¿Por qué los rectores han logrado constituirse como el actor que tiene los atributos técnicos y políticos para conducir la política universitaria nacional?”, es la pregunta central del libro del sociólogo Fabio Erreguerena, El poder de los rectores en la política universitaria argentina 1985-2015, publicado por Prometeo. La obra se propone explicar una particularidad que diferencia a Argentina de otros países de la región y del mundo: el hecho de que sean sólo rectores o ex rectores quienes durante las últimas dos décadas han sido reclutados desde el Estado para dirigir la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), el área que conduce a la educación superior nacional. Mientras que en otros países la tarea suele estar a cargo de otros perfiles, como expertos en educación, planeamiento o economistas, en Argentina los rectores han logrado instalarse “en los dos lados” de la política universitaria, y allí han permanecido a través de los cambios de gobierno. Erreguerena da cuenta del cómo y cuándo de este proceso, que permite comprender también las transformaciones vividas por el sistema universitario desde la recuperación de la democracia. En diálogo con PáginaI12, analiza el panorama actual y el posicionamiento de los rectores frente al ajuste presupuestario.
–¿Cómo explica el poder particular que los rectores muestran en el sistema universitario argentino?
–En primer lugar, la elección de rectores en otros países tiene una dinámica más institucional, mientras que acá está precedida de una profunda discusión política e ideológica, y de la necesidad de tejer un conjunto de alianzas y acuerdos, que hacen que el rector tenga que tener un conjunto de características que lo diferencian de la media docente. Por otro lado, está la potente tradición autonómica de la universidad argentina. Si sos ministro de Ciencia y Técnica, podés definir una política y conducir a todo el sector hacia ese rumbo. En la política universitaria eso no pasa. La autonomía universitaria hace que tengas que sí o sí acordar con la cúspide del poder universitario y ahí están básicamente los rectores y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), aunque no están solos porque los consejos de decanos vienen en los últimos tiempos jugando un papel relevante también. Además, entre los factores históricos, hay que mencionar el empoderamiento del CIN en los años ‘80 y el papel clave que juega en la restauración democrática.
–¿Qué límites tiene ese poder? ¿Qué puede y qué no?
–Un ejemplo de su poder se mostró cuando en los primeros días de la gestión de Mauricio Macri se anunció que iba a estar a cargo de la SPU Juan Cruz Ávila, un productor televisivo egresado de una universidad privada, con un perfil muy distinto al de quienes suelen ocupar el cargo, que de alguna forma contrariaba las conclusiones de mi libro. Pero, en menos de una semana se dio marcha atrás y se terminó nombrando a Albor Cantard, entonces rector de la Universidad Nacional del Litoral y presidente del CIN, que era lo previsible. Ahora bien, ese poder tiene límites importantes. Se han visto muy claros en el último plenario del CIN, donde la misma SPU anunció un recorte de 3 mil millones de pesos, y los rectores, salvo emitir un comunicado expresando su preocupación, no han tenido mucho más margen para evitarlo. Hay siempre un equilibrio inestable entre el campo del poder estatal o gubernamental y el poder universitario, en donde los rectores son desafiados y muchas veces neutralizados, en general a través de los recursos, que siempre juegan un papel disciplinador muy fuerte. Por eso los rectores siempre han tenido una relación pragmática con el poder.
–¿Cuál es el panorama hoy?
–Ese costado pragmático está reforzado más que nunca. Hace 17 años un recorte presupuestario ocasionó la salida de Ricardo López Murphy del Ministerio de Economía, cuando en marzo de 2001 anunció un ajuste de 360 millones de dólares del presupuesto universitario. También produjo la renuncia del entonces ministro de Educación, Hugo Jury, entre otros funcionarios. El CIN convocó a marchas multitudinarias, donde los mismos rectores marcharon con los estudiantes. Hoy, el mismo radicalismo anuncia un recorte y solo hubo un comunicado. La situación es compleja porque hay un ministro de Educación que viene del peronismo, una SPU conducida por el radicalismo y hay un empate de fuerzas ahí que no permite tener un posicionamiento claro respecto de la política educativa y universitaria del Gobierno.
–¿Cómo impactó la creación de nuevas universidades durante el gobierno kirchnerista en el mapa del poder de los rectores?
–Históricamente el CIN se ha opuesto a la creación de nuevas universidades. De los 29 proyectos que hubo, en 23 casos el CIN tuvo dictamen negativo y sólo en 6 a favor. Lo que muestra es una puja por la distribución de recursos: si hay más actores hay que repartir más el presupuesto. Las nuevas universidades están destinadas a jugar un papel muy fuerte a la hora de la democratización de la educación superior y eso debería impactar en la política del CIN en el mediano plazo, pero aún no se ha registrado un impacto relevante. Su inserción social, la heterogeneidad social de sus matrículas y su dinámica mucho más flexible, las diferencian de las universidades tradicionales. También tienen una politización diferente. La mitad de las universidades creadas está en la Provincia de Buenos Aires.
–En el balance del análisis de los últimos 30 años del sistema universitario, ¿el poder de los rectores ha aumentado?
–Sí, fue creciendo y ganando en consolidar al rector como el agente que tiene los atributos técnicos y políticos para conducir, no sólo la política de las universidades, sino las políticas gubernamentales también. Han podido reconvertir un poder específicamente universitario en un poder burocrático estatal generando en Argentina un caso particular. El rector es interpretado como el perfil que puede garantizar la gobernabilidad del mundo universitario.
–A cien años de 1918, la Reforma Universitaria es continuamente evocada como modelo y referencia por distintos actores del sistema universitario. Pero, ¿cuánto hay de cierto en esas declaraciones?
–Es una reivindicación protocolar. Se evoca la reforma pero vaciada de contenido, porque las consignas que impulsaba, profundamente democratizantes de la estructura universitaria, hoy podrían cuestionar fuertemente los valores sobre los que está asentado el conjunto. Si los reformistas vivieran hoy, harían lo mismo que hicieron hace cien años, porque sus demandas no han sido satisfechas.
Entrevista: Inés Fornassero.
