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Argentina solicitará al Fondo Monetario Internacional un tradicional crédito stand-by donde el desembolso de los recursos está sujeto al cumplimiento de condicionalidades. Ajuste fiscal y reformas estructurales son algunas de las medidas habituales a las que se deben comprometer los países que acceden a ese tipo de financiamiento. La entrega de los dólares se realiza en cuotas que dependerán del visto bueno del staff del FMI que realice las supervisiones. Las precisiones sobre el tipo de préstamo que pretende obtener la Casa Rosada llegaron desde la sede del organismo multilateral en Washington a donde viajó el titular del Palacio de Hacienda, Nicolás Dujovne. Iraq, Jamaica y Kenya son los únicos países del mundo que mantienen abiertas hoy líneas stand-by con el FMI.
Finalizado el primer round con el Director del Departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, los funcionarios informaron que las negociaciones se extenderán, por lo menos, durante las próximas seis semanas. La mandamás del organismo, Christine Lagarde, recibirá hoy a Dujovne para avanzar en los detalles del préstamo. Como parte de la estrategia oficial para garantizarse los votos en el Directorio del FMI, el funcionario visitará antes a David Malpass, subsecretario de asuntos internacionales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Con el visto bueno norteamericano y el beneplácito chino, Argentina se garantizaría acceder al fondeo incluso si países de peso como Alemania presentan reparos en el último tramo del debate, que llegará recién a mediados de junio.
Stand-by
Los préstamos stand-by permiten solicitar un monto equivalente a 4,35 veces la cuota del país en el FMI a lo largo de tres años. Con esa regla Argentina podría solicitar cerca de 19.700 millones de dólares, una cifra equivalente a dos veces las reservas del Banco Central entregadas al mercado durante toda la corrida cambiaria. Pero el Ministerio de Hacienda informó, sin embargo, que el país solicitará un “stand-by de alto acceso”. Esa categoría forma parte de los denominados acuerdos precautorios que, según el FMI, ofrecen “servicio de aseguramiento frente a necesidades de financiamiento potenciales muy cuantiosas”. De acuerdo al organismo esos créditos se emplean cuando los países “no tienen intención de utilizar los montos aprobados, pero conservan la opción si llegaran a necesitarlo”.
Entre los criterios oficiales previstos por el Fondo, también existen los de “acceso excepcional” que no tienen montos preestablecidos. “El FMI puede prestar fondos por encima de los límites normales según cada caso en el marco de su política de acceso excepcional, que implica un análisis más riguroso por parte del Directorio Ejecutivo”, explica el organismo multilateral.
Grecia a partir de 2010 experimentó los criterios de “acceso excepcional”. No son los únicos. Islandia, Ucrania y Hungría también recibieron ese tratamiento. Los tres países fueron los primeros en acordar paquetes de salvataje con los criterios excepcionales durante el estallido de la crisis financiera internacional cuando, según afirma el Fondo, relajaba sus exigencias. Las autoridades húngaras recibieron 15.700 millones en 2008. A cambio de ese fondeo al que también aportaron la Unión Europea y el Banco Mundial, el gobierno se comprometió a recortar gastos sociales y congelar salarios públicos y subir las tasas de interés.
Cuando se apruebe el acuerdo será el decimonoveno crédito stand-by solicitado por el país en sesenta años. El primero lo solicitó el gobierno de facto de Eugenio Aramburu en diciembre de 1958. El último se había pedido en 2003 durante la presidencia de Eduardo Duhalde. Todos los créditos incluyeron combinaciones de las habituales condicionalidades previstas por el FMI: recorte del gasto público, ajuste monetario, desregulación financiera, apertura comercial, flexibilización laboral y reformas de los sistemas de la seguridad social. Son los mismos lineamientos que figuran en los documentos sobre el país elaborados por los técnicos del FMI a lo largo de los últimos dos años. Existen líneas “menos” exigentes en materia de ajuste pero a pesar de los esfuerzos oficiales a la hora de llevar adelante reformas estructurales, Argentina no calificaría a esos créditos que hoy cuentan países como México y Marruecos.
Las condicionalidades -cuantitativas y estructurales- no son impuestas por el FMI sino que son negociadas con los técnicos del organismo. Una vez acordada la magnitud y el recorrido que tendrá el ajuste, el staff presentará un reporte ante el Directorio del FMI que deberá dar el visto bueno para habilitar los desembolsos. “Cuando un país solicita un préstamo al FMI, acuerda ajustar sus políticas económicas para superar los problemas que lo llevaron a tener que pedir financiamiento en primer lugar”, explica el organismo internacional al precisar que “estos compromisos, incluida la condicionalidad específica, se describen en la carta de intención del país miembro que a menudo contiene un memorando de políticas económicas y financieras”.
En los préstamos stand-by los desembolsos acordados están sujetos al cumplimiento de las condicionalidades y la implementación de esos compromisos es revisada por el FMI de forma periódica. Los plazos para esas evaluaciones se definen “en función de la solidez de las políticas del país y la naturaleza de sus necesidades de financiamiento”. Por ejemplo, el Blindaje contempló auditorias y revisiones trimestrales. La devolución de los recursos solicitados vence dentro de los cinco años de recibido cada desembolso.
