El Gobierno informó ayer que en febrero del año próximo las cuotas de la medicina prepaga aumentarán un 6 por ciento. Originalmente, el incremento estaba previsto para enero, pero su aplicación se atrasó. El cambio permite distribuir la presión sobre el índice de precios, que en enero anotará el aumento del 8 por ciento en las naftas. El sector empresario celebra la suba de las cuotas y presiona para que se permita el cobro de copagos, una práctica que de todas formas a veces se efectúa a pesar de ser ilegal, según advierten las asociaciones de consumidores. El ajuste en las cuotas se sumará a un incremento del 43,5 aplicado este año, el cual se combinó con una suba promedio de 59 por ciento en el precio de los medicamentos.

A comienzos de diciembre, este diario informó sobre la suba en las cuotas de las prepagas prevista para enero. La versión provenía de las empresas y de los propios usuarios que comenzaron a recibir las notificaciones. Sin embargo, la Subsecretaría de Comercio Interior aclaró que “las notificaciones que reciben los usuarios de medicina prepaga no tienen validez ya que no existe ninguna resolución por la cual se autoricen aumentos en servicios a partir del 1° de enero de 2017”. Además, pidió que las boletas con aumentos no fueran abonadas.

El alivio para los usuarios duró poco. El Ministerio de Salud publicó ayer una resolución que autoriza a las empresas a incrementar el valor de sus cuotas en un 6 por ciento a partir del 1º de febrero de 2017. En febrero de este año, las prepagas obtuvieron una suba de 9 por ciento. Luego percibieron un 15 por ciento en junio, un 5 por ciento en julio y un 9 por ciento en octubre, acumulando un 43,5 por ciento en el año. “Es verdad que las cuotas aumentan y la gente tiene razón de quejarse, pero no es cierto que los planes tienen cada vez menos cobertura; al contrario, cada vez se cubre más”, argumentó Néstor Gallardo, de la Asociación de Entidades de Medicina Privada.

La intervención del Estado en la configuración del precio del servicio de prepagas data de 2011, cuando fue sancionado el marco regulatorio de las empresas de medicina privada (con abstención de los legisladores del PRO). Antes de esa norma, las prepagas podían subir las tarifas por su propia decisión mediante una comunicación previa a los usuarios. A partir de la ley, las cuotas se establecen en conjunto con la autoridad de aplicación, que realiza un análisis de la estructura de costos de las compañías. 

Desde la sanción de la norma las empresas reclaman que los aumentos de las cuotas estuvieron por debajo de los costos, aunque no dicen que antes de la ley las prepagas incrementaron los precios más que la inflación general. No es el único motivo de queja de parte de las empresas. La ley en 2011 también terminó con la carencia y la preexistencia, dos prácticas que utilizaban las prepagas para discriminar usuarios en contra de aquellos más costosos para el sistema, es decir, con enfermedades preexistentes. La carencia es el período inicial durante el cual el usuario no sería asistido gratuitamente por la prepaga en la totalidad de las prestaciones.

Además de la prepaga, el gasto en salud se concentra en los medicamentos. El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda relevó la evolución en los precios de 123 medicamentos representativos del consumo nacional y detectó que este año el 85 por ciento entre los de mayor demanda aumentó por encima de la inflación, mientras que los de uso más directo por los jubilados lo hicieron un 75 por ciento.