A los 91 años, sepultado por la historia desde hacía mucho tiempo y tras pasar diez de ellos en prisión por crímenes de lesa humanidad, murió ayer el dictador uruguayo, Gregorio “Goyo” Álvarez, debido a una falla cardíaca. Desde los organismos defensores de derechos humanos rechazaron que se trate de justicia, debido a que aún continúan en la búsqueda de los desaparecidos.
“El fallecimiento ocurrió a las tres de la mañana del miércoles”, dijo una fuente del Ministerio de Defensa. “Álvarez tendrá un velorio privado en el (cementerio) parque Martinelli a las afueras de Montevideo”, comentó otra fuente de la cartera, sin dar más detalles. El pasado 17 de diciembre, se cumplieron 9 años del procesamiento penal de Álvarez, quien fue el último militar que ejerció el poder durante la dictadura (1981-1984)y era considerado una figura clave en el golpe militar de 1973.
El ex dictador, quien sufría demencia senil, cumplía una condena de 25 años de cárcel tras ser sentenciado en 2009 por la desaparición de 40 personas trasladadas desde Argentina durante su mandato. Según la Comisión para la Paz, que investigó entre 2000 y 2003 los casos de desapariciones, en Uruguay hubo unos 230 desaparecidos en el marco del Plan Cóndor de coordinación represiva de los regímenes militares sudamericanos en los años 70 y 80. A diferencia de otros países de la región, donde hubo miles de desaparecidos, en Uruguay la metodología fue la prisión masiva y prolongada de los opositores, con unos seis mil presos políticos sobre una población de 3,2 millones de habitantes.
Víctimas de la dictadura y defensores de derechos humanos recordaron a las decenas de desaparecidos, torturados y asesinados durante el régimen. “Lo primero que pensé es que se murió con el secreto de todos los que desapareció y asesinó’’, dijo Beatriz Benzano, quien forma parte de un grupo de 28 mujeres ex prisioneras de la dictadura que en 2010 denunciaron haber sufrido abusos sexuales durante sus detenciones.
Para Benzano, ex integrante de la guerrilla Tupamaros de la que también formó parte el ex presidente José Mujica, el ex dictador no tuvo una sanción adecuada, por considerar que estuvo encarcelado con todos los beneficios, conservando su cargo de general. “Secuestros de niños, robo de niños, desapariciones, violaciones a hombres y mujeres. Tiene una lista interminable de crímenes’’, comentó con amargura Benzano, quien fue detenida en 1972 y estuvo presa durante cuatro años. El 25 de junio de 1972 los Tupamaros asesinaron al hermano del entonces futuro dictador, el coronel Artigas Álvarez, y ese hecho marcó a fondo su derrotero militar y político.
El abogado Oscar López Goldaracena, quien fue parte demandante en el juicio contra Álvarez, dijo: “El día de hoy, yo quiero recordar a todas esas víctimas de la dictadura. Con el mayor de los respetos, un violador, un asesino, un torturador, un desaparecedor no se redime con la muerte’’, dijo el abogado en declaraciones al canal 10. Por su parte, el diario El Observador publicó en su página de internet la noticia bajo el titular: “Sepultado por la historia’’, mientras otros medios locales divulgaron la noticia, pero sin publicarla como nota de portada.
Conocido como “El Goyo’’ y nacido el 26 de noviembre de 1925 en una familia de militares, fue el tercero en llegar a general. Escaló posiciones hasta comandar la división del Ejército en Lavalleja (de donde era oriundo y que fue conocida como “la república del Goyo”) para saltar luego a la comandancia del Ejército. Álvarez llegó a la Presidencia de facto el 1 de septiembre de 1981 tras desplazar a Aparicio Méndez –quien había sido nombrado por los militares y cuando ya la mayoría de los uruguayos había expresado su rechazo a la dictadura en el plebiscito de 1980.
Fue invitado a integrar la logia militar Teniente de Artigas y la Masonería, pero no aceptó. En cambio, se introdujo de lleno en el denominado “Operativo Conserva”, un contrato firmado en 1982 entre el gobierno y una empresa privada para exportar carne a Argentina. El directorio de uno los frigoríficos que recibía beneficios especiales para participar del negocio estaba integrado por la esposa del dictador. Pero, progresivamente, los militares más aperturistas le fueron restando su apoyo y tras las elecciones de 1985, que ganó Julio María Sanguinetti (del Partido Colorado), Álvarez le entregó provisoriamente el gobierno al entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Addiego.
En 2007 comenzaron los procesos judiciales en su contra, que lo confinaron en la cárcel de la calle Domingo Arena, un centro de reclusión, vecino de un cuartel, especialmente acondicionado para recibir a militares violadores de los derechos humanos. Álvarez fue procesado como coautor de reiterados delitos de desaparición forzada vinculadas a los traslados clandestinos de detenidos desde Argentina ocurridos en 1978, cuyos protagonistas fueron asesinados. Luego, se le agregaron otros delitos como el del homicidio de 37 personas cuando ejercía la comandancia del Ejército. La condena sumó 25 años de cárcel.
