El oficialismo logró ayer que se convirtiera en ley la reforma del marco regulatorio del mercado de capitales. Mientras el Gobierno continúa haciendo malabares para contener los efectos que generó la desregulación del sistema financiero, la cámara de Diputado flexibilizó todavía más esos controles. La denominada Ley de Financiamiento Productivo fue aprobada en la Cámara baja con 158 votos a favor, 70 en contra y cuatro abstenciones. Desde Cambiemos celebraron la votación y aseguraron que esta reforma acerca al país a la meta de ser categorizado economía emergente, aunque la crisis que vive la Argentina torna dudosa una mejora en su calificación crediticia. El oficialismo publicitó la medida con el argumento de que potenciará el financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, pero se enfoca en relajar controles regulatorios y en permitir nuevos instrumentos financieros para la especulación como las letras hipotecarias y derivados o sintéticos con garantía en otros activos. 

El oficialismo y aliados contaron con el apoyo del Frente Renovador, el Bloque Justicialista y el Peronismo Federal para la aprobación de la ley, mientras que votaron en contra el Frente para la Victoria, la izquierda y el moyanismo.  La ley modifica la anterior reforma que había aprobado por amplia mayoría el Congreso en 2012. De hecho, en su redacción se desmantelan muchos cambios previos, principalmente concernientes a la regulación del sistema financiero, introducidos en esa reforma. Entre las medidas que esta “reforma de la reforma” desanduvo se encuentra la facultad de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para designar veedores con poder de veto en los directorios de las empresas. Esta potestad había sido muy cuestionada por parte de los grandes holdings empresarios, quienes se sintieron “observados” e hicieron presentaciones judiciales para desactivar cualquier intento de regulación y protección a inversores minoristas por parte de la Comisión de Valores.

“Parece mentira que con la situación que está atravesando el país, con la enorme inestabilidad que se está mostrando en los mercados e incertidumbre que trajo justamente la política económica de este Gobierno, hoy estemos por votar un proyecto como este”, afirmó el diputado nacional Axel Kicillof (FpV). Según el ex ministro de Economía, la ley genera “más desregulación y menos control al sector financiero, que es el que produjo los acontecimientos que hoy estamos viendo”. Pese a las dilaciones en su tratamiento, debido al efecto “Puerta 12” que generó el paquetazo de reformas de diciembre, el Gobierno mostraba cierta impaciencia para que este proyecto flexibilizador se convirtiera en ley. La norma venía del Senado con modificaciones en el texto que, ayer en Diputados, fueron aceptadas e insertadas en la ley.

El segmento pyme se manifestó optimista en cuanto a la reforma, dado que le abre un canal de financiamiento en momentos en que el costo del crédito bancario se disparó a niveles exorbitantes como resultado de una suba de la tasas de interés rectora al 40 por ciento. En el caso de las pymes, la ley les permite un acceso más fácil a la emisión de Obligaciones Negociables. Además, se refuerza el carácter de valor negociable del pagaré. Para esto último, se crea la factura de crédito electrónica para Mipymes, a través de la cual se podrían negociar en mercados autorizados y en entidades financieras como si fueran cheques. “Las pymes generan el 70 por ciento del empleo en el país, pero nunca tienen posibilidad de acceder al financiamiento en el mediano y menos en el largo plazo”, dijo el miembro informante del oficialismo, Eduardo Amadeo. La situación es aún más delicada con el sacudón de tasas. 

La flamante ley permite además la securitización de los créditos hipotecarios. Se trata de una cobertura de riesgo proveniente de operaciones crediticias que posibilitaría que los dadores de préstamos cubran su riesgo a través de un seguro. El riesgo surge a partir de la posibilidad de que esos seguros se negocien en el mercado como un nuevo activo, algo que desencadenó en Estados Unidos y Europa la crisis de las subprime (activos garantizados por seguros de hipotecas). También se impulsa la apertura de capital y el desarrollo de proyectos inmobiliarios y de infraestructura, para lo que se establecen beneficios impositivos para que los Fondos Comunes de Inversión (FCI) sean un vehículo para ese financiamiento. “Es una ley que solamente sigue privilegiando a los especuladores bajo la supuesta creación de un mercado de capitales que va a beneficiar a las pequeñas y medianas industrias”, señaló la diputada Romina del Plá (FIT). La legisladora Araceli Ferreyra (Movimiento Evita) enfatizó que “una tras otra las medidas que se toman en esta ley son para favorecer la desregularización”.