La jueza porteña Paola Cabezas Cescato, que antes había suspendido la venta de los terrenos de Casa Amarilla del Club Atlético Boca Juniors, ahora declaró “la inconstitucionalidad” de la licitación abierta por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y determinó que las tres manzanas vuelvan a ser de utilidad pública para el barrio, por lo que deberán retirar las rejas y garitas que colocaron. El predio había sido adjudicado al club que preside Daniel Angelici para construir un estadio-shopping en el lugar que originalmente estaba destinado a un espacio público. 

“Fue tan escandaloso el accionar del Gobierno de la Ciudad, la Corporación Sur y el club, que no cabía la posibilidad de que se pudiera fallar de otra manera”, aseguró Natalia Quinto, referente de La Boca Resiste y Propone. Quinto, miembro de una de las organizaciones vecinales que presentaron un amparo contra la operación, afirmó que ayer recibió la comunicación de la sentencia del juzgado Nº 11 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, a partir de la cual “tienen que sacar las rejas y las garitas de seguridad que instalaron en los terrenos prontamente”.

Cescato, la jueza que tomó la causa luego de que la Cámara apartara al juez Guillermo Scheibler por un fallo a favor de los vecinos, hizo lugar al amparo colectivo presentado por las agrupaciones en febrero de este año contra la operación de Larreta “por no existir ninguna ley de la Legislatura de la Ciudad que la autorice”. En ese momento, también invalidó la licitación que se le había concedido a Boca Juniors por 180.600 millones de pesos. Los vecinos creen que Larreta apelará la medida judicial, aunque destacaron que es la “tercera instancia judicial por la que pasa”. “Hasta ahora no han logrado que ningún juez, ni amigo como no amigo, les haya dado la razón”, señaló Quinto. 

Scheibler había resuelto en junio del año pasado que la venta se había realizado sin la aprobación de la Legislatura. El magistrado había apuntado que el artículo 82 de la Constitución de la Ciudad establece la necesidad de una mayoría calificada de dos tercios del total de los miembros de la Legislatura para aprobar “la disposición de bienes inmuebles de la Ciudad” y que dicho cuerpo colegiado “no puede delegar sus atribuciones”.

El predio había sido vendido por el Gobierno porteño al club mediante el pago del 5 por ciento del valor total (180 millones de pesos) y un financiamiento a 14 años. Las tierras eran propiedad del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y estaban destinadas para la construcción de viviendas sociales. 

La jueza Paola Cabezas Cescato dispuso la “nulidad absoluta de todos los actos jurídicos que fueron realizados y/o se comenzaron a realizar como consecuencia del dictado de la Resolución N°207/CBAS/2015 (que es la cesión de los terrenos de Casa Amarilla a la Corporación Buenos Aires), y en particular, la nulidad absoluta total de la compraventa celebrada el día 15 de junio de 2016”, entre la Corporación y el club Boca Juniors.

En su decisión, la jueza no hizo lugar al pedido de los vecinos de hacer lugar al amparo por amenaza al medioambiente, porque consideró que no estaba probado y porque los solicitantes daban prioridad a la cuestión de la inconstitucionalidad.