El viernes pasado, el Centro de Estudios Legales y Sociales solicitó ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 3 de La Plata, a cargo de Francisco Terrier, que suspenda todas las admisiones de pacientes en los servicios de agudos del hospital Alejandro Korn, ya que “no están dadas las condiciones edilicias para que se siga recibiendo gente”, aseguró Macarena Sabin Paz, coordinadora del área de salud mental del CELS.

En su duro diagnóstico, Sabin Paz reveló que “los techos se caen, hay cables sueltos, los baños están inundados y hay una obra que está proyectada para la segunda mitad de este año en los servicios de agudos tanto para hombres como para mujeres, y entonces lo que solicitamos es que hasta que esas obras estén terminadas y las condiciones mínimamente garantizadas, no se admitan más personas. Pero también hay problemas de tratamientos, de personal, no están cubiertas las plazas para poder brindar un tratamiento integral, los tratamientos son básicamente farmacológicos y a nuestro criterio con dosis muy elevadas, hay una situación grave y de vulnerabilidad para las personas que están ahí que finalmente están en una situación de abandono social y estatal”.

En el amparo presentado, el CELS citó el informe producido por el relator especial de las Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Nilz Melzer, quien visitó el hospital de Melchor Romero el mes pasado y dictaminó que “los pacientes se encuentran sometidos a condiciones degradantes que resultan incompatibles con la dignidad humana.”

“Sin planificación, sin presupuesto, sin recursos, sin dispositivos ni estrategias alternativas y sin condiciones laborales dignas, será muy difícil sostener una atención digna y de calidad para toda la población y continuará recayendo en los trabajadores la responsabilidad por las malas condiciones. Y los únicos responsables de esta crisis son los directores del hospital, el ministro de Salud y la Gobernadora Vidal por considerar a la salud pública como un gasto y no como un derecho en el que hay que invertir”, concluyó Laura Constanzo, de Cicop.