Tras el acuerdo de saturación policial alcanzado entre vecinos del barrio de Flores y el gobierno porteño, luego de los incidentes en la comisaría 38º por la muerte de Brian, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) alertó sobre los efectos transitorios y discriminatorios que tienen las prácticas tradicionales de seguridad con impronta policial. El acuerdo se produjo a pocas semanas de estrenarse la nueva policía de la Ciudad, que no viene a ser otra cosa que la Federal y sus prácticas tradicionales, a cargo de la CABA. “La discusión sobre seguridad no puede dejar de lado cómo funciona la policía”, dijo a PáginaI12 Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del CELS.

“En la respuesta que Martín Ocampo (ministro de Seguridad de la Ciudad) dio a los familiares (de Brian Aguinaco, el adolescente baleado en medio de un robo) no se verifica que se tome en cuenta cómo funciona la policía –señaló Litvachky–. Se diluyó el reclamo por la connivencia de la policía con el delito, y se traslado la respuesta a más policía en la calle. Cuando la demanda son los graves problemas de complicidad con redes de violencia.”

En este sentido el CELS difundió un comunicado bajo el titulo “Controlar a la policía, no a los pobres, para disminuir la violencia”.

La ONG especializada en Derechos Humanos remarcó que el gobierno porteño respondió con las recetas tradicionales de mayor presencia policial y control poblacional, y que “otras opciones, como afrontar la corrupción policial y la connivencia de las fuerzas de seguridad con las redes delictivas o trabajar seriamente sobre el mercado ilegal de armas de fuego, fueron nuevamente dejadas de lado”. 

El documento también explicó que “la saturación policial puede disminuir algunos tipos de delito pero sus efectos son transitorios si no se ponen en marcha reformas de fondo que transformen la actuación policial. Al mismo tiempo, si no se despliegan políticas de seguridad no policiales, las medidas pierden eficacia y la saturación territorial de policías se degrada en situaciones cotidianas de abuso hacia los habitantes de los barrios pobres. Con el tiempo, estas situaciones conducen a reforzar las dinámicas de violencia que se decía querer atacar”.

Litvachky apuntó que “la saturación policial y el control de la población genera un tipo de mensaje que parece que resuelve los problemas de  seguridad. Pero la respuesta policial dura se da sobre ciertos barrios que ya vienen sufriendo violencia y discriminación, y no van a resolver la circulación de violencia sino que la van a agravar”.

En relación a los resultados de los operativos de control poblacional, que según sus impulsores sirven para prevenir el delito, y que ya se vienen aplicando, el informe “Hostigados: violencia y arbitrariedad policial en los barrios populares”, del CELS, la Asociación Pensamiento Penal (APP), Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Xumek), entre organizaciones, presentado en noviembre pasado, señaló que 150 mil personas fueron interceptadas, en los primeros tres meses del año en CABA y Conurbano. De estos, sólo el 0,3 por ciento (450 personas) fueron detenidas por diversos motivos. El 99,7 por ciento restante vieron vulnerados sus derechos constitucionales según el olfato policial.

“La demanda de seguridad en sí no se puede perder de vista. El problema es cómo se responde a estos reclamos”, dijo Litvachky. Frente a los pedidos de mano dura de algunos sectores desbordados por los hechos de inseguridad, la especialista sostuvo que “traducir las demandas en políticas que no sean duras, que sean democráticas y que no discriminen, es una responsabilidad del sistema político y de las organizaciones que intervienen”.

En este sentido, el texto del CELS remarcó que “en los últimos diez días ocurrieron graves casos de uso irracional de la fuerza por parte de efectivos de la ahora Policía de la Ciudad, uno de ellos con resultados letales (...). En los tres casos, efectivos traspasados de la PFA (Policía Federal Argentina) dispararon contra supuestos ladrones que, según testigos, se encontraban desarmados o no representaban amenaza contra la integridad física de los policías. No hubo ningún mensaje político orientado a desalentar estas prácticas policiales. En el día de hoy (por el pasado martes), una persona de 28 años murió en Mataderos  (...) al quedar en medio de un tiroteo”.

Al respecto, Litvachky subrayó que “hay una clara cuestión, y es que ni desde la Nación ni de la Ciudad hay un mensaje de que no se tolerarán estos hechos”.

El mensaje del CELS alerta sobre los problemas que deberá resolver el gobierno porteño con su nueva policía, dado que “las estructuras de control, investigación y sanción de la Policía Metropolitana demostraron ser muy débiles, en ausencia de una voluntad política explícita de controlar la violencia de esa fuerza. Hoy el Gobierno de la Ciudad no puede repetir ese esquema, ya que de hacerlo, con miles de ex policías federales bajo su jurisdicción los resultados serán mucho más graves”.