Ante lo expresado por el gobernador Miguel Lifschitz acrca de que que "llegó el momento de habilitar a los jueces provinciales para perseguir el narcotráfico", queremos señalar desde la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación que la provincialización de la persecución del narcomenudeo implica un abordaje de la problemática relacionada con las drogas desde la represión penal que en la práctica ha demostrado, sobradamente, que no tiene ningún beneficio ni respecto a delitos menores, narcotráfico y contrabando de estupefacientes. Lo que ha generado estadísticamente, tomando como referencia la provincia de Buenos Aires después de más de diez años de su implementación, es una baja muy considerable en las causas que se siguen por narcomenudeo así como las causas federales por narcotráfico teniendo como resultado el aumento de la población carcelaria y entorpeciendo el avance de la investigación de la Justicia Federal.
De los distintos análisis, surge que es debido a distintas causas. En primer lugar refieren a una cuestión logística, ya que el narcomenudeo ocupaba más del 50% de las causas que se tramitan en el ámbito federal. Si la policía y la justicia local tienen que prevenir y combatir estos hechos, se le estaría duplicando las tareas que a diario efectúan.
Pero lo más importante es que la baja de la cantidad de causas importantes de narcotráfico se produce porque el delito que se intenta reprimir es continuo en el tiempo, tiene alta complejidad y muchas ramificaciones de personas, incluyendo en muchos casos agentes policiales que se corrompen y pasan a ser integrantes de estas organizaciones criminales sobre todo teniendo en cuenta los casos emblemáticos en Santa Fe.
