El Estado resignó ingresos fiscales por 2000 millones de pesos en abril. La pérdida de recursos impositivos es resultado directo de la reducción de las contribuciones patronales que entró en vigencia el mes pasado. La medida aprobada a fines de 2017 contempló una reducción en las alícuotas y la creación de un Mínimo No Imponible (MNI) para el pago de las cargas con el objetivo de reducir los “costos de contratación”. Con esos cambios las empresas se ahorrarán alrededor de 29.000 millones de pesos este año. La transferencia de fondos de la seguridad social hacia el sector privado se abultará para escalar hasta los 153.000 millones de pesos en 2022. 

Como la normativa previó la rebaja generalizada de las cargas sociales a todas las empresas de manera incondicional y sin exigir contraprestación alguna, la mayor parte del beneficio impositivo es apropiado por grandes compañías. Estimaciones realizadas por el Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (Cetyd) muestran que 45 de cada 100 pesos quedan en las arcas de las empresas con más de 200 trabajadores, que representan el 1 por ciento del total de los empleadores del país. Las firmas con menos de 9 trabajadores, que explican el 89 por ciento del empresariado nacional, representarán apenas 19 de cada 100 pesos de rebaja de contribuciones.

La puesta en marcha de los cambios impulsados por el Ministerio de Hacienda para “aumentar la demanda de trabajo” comenzó a observarse en la recaudación tributaria de abril. Los datos de la AFIP mostraron una diferencia significativa entre la variación interanual del monto recaudado por aportes personales y por contribuciones patronales que suelen registrar variaciones de similar magnitud. Mientras que los aportes crecieron un 26 por ciento, las contribuciones patronales lo hicieron un 20. La diferencia entre lo efectivamente recaudado por contribuciones y lo que podría haber ingresado considerando la variación porcentual de los aportes personales permite estimar el primer impacto que tuvo la medida para los recursos de la seguridad social: fueron alrededor de 2000 millones de pesos. 

“La política de reducción de contribuciones patronales ya ha demostrado en el pasado y con sobrada evidencia que no logra cumplir con el objetivo de promover el crecimiento del empleo formal”, remarca el Cetyd que depende de la Universidad de San Martín. Los investigadores del centro de investigación que encabeza el legislador porteño y ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada, advierten que la implementación de esas medidas “produce consecuencias graves en la generación de recursos propios para el sistema de seguridad social, afectando los derechos de los trabajadores considerados en forma conjunta entre la etapa activa y la pasiva”. Entre 1993 y 1999, la combinación de la reducción a las contribuciones patronales y las políticas de flexibilización laboral representaron una transferencia superior a los 19.000 millones de dólares por parte del Estado hacia el sector empresario.

El Mínimo No Imponible para el pago de las contribuciones patronales exime a todas las empresas del impuesto para los 12.000 pesos de remuneración bruta mensual actualizables por el IPC pero la iniciativa. Los cambios se complementan con una rebaja en las alícuotas que pagan los empleadores. Desde el Cetyd proyectan que la contracción en la recaudación por contribuciones patronales ascenderá al 21 por ciento en 2020 y al 36 por ciento en 2022. El informe indica además que la mayor parte de los recursos, 62 de cada 100 pesos que cederá el Estado, serán apropiados por firmas grandes con más de 50 trabajadores. Bancos, supermercados, tiendas de ropa y cadenas de electrodomésticos son los sectores más beneficiados por los cambios.