemar basura mata” y con un clarín dieron el toque de silencio, la melodía que se usa para la rendición de honores a los muertos en los funerales de gran ceremonia. El toque de clarín se empalmó con el Himno. Fue entonces que Diego Santilli, presidente de la Legislatura, llamó a un cuarto intermedio, del que no volvió al recinto, aunque las modificaciones ya habían sido aprobadas.

El sistema habilitado ayer en la Legislatura incluye la posibilidad de someter los residuos urbanos no reciclables a un tratamiento conocido como “termovalorización” (ver aparte).

Las organizaciones ambientalistas denuncian que se trata de un negocio millonario. Según expertos, cada una de las siete plantas para la incineración tiene un costo aproximado de 500 millones de dólares. También sostienen que la Ciudad deberá seguir endeudándose para instalarlas. Y recalcan que con el 4 por ciento de ese costo se podrían montar 40 centros verdes para reducir la cantidad de residuos.

Los recicladores advirtieron además que las plantas generarán resistencia y conflictos en los barrios de la ciudad donde se pretenda instalarlas.

En la sesión, el Frente para la Victoria votó en contra por cuestiones laborales y ambientales. Carlos Tomada, jefe del bloque, fundamentó su voto en que “incumplieron la ley de Basura Cero durante diez años de gestión y ahora quieren aplicar un método antiguo y dañino para la salud y el medio ambiente. Además, les dan la espalda a los miles de trabajadores que quedarían en la calle. Este proyecto para autorizar la quema de basura, contra la recomendación de todos los especialistas, parecer ser la frutilla del postre de un plan perfectamente diseñado para inducirle una crisis al sistema de reciclado”.

El legislador hizo hincapié en la pérdida de puestos de trabajo: “Durante estos años hemos acompañado a las cooperativas de recicladores urbanos en decenas de denuncias acerca del desfinanciamiento del sistema, la falta de equipamiento, la ausencia de alguna política de comunicación tendiente a promover el reciclado. Mientras el mundo discute cómo mejorar y profundizar los sistemas para reciclar, la Ciudad retrocede veinte años y nos propone quemar la basura. Casi como quien propone esconder debajo de la alfombra lo que no pudo o no quiso resolver”.

Su compañera de bancada Victoria Montenegro planteó las consecuencias negativas para la salud por la emisión de dioxinas y furanos (producidos durante el proceso de incineración), que son sustancias cancerígenas, y destacó el interés económico y no ecológico del gobierno porteño: “Votaron una ley de espaldas a la sociedad, sin debate previo, sin escuchar a los recicladores y recicladoras urbanas, sin escuchar a ambientalistas, pero con la prepotencia que los caracteriza. El interés está puesto en el negocio: quemar basura resulta carísimo. Con la extensión de las metas de reducción de basura, el gobierno asume el enorme fracaso de la Ley de Basura Cero. La hicieron fracasar para poder aplicar esta técnica que pone en riesgo más de 6 mil puestos de trabajo”.  

La presidenta del bloque SUMA+, Inés Gorbea, consideró que “el Gobierno de la Ciudad decidió hoy dar marcha atrás en materia ambiental. La modificación aprobada por el PRO significa un retroceso perjudicial para el ambiente y la salud de los porteños. Entendemos la necesidad de transformar la manera en la que gestionamos los residuos, pero la utilización masiva de la termovalorización no es la solución”.

Por su parte, el socialista Roy Cortina explicó su voto negativo: “La ley de Basura Cero que teníamos era revolucionaria. Las modificaciones que propuso el gobierno van a contramano del espíritu de esa ley. Para incinerar la basura hacen falta unas plantas que son carísimas. Y además afectan profundamente la salud de la población porque producen contaminación y polución. Dicen que no son contaminantes porque no producen gases que afecten al calentamiento de la atmósfera, pero sí hay cenizas y residuos”. “Otro aspecto que va a contramano de la ley es que estas modificaciones alientan la producción de basura en lugar de desalentarla. Porque las plantas de incineración son muy caras, entonces la ecuación económica sólo cierra si hay mucha basura para incinerar. Además, en estas modificaciones se cambiaron los plazos que establecía la ley para disminuir por etapas la producción de basura. Ahora se extienden cinco años más los plazos para metas que ya están cumplidas. Entonces, ¿qué hacemos los próximos cinco años? ¿La plancha? ¿Producimos toda la basura posible?”.

Los plazos establecidos hace 13 años contemplaban una reducción de un 30 por ciento en la generación de basura destinada a relleno sanitario al 2010, de un 50 por ciento a 2012 y un 75 por ciento para 2017, y prohibía para 2020 “la disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables”. Ahora, las nuevas metas propuestas son “de un 50 por ciento para 2021, un 65 por ciento para 2025 y un 80 por ciento para 2030, tomando como base los niveles enviados a la Ceamse durante 2012”. Asimismo, prohíbe para 2028 “la disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables”.

“La ley de incineración convalida un negociado millonario que causará una grave contaminación, según estudios de organismos nacionales e internacionales”, advirtió el diputado del Partido Obrero Gabriel Solano, mientras que Patricio Del Corro, del PTS-FIT, coincidió en que “es un tremendo retroceso”.