En el fútbol no todo es lo que parece. El gobierno nacional no paga la cuenta que le debe a la AFA porque quiere imponerle a la sociedad Turner-Fox como licenciataria de los derechos de televisión. Su problema no es de caja como aduce y sí por favorecer a determinados intereses. Los dirigentes declaran que sacarían más dinero si acuerdan con la cadena ESPN. De una licitación transparente ya ni se habla. La Casa Rosada quiere pagarles a los clubes 180 millones de pesos por la rescisión del contrato del Fútbol para Todos que vence en 2019 y éstos pretenden 700, más la suma anterior. 

Las reuniones se multiplican porque hay demasiado en juego. Hoy habrá otra entre presidentes de instituciones de Primera División. Se juntarán a las 12 en el hotel Savoy. El grupo Clarín se mantiene al margen de las negociaciones, pero sería el gran beneficiario de los negocios por venir como distribuidor de los contenidos. 

Cablevisión, su empresa más rentable, tiene más del 45 por ciento del mercado bajo su control y durante el año que se va aumentó el abono básico desde 692 pesos en enero pasado a 1103 doce meses después. Casi un 47 por ciento. Hay que sacar bien las cuentas para saber quiénes son los damnificados de un conflicto que se agrava con el paso de los días. Algunos clubes podrían cerrar sus puertas y otros ya no reciben ingresos para pagar los salarios. Si los futbolistas no cobran, qué quedará para los empleados de Utedyc, el último eslabón de una cadena que se rompería en cualquier momento.

El acuerdo entre la Casa Rosada y la entente Fox-Turner es un secreto mal guardado. PáginaI12 lo confirmó por tres fuentes distintas. Una de la industria de medios y dos del fútbol. “Las cadenas se llamaron a silencio porque se lo habría pedido el Gobierno. La oferta inicial de 2200 millones anuales por los derechos de TV ya subió a 2800 y podría escalar todavía más. La operación se completa con que Cablevisión y DirecTV serán los distribuidores de los contenidos. Y el fútbol iría por el sistema codificado, no estaría en el abono básico, salvo los partidos menos importantes. Es un sistema parecido al que usaba Torneos”, describe Horacio Gennari, consultor de medios y hombre cercano a Turner. 

Nicolás Russo, el presidente de Lanús, integra el grupo de dirigentes que negoció con Espn y los españoles de Mediapro (también llamado Imagina). Se queja de lo que está pasando con una metáfora futbolera: “Todos los días te corren el arco”. Después avanza en su análisis: “El Gobierno dice que habrá tanto dinero por esto, esto y esto, como si quisiera imponer a un candidato a presidente en la AFA. Además pretende rescindir el contrato de Fútbol para Todos a cambio de nada. Nos ofreció 350 millones de pesos, pero ese dinero ya se lo deben a los clubes por los meses que no cobramos este año”. Según él, Lanús no percibió algo más de 15 millones de pesos. Russo defiende la opción de Espn porque “permitiría que los partidos se vean por el abono básico del cable y no pagando aparte”. Esta cadena, de cualquier modo, debería negociar con un distribuidor como DirecTV o la propia Cablevisión.  

Otro presidente de Primera División que pidió mantener su nombre en reserva fue taxativo cuando denunció el acuerdo entre el Gobierno y Fox-Turner: “Me consta por otros dirigentes que les bajaron este mensaje: la plata está pero si cierran con las dos empresas. Es una vergüenza grande como una casa. En el fondo este es un arreglo funcional a Clarín”.

Las perspectivas de conseguir un acuerdo beneficioso para los clubes no son alentadoras para sus dirigentes. Desde la patética votación en la AFA del 38 a 38 de diciembre de 2015, su credibilidad fue en franco declive. Pero además, la comisión regularizadora que conducía Armando Pérez –y ahora el abogado Javier Medin por la internación de aquél– no los representa en sus aspiraciones. Más bien, la vinculan al gobierno nacional y ya ni siquiera a la FIFA que, en los papeles, la designó. 

Las diferencias y peleas por la caja entre los directivos no son el único problema. Tampoco el vacío de poder que dejó la muerte de Julio Grondona el 30 de julio de 2014. Ahora hay algo más inquietante. Se agregó un conflicto de intereses que el gobierno de Mauricio Macri estimula en beneficio de un grupo económico y en detrimento de otro. Y que además utiliza para pedirle rendición incondicional al fútbol.  

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