![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/Irina-Hauser.png?itok=wge3Tmsk)
Fabián Ezequiel Enrique, de 17 años, fue fusilado con tres tiros que le dio por la espalda un policía del Grupo Halcón, el cuerpo de elite de la Policía Bonaerense. Fue el 6 de febrero, el mismo día que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunciaba el “cambio de doctrina” por el cual ahora “la Policía no es culpable en un enfrentamiento”. La funcionaria estaba motivada por el caso del policía Luis Chocobar, que estalló en un gran debate cuando Mauricio Macri lo felicitó después que matara a Pablo Kukoc mientras escapaba del un intento de robo donde hirió con un cuchillo a un turista estadounidense.
El agente que asesinó a Fabián desde la ventanilla de un auto, Brian Darío Montes, lo dejó desangrándose y huyó. Se reportó un día más tarde en la comisaría 3 de Quilmes en compañía de su jefe, con un discurso armado sobre los hechos: que lo habían atacado entre tres hombres, que uno se le vino encima para robarle el celular y que estaban armados. La fiscal Karina Gallo comprobó sin grandes dificultades que Fabián estaba solo en ese momento, que acababa de cruzar la calle para ir al baño a una estación de servicio y que no llevaba ningún tipo de arma. Casi dos meses se demoró la detención de Montes y, finalmente, esta semana se le dictó prisión preventiva como responsable de homicidio calificado. Fue toda una rareza en el contexto actual, donde el Gobierno presiona a los jueces para que releven de castigos a los miembros de las fuerzas de seguridad bajo la teoría de que siempre tienen la razón.
Habían pasado las siete de la mañana de ese martes de febrero. Mónica Torres, la mamá de “el Fabi”, como le decían, estaba lavando la ropa en el momento en que escuchó dos disparos desde su casa en el barrio Los Eucaliptos, en Quilmes Oeste, donde con su esposo Claudio criaron nueve hijos. Fabián no había vuelto la noche anterior y ella tuvo una pésima corazonada. Con dos tiros en zonas vitales, el chico intentó caminar hacia su casa pero cayó desplomado en una zanja, donde lo encontraron los vecinos, en el cruce de las calles Jujuy y Madame Curie. Mónica salió de su casa tratando de pensar lo menos posible. Al verla venir, Pancho, un amigo de su hijo, la encaró: “¿Usted es la mamá de Fabián? Es que le dispararon por la espalda”. “Le arruinaron la vida a él y nos la arruinaron a nosotros –dice ella en diálogo con PáginaI12–. Es terrible lo que siento cada día que paso por ese lugar cuando llevo a mis otros hijos a la escuela, y no puedo parar de preguntarme por qué, y por qué no le tiraron en un pie en lugar de matarlo”.
El papá del chico, que trabaja en obras ferroviarias, cuenta que la vida de Fabián estaba atravesada como la de tantos habitantes de la misma villa, en especial pibes jóvenes, por la práctica de ser detenidos cada dos por tres, golpeados y liberados después de unas horas. “Lo llevaban preso por averiguación de antecedentes, le pegaban, lo amenazaban y lo largaban. Había dejado de estudiar hacía poco y estábamos tratando de apoyarlo en su sueño de jugar al fútbol”. Desde que el policía fue detenido Mónica cuenta que se sienta más tranquila, aunque sabe que apelará. También cuenta que los amigos de Fabián vienen sufriendo amenazas y aprietes, y a uno de sus hijos lo llevaron detenido.
La versión de Montes
El policía Montes no trabajaba en la comisaría de la zona, pero los vecinos dicen que merodeaba el barrio. Estaba de paso aquella mañana, yendo a hacer “adicionales” en un Volkswagen Polo de color azul que declaró que le había prestado su hermano. Estaba vestido de uniforme. Según su versión, vio a un hombre en una moto atrás suyo que se puso el casco, se le acercó y se detuvo del lado derecho al frenar en un semáforo; en la vereda vio a alguien que “le pareció” que debajo de un bulto tenía un arma; y del lado de su ventanilla apareció otro que, aseguró, le golpeó la cabeza con un revólver calibre 22 y forcejeó con él, mientras del lado derecho otro le tiraba del brazo para impedir que tome su arma y así llevarse su celular “moto E” de Movistar. Cuando logró zafarse de esta última persona tomó su arma –siempre según su relato– gritó “alto, policía” y la persona del otro lado intentó gatillar pero según Montes no salió el disparo. Entonces es él quien disparó, pero asegura que “la persona sigue corriendo hacia la villa Los Eucaliptos y los perdí de vista”. Montes justificó su huida y que no denunció los hechos de inmediato, aunque está obligado, por “temor a represalias de los familiares que repelan contra mí o contra el auto que me habían prestado”.
Lo cierto es que dos disparos entraron por la zona lumbar y lesionaron el pulmón, el bazo, el diafragma y el corazón de Fabián. El tercero impactó en la parte posterior del muslo. Dos testigos, uno amigo de Fabián y el otro un hombre que atiende un taller mecánico en la avenida La Plata, relataron con detalle, en especial el primero, que Fabián estaba solo, cruzando la calle, que no tenía armas y no había hecho nada. En la zona aparentemente no andaban las cámaras, por ende no hay imágenes como parte de la prueba. Los casquillos hallados eran de la pistola reglamentaria que llevaba Montes. No aparecieron otras armas ni hay constancias de que le hayan robado el celular.
La fiscal Gallo planteó que había sido un homicidio liso y llano, una ejecución, y que Montes inventó un relato para argumentar que actuó en legítima defensa. Luego el juez Martín Nolfi afirmó que no hay ninguna evidencia en la causa que permita suponer que actuó “en legítima defensa o, en su defecto, por el exceso de esta última”. “Su versión de lo ocurrido se muestra solitaria dentro del complejo probatorio, no encontrando respaldo en ninguna de las circunstancias descriptas”, señaló su resolución firmada esta semana. Según el juez está probado –y son elementos en su contra– que efectuó varios disparos, cinco al menos, que se fugó, que no denunció pese a tener la obligación de hacerlo y se fugó. “La víctima –concluía el fallo– se hallaba de espaldas y sin desplegar acción alguna que pudiera entrañar grave o inminente riesgo para la vida o integridad del imputado, quien omitió dar cuenta de lo sucedido, con el afán de alanzar su impunidad”.
“En el escenario de notable disciplinamiento judicial que hay, este fallo es excepcional. En caso de Chocobar, por ejemplo, se debería haber aplicado el homicidio calificado por la condición de policía igual que en el caso de Montes. Porque también disparó por la espalda cuando la víctima huía y no había amenaza. Pero se le aplicó el ‘exceso’ en legítima defensa y luego la cámara modificó la calificación por homicidio agravado por la utilización de arma de fuego también en exceso de cumplimiento del deber. Al menos no fue sobreseído”, señaló María del Carmen Verdú, abogado de la Coordinadora contra la represión policial e institucional (Correpi), que es abogada de la familia de Fabián. La diferencia es entre una pena que puede ser a prisión perpetua y otra que puede ni siquiera ser de cumplimiento efectivo.
La Correpi sostiene de acuerdo a sus estadísticas, que desde que asumió el gobierno de Cambiemos “un pibe es fusilado por las fuerzas represivas del Estado cada 23 horas”. La “doctrina Chocobar” exaltada por el Presidente y su ministra Bullrich no hizo más que institucionalizar y alentar la máxima violencia policial, la transgresión de los principios elementales de uso progresivo de la fuerza que son obligatorios y que implican que –por ejemplo– en una persecución la fuerza letal solo se puede usar como último recurso cuando es necesario proteger la vida de alguna de las personas que están involucradas, ya sea el personal policial u otra persona. Se habla de “exceso” en la legítima defensa cuando el policía o la policía cometen un error o negligencia. Pero si se califica como héroe al policía que mata por la espalda lo que se busca instalar –según planteó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en medio del debate– es una falsa dicotomía que opone la supuesta existencia de un “garantismo que conduce a la impunidad de los delincuentes y que la alternativa a ello es soltarle la mano a la policía para que actúe sin respetar las reglas”. El organismo advirtió que el Gobierno promueve el uso irracional de la fuerza y la ausencia o debilitamiento de controles políticos y judiciales.
El asesinato de Fabián Enrique fue uno de los primeros tras el efecto Chocobar. Hubo otros en Quilmes también, como el asesinato de un chico de 19 años que supuestamente querían robarle a un policía de la Ciudad, de la Comisaría 28 y un agente de Quilmes mismo que le disparó a su ex novia cuando iba a denunciarlo por violencia de género; en Tucumán, en las Talitas, la policía entró a una casa buscando a un supuesto delincuente y cuando su hermano, Alexis Noguera, lo quiso defender de los golpes, le dispararon una posta de goma en la cara y murió al día siguiente; también en Tucumán fue asesinado un niño de 12 años, Facundo Ferreiara, en medio de una persecución policial en moto, lo acusaban de estar armado y hasta ahora lo único certero es que el examen toxicológico de los policías mostró que uno de ellos había consumido cocaína y estaba alcoholizado. En este último caso, Bullrich salió también en defensa de los agentes, dando por hecho que el chico disparó, con una frase que explica la cobertura también judicial que existe en la gran mayoría de los casos: “si se dispara por la espalda o no, es un detalle”. Cuando una resolución judicial, como la que responsabiliza a Montes y determina su prisión preventiva, se corre de esa filosofía, a duras penas es considerada noticia.
