Antes de impulsar y aprobar en la Legislatura –con el voto de su bancada y adherentes– el regreso a la incineración de residuos, el gobierno porteño tendría que haber tomado la precaución de “quemar” algunos textos subidos hace tiempo a su página oficial cuya lectura hoy deja al desnudo groseras contradicciones. En una nota que recién ahora fue borrada, tarde para lágrimas, en las páginas de difusión del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para promocionar la Ciudad Verde, se decía en forma clara y rotunda “no a la incineración” de basura en la Capital Federal. En ese sentido, se argumentaba que “las plantas de incineración emiten miles de sustancias químicas tóxicas que dañan la salud”. Luego de señalar uno por uno los elementos dañinos, se aseguraba que todos juntos, una vez sometidos al proceso de incineración, se convertían en “sustancias extremadamente tóxicas, cancerígenas, persistentes y bioacumulables” que “pueden dispersarse (a) grandes distancias de su fuente” de emisión, es decir los “hornos apropiados” que se utilizarán para quemar la basura. 

Por si fuera poco, en el texto eliminado hace algo más de 48 horas de la página oficial del gobierno porteño, se recordaba que “Argentina firmó junto a otros 90 países un acuerdo internacional (Convención de Estocolmo, 2001) para eliminar del planeta las cancerígenas dioxinas, compuestos muy tóxicos que son especialmente emitidos por los incineradores de residuos”, que ahora serán reactivados por decisión del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para retrotraer a la Ciudad de Buenos Aires a los tiempos del ex intendente de la dictadura Osvaldo Cacciatore. 

La nota estaba desde hace tiempo en una sección de la página web del gobierno porteño que se denomina “preguntas y respuestas”, en este caso para explicarle a los vecinos, a lo largo de 14 puntos, “todo lo que quieras saber sobre la basura en la Ciudad”. Se informaba sobre la política respecto del tratamiento de la basura que se acumula en la Ciudad y que lleva a enterrar “a diario más de 6000 toneladas en rellenos sanitarios ubicados en el conurbano bonaerense (...) una tecnología de disposición final obsoleta que contamina el suelo, el aire y el agua”. Se hablaba entonces del plan de procesamiento de los residuos para lograr “la progresiva reducción de la cantidad de basura que se entierra mediante el crecimiento de las industrias asociadas al reciclado y recuperación de materiales, y la reducción en la generación de residuos”. 

El objetivo final era “la eliminación de los términos residuos y basura, para hablar ahora de materiales porque ya no habrá desperdicios y todo lo descartado podrá ser reusado, recuperado o reciclado”. En ese sentido, la Ley de Basuro Cero, ahora modificada, establecía “un cronograma de reducción progresiva del enterramiento de residuos, con plazos de reducción de un 30 por ciento para el año 2010, de un 50 por ciento para 2012 y un 75 por ciento para 2017”, a la vez que se prohibía “totalmente el enterramiento de residuos aprovechables y reciclables” hasta el 2020. 

Uno de los datos relevantes era que se reconocía que “el PRO también votó” a favor la ley de 2005 que prohibía “la incineración de residuos en todas sus formas”. En las cuatro respuestas finales, se llegaba a señalar en forma contundente que el “no a la incineración” se debía a que “las plantas de incineración emiten miles de sustancias tóxicas que dañan la salud: metales pesados como mercurio, cromo, cadmio, arsénico, plomo y berilio; hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs); bencenos clorados; naftalenos policlorados; compuestos orgánicos volátiles (COVs); gases ácidos como óxidos de azufre; dióxidos de nitrógeno y ácido clorhídrico; gases de efecto invernadero como dióxido de carbono, entre muchas otras”. 

Luego se dejaba sentado que “en el proceso de incineración de residuos se forman compuestos nuevos dioxinas y furanos conocidos como Compuestos Orgánicos Persistentes (COPs). Estas sustancias son extremadamente tóxicas, cancerígenas, persistentes y bioacumulables, pueden dispersarse a grandes distancias de su fuente”. Todo eso llevó al Estado argentino a firmar la Convención de Estocolmo, junto a otros 90 países, “para eliminar del planeta las cancerígenas dioxinas, compuestos muy tóxicos que son especialmente emitidos por los incineradores de residuos”.

En la respuesta número 12 se reconocía que el monitoreo de la incineración que ahora debería aplicarse “no controla todas las emisiones (tóxicas) que se producen, las mediciones se realizan esporádicamente y en condiciones óptimas”, pero de todos modos “los resultados no reflejan el verdadero funcionamiento de las plantas durante todo el año”. En el punto 13 se decía que “frente a los rechazos de las comunidades a la incineración, empresas y gobiernos comenzaron a promover la incineración con recuperación de energía supuestamente ‘verde’ y ‘limpia’”, pero en realidad, se reconocía plenamente, que “la incineración de residuos con recuperación de energía” que pregona ahora el gobierno porteño “es una opción riesgosa de gestión de residuos, ya que genera emisiones de sustancias tóxicas que afectan al ambiente y a la salud de la población, es un derroche de recursos y una modalidad ineficiente de recuperar energía y reducir emisiones de gases de efecto invernadero”.

Sobre este punto, se recalcaba que “los tratamientos termoquímicos alternativos como la gasificación, pirólisis o arco de plasma no han demostrado ser opciones viables desde el punto de vista ambiental, técnico y económico”. Por todas las razones expuestas en el texto, se ratificaba en el punto 14 que respecto del tema de la basura “el gobierno de la Ciudad está trabajando fuertemente en los lineamientos de aplicación de la ley de Basura Cero” original, ahora modificada por decisión de las autoridades de Cambiemos. 

En ese momento, el oficialismo ratificaba el rechazo a la quema de basura y para lograr “el pleno funcionamiento del sistema” se había realizado “un proceso de pruebas pilotos en varios barrios (Monte Castro y Núñez) que permitieron diseñar un modelo que se adaptara a las necesidades de los vecinos, de las empresas y que resistiera situaciones más conflictivas como el vandalismo y el desplazamiento de los contenedores”. Ahora, todo ese proceso que se aprobaba en forma plena, se dejó de lado y se vuelve a un sistema que las propias autoridades porteñas habían desechado y cuestionado en forma contundente.