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Una niña de 12 años con retraso madurativo, violada por su padrastro y embarazada, recibe una “visita” en el hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe. Se trata de dos personas que fraguan su identidad, y convencen a la madre de la nena de obtener el alta voluntaria, continuar con el embarazo y dar al bebé en adopción. La psicóloga María Belén Catalano, voluntaria de Grávida y el titular de la ONG antiderechos, Emilio Perizotti, entraron al centro de salud sin conocimiento del equipo que trataba a la nena y se presentaron ante la paciente como integrantes de la Subsecretaría provincial de Niñez. Estaban en eso, cuando entra a la sala de pediatría la psicóloga que sí estaba a cargo de la nena y les pregunta quiénes son. Después de un rato de vacilaciones, se identificaron como integrantes de Grávida y lanzaron gritos de “abortistas” a trabajadores del centro de salud. La pregunta que surge de inmediato es ¿quién los dejó entrar? La psicóloga fue sancionada por el Tribunal de Etica del Colegio, y luego la Cámara en lo Penal dejó la sanción sin efecto. Hoy el caso está en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
La escena ocurrió un domingo, a fines de mayo de 2015, en la misma institución en la que, el 17 de mayo de 2007, murió Ana María Acevedo, enferma de cáncer, a quien le negaron un aborto que es legal desde 1921.
Ante el irregular comportamiento de Catalano, el Colegio de Psicólogos de la ciudad Santa Fe realizó un sumario administrativo, que terminó, en 2017, con una sanción de apercibimiento y la suspensión de la matrícula de la profesional por seis meses, por incurrir en conductas antiéticas. La Cámara de Apelaciones en lo Penal integrada por Roberto Ernesto Prieu Mántaras, Bruno Netri y Fernando Gentile Bersano dejó sin efecto la sanción, y ordenó al Colegio pagar los honorarios más altos al profesional que representó a la psicóloga antiderechos. La decisión fue apelada por el Colegio con un recurso de queja ante la Corte Suprema de Santa Fe.
La decisión de la Alzada se debió a una cuestión procesal: dicen que la sanción del Tribunal de Disciplina no determinó específicamente el artículo del Código de Ética que se había infrigido. Así, evitaron el fondo de la cuestión. “Consideramos, cuando interpusimos el recurso de inconstitucionalidad, que de ninguna manera se podía aplicar esa nulidad procesal, porque el abogado de Grávida presentó sus alegatos antes de tiempo en el sumario administrativo, sin identificar que faltaba el artículo del Código, de modo que él mismo fue partícipe del proceso. Esto es una chicana, un rigor formal que la Cámara encontró”, dijo Jorge Pedraza, abogado que representa al Colegio de Psicólogos en esta causa.
Pedraza sostiene que la sanción a Catalano está perfectamente fundada: “por actuar subrepticiamente sin consultar la historia clínica, paralelamente al tratamiento que recibía en el hospital, para perseguir sus objetivos de impedir un aborto que -además- ya estaba descartado por la avanzada gestación. Pedimos que reabran la causa porque se trata de una cuestión de salud pública”, expresó. En tanto, la abogada permanente del Colegio de Psicólogos, Sabrina Muñoz Denis, subrayó también que “el estado delega en los colegios profesionales la potestad de evaluar las conductas éticas”.
La nena que los antiderechos fueron a presionar estaba internada en una sala de pediatría, de difícil acceso. Quienes la trataban decidieron sacarla de Maternidad porque ella se desesperaba ante los llantos de bebés, intentó suicidarse y decía que mataría al bebé. Para Grávida, el término del embarazo y la entrega en adopción del niño -a quien le pusieron de nombre Francisco- fue una bandera que llegó a los portales de noticias católicas del mundo. A partir de su extensa experiencia, Pedraza desliza que la Iglesia santafesina -recordada por su arzobispo abusador, Edgardo Storni- tiene enorme influencia en la designación de magistrados en la ciudad.
Cuando Muñoz Denis llegó a la audiencia donde se trataría la apelación de Grávida, se encontró con un tribunal de la inquisición en pleno siglo XXI. Los magistrados había puesto todas las trabas para que ingresen quienes integran el Tribunal de Ética del Colegio, pero la sala estaba repleta de integrantes de la organización antiderechos. El titular, Perizzotti, es el hijo de un represor condenado por delitos de lesa humanidad. Juan Calixto Perizzotti fue jefe del centro clandestino de detención Grupo de Infantería Reforzada y será juzgado -entre múltiples delitos- por obligar a abortar a Silvia Suppo, que estuvo detenida-desaparecida en ese centro. El embarazo era producto de la violación de sus captores. Fue Perizzotti quien decidió que había que “reparar ese error”. Silvia lo contó en su testimonio en la causa Brusa, en 2009 y pocos meses después fue asesinada, el 29 de marzo de 2010. Perizzotti tiene un hijo bien obediente: fue policía y vecinos del barrio aseguran haberlo visto sacar al padre -con prisión domiciliaria- en el baúl del auto para que pasee por la ciudad.
La ONG Grávida tiene acceso a las salas del hospital. Aunque lo haga con engaños. Es que allí, aunque no haya inscriptos en el registro de Objetores de Conciencia, las interrupciones legales del embarazo se dificultan: hizo falta que el Ministerio de Salud trasladara un médico desde Rosario -una ciudad ubicada a 170 kilómetros de la capital provincial- a garantizar una ILE hace poco tiempo. De hecho, el representante de la comunidad del Hospital Iturraspe, Mariano Figueroa, pidió en 2015 que se separe al jefe del Servicio de Tocoginecología y Obstetricia, Simón Seiref. Este médico llegó a decir que “sólo 10 cuadras separan el Iturraspe del hospital Cullen, por ejemplo, donde podrían realizársela” a la ILE. Seiref permanece en el cargo.
El 2 de mayo de 2017, a instancias de la diputada provincial del partido SI, Alicia Gutiérrez, la Cámara de Diputados de Santa Fe adhirió a la sanción impuesta por el Colegio. Ante la decisión de la Cámara de Apelaciones, el mes pasado, la Comisión de Derechos y Garantías de esa Cámara recibió al Colegio de Psicólogos y hasta el presidente del cuerpo, Antonio Bonfatti, estuvo en la reunión. “Lo que ha sucedido es gravísimo, no sólo se han violentado los derechos de una niña que fue influenciada por una psicóloga, desde el fundamentalismo religioso y en contra de toda ética profesional, para que no accediera a un aborto legal, sino que la Justicia, además, ha convalidado esta situación”, sostuvo Gutiérrez, presidenta de la Comisión.
