PáginaI12 En Grecia
Desde Atenas
¿La “salida limpia” que el Primer ministro griego Alexis Tsipras dice estar llevando con respecto a la crisis que tuvo al país al borde de la quiebra, no es vista con tanto optimismo por la ciudadanía, todavía asfixiada y herida. Después de haber firmado en 2015 un memorándum que la población rechazó en referéndum, el líder de Syriza procuró cumplir una y cada una de las exigencias de los acreedores extranjeros, llevando el programa de austeridad de la Troika hasta sus últimas consecuencias. El pasado enero el Banco Central Europeo, el FMI y la Comisión Europea condicionaron la entrega del último tramo del rescate –18,400 millones de euros– a la aplicación de un paquete de medidas que fue la gota que colmó el vaso para sindicatos y oposición.
El documento contiene alrededor de cien reformas dirigidas a la “limpieza” de las cuentas estatales, el aumento de la recaudación fiscal y el recorte del gasto público, con el acento puesto en nuevos cortes en pensiones, la drástica eliminación de hipotecas impagas y el inicio de trámites para la privatización de compañías energéticas.
También el recorte del derecho a huelga figura entre las demandas que el gobierno de Tsipras está dispuesto a complacer, un derecho que si ya en todo el mundo es considerado intocable, en Grecia alcanza el rango de sagrado. Desde el comienzo de la crisis económica en 2009 hubo más de cincuenta paros generales y es rara la semana en la que algún servicio público o privado no pare para reclamar mejoras en las condiciones laborales. Sin embargo –o precisamente por eso– la cúpula del capitalismo mundial puso la limitación de tan intenso activismo sindical como una de sus condiciones básicas para seguir depositando fondos de emergencia en las arcas helenas.
El 14 de enero los diputados de Syriza aprobaron en solitario una nueva legislación que endurece las posibilidades de convocatoria de huelga, ya que las asambleas de las delegaciones sindicales locales deben contar ahora con una participación mínima del cincuenta por ciento de los afiliados- aquellos que tengan su cuota al día únicamente- mientras que antes bastaba con el veinte por ciento.
La Confederación General de Trabajadores Griegos (GSEE) y el sindicato de estatales ADEDY estallaron desde el anuncio de estas medidas en una ola de protestas contra “los dramáticos recortes de los derechos sociales y el programado aumento de impuestos”, y por la reivindicación de una “acción sindical libre, sin ninguna intervención estatal ni patronal en el ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores”, tal como anunciaron sus portavoces durante las primeras manifestaciones. Mientras, el Primer Ministro defiende su decisión amparándose en el nulo margen de maniobra que le dejan desde el FMI, el BCE y la Comisión Europea. “Nos enfrentamos a las exigencias de los acreedores respecto a la liberalización de los despidos, el restablecimiento del cierre patronal y el cambio del quórum para las asambleas sindicales de primer grado. Solo cedimos en lo último”, destacó Tsipras a la agencia EFE.
Según la Autoridad Helénica de Estadística (ELSTAT), la tasa de desempleo se sitúa en el punto más bajo desde 2011 con un 20,7 por ciento y el alarmante 44,4 que en 2017 todavía afectaba a los más jóvenes, bajó a un 40,8. Los números siguen siendo los más altos dentro de la Unión Europea. La recuperación económica en la que el partido de gobierno se escuda de las críticas constantes de sus antiguos compañeros de izquierda tranquiliza a los mercados e inyecta en la población cierto alivio, aunque el “progreso” radique en más trabajo precario y contratación temporal. Así lo reconoce Iorgos Petrópoulos, miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación de trabajadores públicos de Grecia (ADEDY), quien afirma que, “si bien la mejora es innegable, la situación sigue siendo muy grave, sobre todo, en los sectores de educación y salud, donde se necesita con urgencia el aumento de puestos de trabajo y de salarios”.
Otro terreno que tiembla ante las reformas requeridas por el Eurogrupo para el desembolso del último tramo de préstamos iniciados con el rescate del 2010 es el de la vivienda. Desalojar a miles de deudores de hipotecas a través de un nuevo sistema electrónico es la condición que le falta cumplir al gobierno griego si quiere ser supuestamente libre en agosto de las presiones de la Troika. Por eso los diputados de Syriza pusieron en marcha el sistema de subastas electrónicas en 2016, pero la resistencia de la ciudadanía que, organizada en torno al colectivo “Den plirono” (No pagamos), se plantó en los juzgados cada miércoles e impidió el proceso, consiguiendo que escribanos e incluso policías se negaran a hacerlo efectivo.
La justificación del gobierno para este inédito plan de desahucios se basa en los 110 mil millones de préstamos “malos” que se derivaron del descontrol durante los años de burbuja económica y que ahora perforan la confianza de los acreedores internacionales. El economista, empresario naval y ex asesor de Tsipras, Evangelos Kritikós, explica que los bancos griegos “escondieron el problema bajo la alfombra” porque intentaron, especialmente entre 1997 y 2010, aplazar las deudas el mayor tiempo posible para obtener la recapitalización extranjera que necesitaban. “Podías pagar 20 euros por mes cuando la hipoteca era de 300, no había ningún límite”, dice Kritikós. Y esta “mala praxis”, que también incluye la nula verificación de la viabilidad económica de los solicitantes antes la concesión de un crédito, es lo que ahora la Federación Nacional para la Protección de Prestatarios que el especialista preside desde 1999 quiere probar ante las cortes. A través de lo que la veintena de abogados y economistas que forman la plataforma denominan “activismo científico”, la campaña para paralizar los desahucios se basa en una rigurosa investigación de los orígenes del dinero prestado y de la gestión de la hipoteca a lo largo del tiempo por parte del banco, con el objetivo de forzar a los demandantes a replantearse el echar al demandado.
El mes pasado, por ejemplo, los activistas “científicos” evitaron un desalojo al mandar una carta documento al presidente de Alpha Bank –una de las entidades financieras recapitalizadas por el Estado y después vendida al extranjero por casi nada– donde le informaban que probarían ante las Cortes que aquel desahucio causaría grandes pérdidas a los ingresos del banco. “Si usted hace el desalojo, recibirá menos dinero que del pago del préstamo. Lo invitamos a ir al juzgado para probar que este proceso es bueno para su entidad, así como que toda la gestión de la deuda quede acuerdo a la ley”, increpa el texto que los abogados redactaron minuciosamente acompañado de documentos y que, además, enviaron a todas las autoridades, Primer ministro y presidente del Tribunal Supremo incluidos.
“Los propietarios de los grandes bancos nacionales metieron en sus bolsillos ocho mil millones de euros en un lapso de ocho años y, cuando todo colapsó, abandonaron las entidades financieras y pidieron su rescate”, advierte Kritikós. “¿Cómo no se exigieron responsabilidades al gobierno? El problema privado se transformó en público y nosotros tuvimos que pagar desde entonces, directa o indirectamente, más de 200 mil millones de euros”, denuncia el economista. “Es el mayor saqueo de la historia europea. Papandreu [ex presidente griego] tendría que haber dejado caer en bancarrota a la banca”.
