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El flujo de dólares del exterior se frenó a fines de enero. El cierre de esa puerta es el disparador clave para entender la impactante corrida de las últimas dos semanas. La leve suba de la tasa de interés internacional, el impuesto marginal a las Lebac en manos extranjeras, la disputa política de baja intensidad con la oposición por las tarifas o las conocidas peleas de gabinete con la consiguiente descoordinación de la gestión fueron movimientos que, si Wall Street no hubiera cerrado la canilla de dólares, no habrían generado la reacción de huída de grandes fondos de inversión. Esos factores no pudieron ser motivos para provocar la mayor devaluación después de la aplicada en los primeros días del gobierno de Mauricio Macri, debido a que ya estaban presentes antes de la intervención más abultada de la historia del Banco Central. Esos argumentos justificatorios del veloz ajuste del tipo de cambio, desplegados por economistas del establishment, desvían la atención sobre lo importante. El único pulmotor para mantener con vida la economía macrista, que estructuralmente es insustentable por la fragilidad de su sector externo, es el financiamiento del exterior. Si esa vía de auxilio queda desconectada, como ha sucedido en estos meses, el ahogo es tan inmediato como implacable. Sin el flujo constante de dólares, ya sean provenientes de la emisión de deuda o tentados por la bicicleta financiera de la Lebac, el rey queda desnudo. El gobierno lo vistió rápido con algunos harapos, con el objetivo de volver a seducir a los dueños de los dólares financieros, lanzando en forma desesperada medidas que profundizan el ajuste por vía de las restricciones monetaria (alza de la tasa de interés) y fiscal (reducción del gasto público).
En las narices
La última bocanada de oxígeno fue recibida a principios de este año (4 de enero) por 9000 millones de dólares. El monto total fue 10.750 millones de dólares incluyendo las emisiones de bonos corporativos: Genneia por 150 millones (23 enero); MSU Energy por 600 millones (25 de enero) y Aysa por 500 millones (25 enero), de acuerdo al seguimiento que realiza la firma Research for Traders. No sólo dejaron de ingresar dólares financieros por la colocación de deuda, sino que empezaron a irse en cantidad los que vinieron a obtener una renta extraordinaria con el juego especulativo propuesto por el Banco Central de Federico Sturzenegger.
El ministro de la Deuda, Luis Caputo, afirmó en la conferencia de prensa, que compartió con el secretario de Hacienda con cargo de ministro, Nicolás Dujovne, que “en 2018 no tomaremos más deuda en el mercado internacional”. Es una versión compasiva de lo que, en realidad, fue el portazo que recibió de sus amigos de Wall Street. Caputo decía que tenía asegurado el 75 por ciento del plan de financiamiento de este año, porcentaje que ahora elevó de 80 al 85 por ciento con el ajuste fiscal anunciado anteayer. Al mencionar que el saldo restante será cubierto con emisión de deuda en el mercado local, reconoció que Wall Street le cerró la puerta.
A principios de marzo pasado, Caputo viajó a Nueva York junto con sus colaboradores más estrechos para reunirse con bancos y administradores de grandes fondos de inversión, recibiendo como respuesta que lo quieren mucho porque lo consideran uno de ellos, pero le indicaron que no intente emitir más deuda argentina en el exterior. La versión oficial maquilló este fracaso de seducción a capitales financieros diciendo que el gobierno decidió no colocar nuevos bonos en el exterior para no afectar las cotizaciones de los papeles ya emitidos.
La última prueba de amor de Wall Street hacia la Argentina fueron esos 9000 millones de dólares de nuevos bonos, billetes que casi todos ya fueron dilapidados por el Banco Central para atender la corrida. En enero ingresaron por la puerta de la deuda, y a fines de abril se fueron por la puerta de la fuga.
La sequía
El cierre del grifo de Wall Street no fue sólo para el gobierno, sino que se extendió a empresas y provincias. La seguía de dólares financieros es generalizada. Córdoba no pudo emitir papeles de deuda por 500 millones de dólares y Buenos Aires iba a colocar bonos en el exterior, pero no pudo y decidió lanzarlos en la plaza local. Lo mismo le sucede a otras provincias necesitadas de financiamiento.
Ni bonos corporativos ni nuevas acciones de firmas argentinas quieren comprar los fondos del exterior. Los planes de colocación de esos papeles fueron postergados una y otra vez en estos meses. Varias empresas quisieron salir a distribuir una porción de sus acciones en el mercado y no pudieron hacerlo: Bioceres, Raghsa, Distribuidora Gas del Centro, Molinos Cañuelas y Laboratorio Richmond. El Banco Hipotecario también postergó la decisión de ampliación de capital y oferta pública de acciones.
Cuando hubo empresas que igual continuaron con el plan de venta de una porción de sus acciones, el precio obtenido fue por debajo del piso establecido en la oferta inicial. Ese fue el saldo para Central Puerto y Corporación América, que recaudaron menos de lo previsto.
Los casos más destacados de las firmas que fueron a buscar fondos con la emisión de bonos y no pudieron fueron el Banco Ciudad, por hasta 500 millones de dólares con bonos regidos bajo la ley Nueva York, nominados en peso-linked (ajustado por el tipo de cambio), siendo los bancos HSBC y Nomura organizadores de la operación; Petroquímica Comodoro Rivadavia, por 400 millones de dólares; Camuzzi Gas Pampeana, por 300 millones; y Telecom, por 1000 millones de dólares, bonos que tenían demanda pero los inversores exigían una tasa más elevada que la empresas no quiso convalidar.
El 26 de abril pasado, Transportadora de Gas del Sur pudo abrir una pequeña grieta en el muro de Wall Street, al emitir bonos por 500 millones de dólares, pagando una tasa de 6,75 por ciento anual. Esta colocación abre expectativas entre operadores y funcionarios de Finanzas a una reapertura del mercado internacional para bonos argentinos y, de ese modo, poder reconectar el pulmotor a la economía macrista.
Liquidación
Con la insólita estrategia financiera y cambiaria de vender reservas y luego devaluar (ver aparte), el Banco Central perdió 8682 millones de dólares. La secuencia fue la siguiente: en marzo, rifó 2040 millones; en abril, 4730; y en tres días hábiles de mayo, 952 millones. No hay antecedentes de semejante liquidación de reservas en tan corto período, ni en los meses más críticos de fuga del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, antes de la instrumentación de un régimen restrictivo de acceso a divisas.
La corrida fue veloz y violenta porque había condiciones para que así sea debido a la amplia desregulación del mercado cambiario que implementó la gestión de Federico Sturzenegger en el Banco Central. Eliminó cualquier control sobre capitales especulativos, medida prudencial que recomienda hasta el Fondo Monetario Internacional. Suprimió la obligación de liquidar dólares a los exportadores, minimizando que una restricción estructural de la economía argentina es la escasez de divisas y que, en situaciones de corrida, esos billetes resultan fundamentales. Fomentó un endeudamiento de cortísimo plazo generando una inmensa burbuja especulativa de Lebac, que no sirvió para impulsar un proceso de baja de la inflación, como se lo había propuesto Sturzenegger, y ahora actúa como una amenaza latente sobre las reservas.
El próximo vencimiento es dentro de dos martes (15 de mayo) y es récord por la magnitud, al sumar casi 680 mil millones de pesos, equivalente al 55 por ciento del stock total. La muy fuerte suba de la tasa de interés pretende seducir a inversores en Lebac para que no abandonen ese activo para pasarse al dólar. El JP Morgan y otros grandes operadores del mercado financiero aceleraron el desarme de sus posiciones en Lebac, decisión que se reflejó en la fuerte caída de reservas internacionales.
La suba de la tasa de interés es el anzuelo para seguir cautivando a los capitales para que no abandonen las Lebac. Colocar la tasa en el 40 por ciento anual, nivel que provoca irritación y desconcierto, no necesariamente es alta en términos nominales si las expectativas de inflación y de devaluación se han disparado. La meta del 15 por ciento no existe; la estimación del 20 por ciento en el promedio de los pronósticos de la encuesta REM del Banco Central es irreal ni la del 25 por ciento que estiman algunos consultores luego de la corrida. Con la última suba del tipo de cambio y la confirmación del sendero del tarifazo en el año (gas, luz, agua y transporte), el nuevo piso de la inflación anual se ubica cerca del 30 por ciento. En relación a ese porcentaje tiene que evaluarse el nivel de la tasa de interés para atraer a inversores extranjeros.
Dólar futuro
Las bancas centrales tienen varias herramientas de intervención en el mercado financiero para evitar la volatilidad de variables claves que afectan la estabilidad económica. La tasa de interés, la compraventa de divisas, transacciones de mercado abierto con títulos públicos, la fijación de encajes bancarios y los contratos de dólar futuro. Por razones políticas, cuyo origen es la persecución a ex funcionarios, el gobierno de Macri impulsó una ridícula causa judicial conocida como “dólar futuro”.
La judicialización de ese instrumento de la política monetaria, con argumentos disparatados, limitó al Banco Central de Sturzenegger para utilizarlos, como lo hacen las bancas centrales ante escenarios de incertidumbre cambiaria.
Esa insólita causa judicial, promovida por Alfonso Prat Gay y Federico Pinedo, puede enviarse al archivo ahora que Sturzenegger anunció que intervendrá en el mercado con contratos de dólar futuro. El comunicado del BCRA, un par de horas previas a la apertura de la plaza cambiaria de anteayer, informa que “adicionalmente a la utilización de la tasa de interés, el BCRA continuará con todas sus herramientas de intervención en el mercado de cambios. Estas operaciones podrían ser concertadas tanto al contado como a término”. Estas últimas son las que se conocen como dólar futuro.
Del mismo modo que las operaciones pactadas en la gestión anterior no eran judiciables, tampoco lo son las definidas por la actual administración, como el fomento de la bicicleta financiera de las Lebac o vender reservas a precios bajos para luego devaluar la moneda. Sturzenegger y cada uno de los miembros del directorio del Banco Central tienen ahora motivos personales para exhortar a que sea desestimada la causa judicial de dólar futuro.
Pies de barro
El Instituto Internacional de Finanzas (IIF) es una asociación de reúne a los bancos, fondos de inversión y aseguradoras más grandes del mundo. Hace poco más de un mes, manifestó preocupación por lo que considera demora de la administración Macri en avanzar en un ajuste “profundo” que garantice la capacidad de repago a la creciente deuda externa.
El fuerte ajuste presentado por la dupla Dujovne-Caputo viene a dar respuesta a esa demanda, apostando a que de ese modo se descomprimirá las tensiones cambiarias y, fundamentalmente, volver a enamorar a Wall Street para que siga financiando a la economía macrista.
Es una relación de sometimiento conocida. El endeudamiento inicial genera un estado de bonanza ficticia, que en el caso del gobierno de Cambiemos significó solamente la posibilidad de fugar capitales sin restricciones. Luego, para continuar aportando dólares, el mundo de las finanzas exige más ajuste fiscal y monetario para garantizar el cobro de los intereses de esa deuda. Ese nivel de vulnerabilidad deriva en que cualquier medida sea evaluada como clave para la viabilidad del programa económico, ya sea una reforma laboral regresiva para los trabajadores o un tarifazo de servicios públicos esenciales para la población.
Es la misma trampa a la que fue lanzada la economía durante la década del 90, y ahora se repite como si nada hubiera pasado ni nada se hubiera aprendido de esa traumática experiencia. En este caso, además, con un manejo de la crisis cuya evaluación oscila entre la impericia de aficionados y la picardía de funcionarios para facilitar negocios de bancos amigos.
La receta ortodoxa asegura que el alivio del sector externo provendrá del ajuste fiscal. Sin embargo, más allá de ese esquema analítico convencional, la economía argentina está condicionada por una dinámica del sector externo que no está vinculada al recorrido de las cuentas públicas. El desequilibrio de la Cuenta Corriente alcanzó casi los 31 mil millones de dólares en 2017, equivalente al 4,9 por ciento del PIB, con tendencia a aumentar en este año.
El reciente informe de Fide explica que la decisión de desregular plenamente la cuenta capita, en un contexto de ampliación del desequilibrio externo, que superaría el 5,0 por ciento este año, y las permanentes pulsiones dolarizadoras de los agentes económicos “redujeron sensiblemente los espacios del BCRA para garantizar una estabilidad sostenible en el tiempo”.
La restricción que enfrenta la economía macrista es que no aparecen fuentes alternativas de dólares suficientes para compensar la interrupción del flujo de financiamiento externo. Una de las principales, la proveniente del campo esta debilitada por la sequía, además por las regulaciones del Banco Central que eliminó los plazos de liquidación de divisas y por el cronograma de reducción mensual de retenciones a la soja que desalienta las liquidaciones.
Para evitar nuevos saltos del dólar la variable clave es la tasa de interés. Colocarla en el 40 por ciento anual puede restablecer transitoriamente cierta tranquilidad en el mercado cambiario. Dure días o algunos meses, la corrida, la pérdida abundante de reservas y la devaluación no deseada dejaron expuesta la inquietante fragilidad de la economía macrista.
