“Los estándares son claros: las mujeres tienen el derecho y la autonomía de decidir sobre sus cuerpos y el Estado tiene que asegurar esos derechos a las mujeres y, en particular, a las niñas y a las personas jóvenes”, dijo la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Margarette May Macaulay. Ella enfatizó que el Poder Ejecutivo tiene el deber de transmitirle a las y los legisladores las obligaciones internacionales de la Argentina, en el marco de una audiencia pública sobre los derechos sexuales y reproductivos en el país con representantes del Estado y de organizaciones de derechos humanos.
En el momento en el que se debate el aborto legal, seguro y gratuito las comisionadas remarcaron que la Argentina debe asegurar el acceso pleno y efectivo a los abortos que ya son legales e incorporar en nuestra legislación los estándares e instrumentos internacionales ratificados por el país. Las organizaciones que solicitaron la reunión-Amnistía Internacional Argentina (AIAR), Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)-, explicaron ante la CIDH los obstáculos al aborto no punible y la necesidad de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo para garantizar los derechos de las mujeres, personas trans, niñas y adolescentes.
“A pesar de que la Organización Mundial de la Salud recomienda la interrupción medicamentosa del embarazo hasta la semana 12, en la Argentina no se comercializa la mifepristona y el misoprostol es autorizado exclusivamente para tratamientos gástricos, sin reconocer la indicación para usos obstétricos. Solicitamos, por lo tanto, que la CIDH indique al Estado la necesidad de garantizar el acceso a estas medicinas esenciales como parte de una política de salud pública coherente”, pidieron AIAR, CELS, CDD y ELA.
