Jorge Ballestero, integrante de la Sala I de la Cámara Federal, presentó  su renuncia como desenlace de una escalada de presiones que recibió desde el oficialismo y sus medios afines, que tuvo su máxima expresión después de que firmara una sentencia para libertar a Cristóbal López y cambiar la carátula de la causa de defraudación por retención indebida de tributos. Con su salida, que deberá ser aceptada formalmente por el presidente Mauricio Macri –que, en rigor, la estaba esperando– y la inminente mudanza a otro tribunal de su colega Eduardo Farah, denunciado junto con él, la Cámara Federal queda prácticamente vacía, con cuatro lugares vacantes, uno de los cuales se está por cubrir y otros tres que quedan bajo un signo de interrogación. Si se cubren las vacantes con la nueva ley de subrogancias se designarían por sorteo camaristas del fuero penal económico; aunque el Gobierno tampoco descarta volver a utilizar el mecanismo de los “traslados” para nombrar a alguno de los jueces sin llamar a concurso.

Ballestero era uno de los habitantes de Comodoro Py desde 1992, cuando fue designado fiscal federal en el gobierno de Carlos Menem. Un año después fue nombrado juez federal en el juzgado 2, donde antes había sido secretario. En esa época no tuvo que concursar porque las designaciones las decidía el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado. En cambio tuvo que rendir examen para llegar en 2008 a la Cámara Federal, un tribunal clave que revisa las resoluciones de “los federales” en grandes asuntos de corrupción, narcotráfico, derechos humanos y trata de personas. Entre quienes sobreviven hoy en los tribunales de Retiro consideran que la ofensiva del Gobierno contra Ballestero estuvo inspirada en “viejos rencores”, producto de la decisión que firmó en 2010 que responsabilizaba a Mauricio Macri, por entonces jefe de gobierno porteño, por una trata de espionaje anclada en la Ciudad de Buenos Aires, con un papel clave de su jefe de policía, Jorge “Fino” Palacios. La realidad es que, al igual que Ballestero todos los jueces que tuvieron alguna intervención contra el actual presidente terminaron fuera de juego con el gobierno de Cambiemos: Norberto Oyarbide, que impulsó la causa y procesó a Macri, fue empujado a renunciar; el ex camarista Eduardo Freiler fue destituido por razones patrimoniales, y había confirmado el procesamiento, igual que Ballestero, y que Farah, que pidió un traslado para evitar que avance una denuncia en su contra en el Consejo de la Magistratura.

Para atacar públicamente a Ballestero y Farah, el Gobierno utilizó como excusa la causa contra Cristóbal López y Fabián de Sousa, acusados de quedarse con impuestos a los combustibles líquidos que retenían a los consumidores a través de la empresa Oil Combustibles, del Grupo Indalo, a su vez propietario de medios, como C5N y Radio10, entre otros en la mira del oficialismo. La deuda inicial adjudicada al grupo es de 8.000 millones de pesos, aunque hoy sería más del doble. El juez Julián Ercolini había ordenado a la detención de López y su socio, pero los camaristas en cuestión luego los dejaron en libertad y cambiaron la calificación en la causa: dijeron que no se trataba de una retención de impuestos sino de una  defraudación. Hasta Mauricio Macri salió a cuestionar aquella de decisión, a partir de ahí comenzaron a presionar a ambos jueces por dos vías: la Corte Suprema pidió investigar cómo fue que Farah resultó designado para resolver ese caso como subrogante en la Sala I (ponían en duda que su intervención hubiera sido por sorteo) y luego fueron presentadas denuncias en el Consejo de la Magistratura para que se investigara la evolución patrimonial de ambos. Ballestero, que arrastra problemas cardíaco, ya había tramitado la jubilación. Farah buscó un atajo para seguir siendo juez y pidió un traslado a un tribunal oral en lo penal económico, aunque podría ir más adelante a San Martín. El Consejo lo aprobó y falta el decreto del Poder Ejecutivo que saldría en estos días.

Así, de los seis cargos que hay en la Cámara sólo estarán ocupados dos de ellos: quedarán Martín Irurzun, el presidente, que también dirige la oficina de escuchas telefónicas y delitos complejos y creó la doctrina que permitió encarcelar a 25 ex funcionarios del kirchnerismo; y Leopoldo Bruglia, que antes era juez de un tribunal oral y obtuvo un traslado definitivo este año con votos del oficialismo. Ballestero presentó su renuncia a partir del 6 de junio, pero hasta entonces prolongará la licencia que ya se había pedido y que vence el martes que viene. A Farah le quedan allí pocos días.

De las cuatro vacantes restantes, una ya fue concursada y ayer en el Senado tuvo su audiencia pública el candidato elegido por el Poder Ejecutivo, Mariano Llorens, secretario de un tribunal oral ordinario que goza de bendición del presidente de Boca y operador Daniel Angelici. Para fin de mayo todo indica que estaría asumiendo. Los otros tres lugares aún tienen destino incierto. Irurzun, el presidente de la Cámara Federal, apuesta a que se arreglen y se cubran entre ellos tres. Con la nueva ley de subrogancias no puede controlar las designaciones: los subrogantes para la Cámara Federal se eligen por sorteo entre los camaristas de Penal Económico; el otro recurso es que el Gobierno a través de sus soldados en el Consejo promuevan un traslado. Para eso, analizaban el nombre de Pablo Bertuzzi. Pero es un juez de tribunal oral y debe terminar juicios, entre otros el del caso Ciccone.

Uno de los grandes temas que tiene pendiente de resolución la Cámara, en particular la sala II, es el de la causa por la muerte de Alberto Nisman, donde están procesados el técnico Diego Lagomarsino y cuatro policías. Y, además, el abogado de la madre de Nisman pidió que sea investigada también Cristina Fernández de Kirchner en este expediente. Farah, según pudo saber este diario, tiene un voto listo que confirmaría procesamientos, pero todo hace suponer que no tendrá la oportunidad de hacerlo valer, porque Irurzun opina distinto y prefiere esperar a otro socio. En la sala I, que deja Ballestero, sigue sin resolver la revisión del procesamiento de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó por la compra del edificio de la Procuración.