Al miedo y a la muerte a veces se los vence a grito pelado; se abren la garganta y la boca como si fueran fondo y bordes de un caldero que ebulle desde las entrañas para exorcizarlos. Ese sonido recuperado derramó el lunes Yanina González sobre sus compañeras cuando salió de declarar en los tribunales de San Isidro, donde transcurría el juicio contra Alejandro Fernández, el femicida que violentó en forma sistemática a ella y a su hija de dos años, Luz Mila, hasta matarla a golpes en 2013, hecho probado en pericias contundentes pero que se demoró en un proceso interminable, misógino y discriminatorio. Fernández llegó a disfrutar de esa letanía judicial sexista en libertad hasta noviembre de 2016. Se divertía hostigando y amenazando a Yanina y a las vecinas que la conocen y ayudan con una impunidad que le sirvió en bandeja la anterior fiscal del caso, la recusada Carolina Carballido Calatayud, célebre por su manual de acusaciones discriminatorias y prejuiciosas. Yanina, una mujer pobre y con retraso madurativo,  hija de madre ausente y de padre golpeador y abusivo que hasta hace poco la siguió golpeando, nunca pudo escapar del círculo de violencias en sus relaciones interpersonales. Su cuerpo ya no le pertenecía. Tuvo un hijo que su padre le arrebató “porque no iba a ser capaz” y entregó a unos padrinos, a Luz Mila y a Tiziana, que hoy cría con enormes dificultades económicas y habitacionales. A ella, Carballido Calatayud la acusó de “abandono de persona seguida de muerte” y ordenó detenerla en la Unidad N° 33 de Los Hornos, esa geografía que logra enmudecerla cada vez que le preguntan por sus dieciocho meses de encierro.

Por eso el lunes se abrazó a todas las que la sostienen en esta lucha y lloró hasta que las mejillas redondas se azulejaron. No iba a ser fácil ser observada, indagada, revictimizada y salir entera de esa sala mínima que ocupa el Tribunal Oral en lo Criminal 2. “Fue como una gran descarga colectiva”, dice Clara Alemán, testigo en el juicio, activista y educadora del Centro Comunitario Gallo Rojo, que asiste y acompaña a Yanina desde mucho antes que naciera Lulú. El TOC 2 de San Isidro sentó a Fernández en el banquillo imputado por el crimen cometido el 13 de agosto de 2013 en Derqui, en el partido de Pilar, pero también obligó a Yanina a revivir la cadena de sometimientos que se esfuerza en romper para poder reconstruir una vida autónoma y libre de violencias con Tiziana, su otra hija de cinco años, desde marzo de 2015, cuando fue absuelta en forma unánime por otro tribunal. “Este juicio tendría que haber comenzado cuando se inició el proceso a Yanina, porque a ella la acusaron de ´abandono de persona seguido de muerte´ al mismo tiempo que se investigaba el homicidio de su hija”, sostiene su abogada, Gabriela Conder. “Cuando Yanina fue detenida atravesaba un embarazo de seis meses, por eso no pudo defender a su hija de los golpes de Fernández, y aún en esta circunstancia y pese a que la autopsia reveló que la niña murió de un golpe en la cabeza, acusaron a su madre de abandono de persona.”

Una tiene la esperanza de que alguna vez la Justicia tire para nuestro lado, enfatiza Clara aun cuando no desconoce que Carballido Calatayud es un dispositivo de decisión peligroso en la Unidad Fiscal Descentralizada Especializada en Violencia de Género de San Isidro, y que posiblemente siga acusando de malas madres y mujeres ausentes a las que llegan a su despacho para denunciar o reclamar ayuda. En el departamento judicial de San Isidro es sólo un nombre, pero también uno de los ejemplos más gruesos de una institución patriarcal, sin perspectiva de género y con grandes bolsones de machismo y misoginia. Dos años después de la detención de Yanina, en junio de 2015, Carballido Calatayud ordenó encarcelar a Celina Benítez, también acusada de abandono de persona por la muerte de su hija Milagros, de un año y once meses, que fue abusada, torturada y asesinada por su padrastro, Luis Carlos Alonzo. Ese 3 de junio, antes de ir a trabajar, Celina vio por televisión a miles de mujeres tomando las calles. Movilizada por el llamado de NiUnaMenos y mientras Alonzo se reía le dijo “Yo a vos te voy a denunciar”. Fueron Laurana Malacalza y Sofía Caravelos, del Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, quienes pudieron exponer el historial de violencias y abusos gracias a las narraciones que Celina les hizo en la Unidad Penal del Servicio Penitenciario en La Plata, adonde la había mandado la fiscal.

La Coordinadora Feminista Antirrepresiva, una de las organizaciones que acompañan a Celina y Yanina, sostuvo entonces y ahora que estos casos “evidencian nuevamente que la Justicia, y aún más la ´especializada´, vuelve a condenar a las madres ´por no garantizar´ la vida de sus hijas e hijos sin tener en cuenta los contextos de violencias a los que ellas también eran/son sometidas”. En un comunicado denuncia que Fernández había rechazado un acuerdo con el actual fiscal de la causa, Marcelo Fuenzalida, para obtener la absolución. “Sabemos que su estrategia iba a ser culpabilizar a Yanina, como así también lo hizo de la mano de la perversa fiscal Carolina Carballido Calatayud, que siempre le creyó a Fernández y no a Yani. Sabemos que la justicia patriarcal y machista intentará volver a criminalizar a Yanina y acusarla de ´mala madre´, desligando al femicida Fernández de su responsabilidad. Sabemos que la Justicia es cómplice.” Es un texto que no precisa establecer temporalidades ni desenlaces, porque en la Argentina los procesos penales no tienen instancias que permitan la visibilización de la violencia contra las mujeres como causal de atenuación o eximición de la responsabilidad penal. Desde agosto de 2017, Yanina Farías, otra joven con retraso madurativo, está presa en la Unidad Femenina N° 51 de Magdalena porque la Justicia considera que “no ha velado por la integridad” de su hija Xiomara, de dos años, asesinada por José Alfredo Leguizamón, un hombre que no era su pareja.

El sinfín del sistema judicial penal reproduce sus concepciones tradicionales sobre la subordinación natural de las mujeres a los varones: las estereotipa en función de madres y la criminaliza por no adecuarse a un rol reproductivo-femenino que también se extiende como una autopista tóxica sobre otros estrados y con argumentaciones como las que se escuchan en el Congreso Nacional contra el aborto seguro, legal y gratuito. “Respecto de la criminalización de conductas, en los delitos agravados por el vínculo, las mujeres sufren un reproche adicional por el hecho de ser madres”, señala un informe del OVG. Son esas interpretaciones judiciales discriminatorias las que violentan el principio de legalidad y cargan valoraciones subjetivas sobre la conducta esperada socialmente de esas madres, “las malas”, que agravan su situación penal. El Estado, en definitiva, no está garantizando nada, salvo la efectividad del poder punitivo contra las mujeres más pobres.

Esta semana, de regreso a casa después de una de las audiencias, Yanina pasó con sus compañeras por la puerta del cementerio donde está enterrada Luz Mila. Quisieron animarla a seguir de largo para recobrar fuerzas. Pero ella no quiso, se sentía poderosa pesara a quien le pesara. Volvió sobre sus pasos y le gritó “Mamá ya contó todo, podés descansar”.